La Fiscalía requiere que Albiol demuestre si los servicios sociales atendieron a los desalojados del B9
Desalojo B-9
El ministerio público investiga la actuación municipal en el desalojo de unas 400 personas y si se cumple el requerimiento judicial
En el asentamiento bajo la C-31 quedan una veintena de personas, que no procedían del B-9
La Fiscalía, después de anunciar que abría una investigación sobre posibles irregularidades en el desalojo de las 400 personas que malvivían en el edificio B-9 a raíz de una denuncia presentada por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ahora requiere al juzgado que el Ayuntamiento demuestre si se prestó la atención social requerida.
La resolución judicial que habilitaba el gran operativo policial para sacar del antiguo instituto a los inmigrantes subsaharianos, condicionaba el desalojo a que se “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho”. Un hecho que ahora investiga la Fiscalía si se llevó a cabo.
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La fiscal, según informa Badalona Comunicació, ha instado a requerir al Consistorio que aporte las pruebas sobre el cumplimiento del protocolo de atención a las personas sin hogar de los servicios sociales municipales. También reclama una justificación sobre la negativa a habilitar la antigua masía de Can Bofí Vell como albergue habitacional para las personas más vulnerables. El alcalde, ya ha declarado en varias ocasiones que el inmueble no se haya en condiciones para albergar a nadie.
Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona ha pedido a la Generalitat que le permita actuar bajo el puente de la C-31, ocupado por decenas de tiendas de campaña que forman un asentamiento que creció después del desalojo del B9. Hasta hace pocos días se agolpaban unos veinte desalojados del edificio B-9. Ahora, a través de lo que consideran el “efecto llamada” otros indigentes “procedentes de otros municipios” han tomado el espacio y han provocado una gran tensión y protesta vecinal en el barrio de Sant Roc.