La Fiscalía pide cárcel para un responsable de la incineradora de Tersa en Sant Adrià

Medio Ambiente

El ministerio público considera que consintió prácticas que supusieron un riesgo grave para la salud

Exterior de la Incineradora Tersa, a 16 de abril de 2025, en Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Catalunya (España).

Exterior de la Incineradora Tersa en Sant Adrià de Besò 

David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

La Fiscalía de Barcelona pide cuatro años de cárcel, multa de 12.000 euros e inhabilitación para el entonces principal responsable de la incineradora de la empresa pública Tersa en Sant Adrià de Besós (Barcelonès Nord). 

La fiscalía le atribuye un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con grave riesgo para la salud de las personas o, alternativamente, por incumplimiento de la directiva europea de emisiones industriales y su transposición a la legislación española. Según el escrito, realizó y consintió una serie de acciones que supusieron un grave riesgo para la salud de las personas que viven en torno a la instalación, así como para el medio ambiente.

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Esta causa había quedado archivada provisionalmente por un juzgado de Badalona al considerar que Tersa no había incurrido en ninguna conducta penalmente ilícita, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla. La fiscalía considera que con la autorización del acusado, jefe de explotación de la planta, la incineradora incumplía la normativa porque al menos desde el 2017 no se medía la temperatura de la quema de basura, un dato clave para contener la expulsión de gases contaminantes.

La planta tiene autorización ambiental desde 2007, permiso que tras varias modificaciones y adaptaciones a normativa se renovó en 2022. Esta autorización permite quemar 360.000 toneladas de basura al año, cifra que, según la Fiscalía, se incumplió en 2016 (con 363.261 toneladas).

Decisiones contrarias a la normativa ambiental

Además, la Fiscalía considera que el acusado “hizo y consintió” una serie de prácticas “contrarias a la normativa ambiental” que supusieron un “riesgo grave para la salud de las personas” que viven en torno a la planta, “así como del medio ambiente en general”.

En concreto, el Ministerio Público relata alteraciones en el procedimiento de quema de residuos, que entre otros parámetros establece temperaturas de incineración muy elevadas para evitar emisiones con elementos “altamente nocivos para la salud humana y el medio ambiente”.

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En concreto, la incineración de basura a temperaturas inferiores puede comportar la emisión de contaminantes como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el nitrógeno, el carbón orgánico total, fluoruros totales, dioxinas y furanos.

El relato de la Fiscalía establece que desde el 2017 no se realizaban las mediciones adecuadas de la temperatura de incineración para comprobar que alcanzaba los 850 grados establecidos por la normativa, sino que se aplicaba un método de medición no validado por la administración pública.

Falta de mediciones adecuadas

La planta de valorización energética, en funcionamiento desde 1975, se encarga principalmente de los procesos de tratamiento térmico de los residuos municipales, de la generación de vapor de agua y de la generación eléctrica, a través de los cuales da servicio a varios municipios del ámbito metropolitano de Barcelona.

Dispone de tres líneas de incineración, cada una de las cuales gestiona 15 toneladas de residuos cada hora. Tiene, así, una capacidad máxima de gestión de 45 toneladas de basura cada hora, funcionando las 24 horas todos los días del año.

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