La Fiscalía investiga a Albiol por el macrodesalojo del edificio B9 de Badalona
Tribunales
El gobierno del PP replica acusando a los Comuns de utilizar la justicia para sus intereses partidistas
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, interviene durante una convocatoria con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9 en diciembre del 2025, en Badalona
La Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación por varios delitos, entre ellos de odio, al alcalde de Badalona (Barcelonès Nord), Xavier García Albiol, a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 migrantes.
El pasado 24 de diciembre, el eurodiputado de Comuns Jaume Asens presentó una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra Albiol por cuatro posibles delitos relacionados con el macrodesalojo del antiguo instituto B9, en el que vivían, en su mayoría, migrantes subsaharianos. La denuncia de los Comuns sostenía que Albiol había podido cometer los delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.
Tras la denuncia presentada por este partido político, la Fiscalía de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación, según han informado fuentes del ministerio público.
Por su parte, fuentes del gobierno municipal de Badalona afirman que la denuncia de los Comuns es un despropósito, un intento más de utilizar la justicia como un mecanismo en favor de sus intereses, “pervirtiéndola y acudiendo a ella de forma continua sin fundamentación, ni técnica, ni jurídica”.
En su escrito a la Fiscalía, Asens alegaba que la resolución judicial que dio lugar al desalojo condicionaba el mismo a que se “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho”, de forma que lo primero quedaba “expresamente condicionado” a lo segundo. Pese a ello, indicaba la denuncia, Albiol dijo en reiteradas ocasiones que el consistorio “no iba a ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales” y, así, “persistió en una actuación contraria al mandato judicial”, sostienen los Comuns en su escrito.
A criterio del PP, los Comuns “están instalados en un esperpento continuo porque son un partido marginal, sin credibilidad alguna” y con acciones como ésta intentan llamar la atención para conseguir el espacio que los vecinos no les otorgan en las urnas.
Los Comuns están instalados en un esperpento contínuo porque son un partido residual, sin credibilidad
Según el gobierno de Garcia Albiol, los Comuns acusan con una argumentación “que nada tiene que ver con la realidad” e insisten que en el desalojo del B9 se ha cumplido de forma escrupulosa la resolución judicial. Añaden que se ha trabajado previamente en el desalojo del B9 y también con posterioridad con los Servicios Sociales de la Generalitat y así se continuará haciendo.
Asens denunció además la “tolerancia institucional” del Ayuntamiento de Badalona con los “episodios de bloqueo y presión vecinal” que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos habitaciones proporcionados por entidades sociales. Según este partido político, en posteriores reuniones con los vecinos en las que Albiol reiteró que no iba a facilitar alojamiento a estas personas, escuchó expresiones de carácter xenófobo y estigmatizador que “no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata” por parte del alcalde. El denunciante afirmó que Albiol denegó su ayuda a los migrantes “de forma selectiva” debido a su origen y condición social, lo que se enmarcaría en una denegación de servicio público por motivos discriminatorios. Asimismo, adujo que existían “indicios de desobediencia reiterada” al no dar el consistorio badalonés “cumplimiento efectivo” a la resolución judicial que amparó el desalojo, así como un delito de prevaricación administrativa en la actuación “contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta”.
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La apertura de estas diligencias de investigación se suman a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de forma urgente si había ofrecido la “atención adecuada” y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial.
La Fiscalía planteó esta petición ante el juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona que autorizó el desalojo, requiriendo de forma urgente al Ayuntamiento de Badalona para que entregara un informe sobre las incidencias producidas durante el desahucio y de qué modo se estaba dando cumplimiento al mandato del juzgado para que los servicios sociales prestaran la “atención adecuada” a las personas sintecho desalojadas.