Las Claves
- La consellera Mònica Martínez Bravo describe el trabajo de su departamento como discreto pero eficaz ante la crisis del desalojo del edificio B9.
- El president Salvador Illa y el alcalde Xavier García Albiol acercaron posturas para agilizar medidas sociales tras el desalojo de 400 personas.
- Organizaciones sociales critican la falta de vivienda asegurada para los desalojados, imputando al alcalde Albiol por no acatar la orden judicial.
- La reubicación de migrantes vulnerables avanza lentamente, con algunos dispersándose y ocupando nuevos espacios, generando tensión vecinal.
Con discreción pero con eficacia. Así es como la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, prefiere describir el trabajo de su departamento ante la crisis desencadenada por el desalojo del edificio B9 en Badalona. Ya ha transcurrido una semana desde que aproximadamente 400 personas de origen subsahariano fueron evacuadas, lo que resultó en su dispersión por varios asentamientos de la ciudad, incluyendo el más grande, ubicado bajo el puente de la autopista C-31. No fue sino hasta ayer que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, lograron acercar sus posturas respecto al conflicto, lo que facilitará la implementación más rápida de las medidas sociales destinadas a asistir a estas personas.
Una vez que se materialicen, los convenios cumplirán con la orden judicial que autorizó el desalojo y que, de antemano, requería asegurar una opción de vivienda para quienes fueron desahuciados. Las organizaciones sociales han estado señalando de forma continua que esto no se había llevado a cabo, imputando a Albiol el no acatar la disposición del tribunal.
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Hasta el momento la postura del alcalde era inflexible. “No daré un techo a quien ha venido a delinquir”. Una obstinación que le ha valido la reprobación de las entidades sociales que, como Càritas o Badalona Acull, no descartan judicializar. Albiol, ayer suavizó el discurso y justificó que “Badalona no dispone de alojamientos sociales”, pero por otro lado amenazó a quienes intenta ocupar ilegalmente otros emplazamientos de actuar judicialmente, ya que también se debe tener en cuenta la opinión de los vecinos “que ya han sufrido bastante”
La reubicación de los inmigrantes en situación de mayor vulnerabilidad ha estado ocurriendo de manera gradual desde hace varios días. Badalona Acull ha logrado que aproximadamente veinte personas sean recibidas por familias, y otras veinte han sido distribuidas entre parroquias y diversas instituciones religiosas. Cáritas ha proporcionado refugio a unas cincuenta personas adicionales, al tiempo que emite una solicitud apremiante para aumentar la capacidad de acogida.
Vecinos contrarios a la ocupación de los inmigrantes en Montigalà.
La asistencia humanitaria progresa con lentitud, llevando a algunos subsaharianos del B9 a dispersarse por la urbe y establecer nuevos campamentos, uno de los cuales se ha desarrollado bajo el viaducto de Sant Lluc, en el distrito de la Mora. “No somos delincuentes, solo intentamos integrarnos, estamos estudiando y buscando trabajo, pero nos lo impiden siempre”, expresó ayer su pesar Abdulaye, un migrante.
A poca distancia, poco antes de las 11 de la mañana de ayer, agentes antidisturbios de la Guardia Urbana de Badalona y de los Mossos entraron en un antiguo centro educativo, el Ventura Gassol, que había sido tomado horas antes. Alrededor de veinte individuos, también provenientes del B9, ingresaron al inmueble, pero la pronta notificación de los residentes movilizó a las fuerzas policiales, quienes actuaron con firmeza para prevenir un nuevo establecimiento. Allí se presenciaron momentos de fricción con las personas que se congregaron para respaldar a los grupos desfavorecidos que, al igual que ocurrió en Can Bofí Vell, se confrontaron verbalmente con los residentes, lo que requirió la intervención policial para separar a ambas facciones.
Seguimiento de los realojos
Portavoces del Govern ratificaron a media tarde que, tras una mediación que se extendió durante toda la noche del martes y parte de la jornada de ayer, con la intervención de la Generalitat, colectivos sociales de Badalona, la Sindicatura de Greuges y los portavoces de quienes ocupaban el antiguo albergue de Can Bofí Vell, estas personas serán reubicadas en otras instalaciones. Simultáneamente, se puso en marcha un nuevo operativo social bajo el viaducto de la C-31, en el que intervinieron los servicios sociales, tanto locales como de la Generalitat, junto a organizaciones solidarias, para ofrecer soluciones al centenar de individuos que continúan albergados en dicho lugar.
Por su parte, la Síndica de Greuges ha sido solicitada para intervenir en la conversación entre las portavoces de los afectados por el desalojo del B9 y el Departament de Drets Socials. El propósito de estas negociaciones era hallar una solución habitacional de urgencia para los desalojados y proporcionarles apoyo social y legal para examinar cada caso particular. Finalmente, la síndica expresó su inquietud ante la escasa cooperación del Ayuntamiento de Badalona en la resolución de esta crisis humanitaria.
El Govern ha expresado su gratitud a las organizaciones que colaboran en la resolución del conflicto social, con el objetivo de asegurar la coexistencia en todas las áreas de Badalona. Los líderes políticos han coincidido en la urgencia de mantener la serenidad para calmar las tensiones entre los residentes y los activistas que se oponen al desalojo, y que frecuentemente entran en conflicto con los habitantes. Organizaciones como la FAVB advierten sobre ciertas acciones, como la intervención de Albiol con los residentes, “agravan el problema” y promueven la desescalada de las manifestaciones, incluso si en ocasiones esto responde a una táctica política.
