El Govern de la Generalitat y el Consell de l'Advocacia Catalana han formalizado hoy en el Palau de la Generalitat un acuerdo que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante cuatro años (2026–2029), hasta alcanzar un total de 22,8 millones de euros, para reforzar el servicio de asistencia jurídica gratuita en Catalunya, una vieja reivindicación de los colegiados.
El servicio de asistencia jurídica gratuita es el sistema para el cual las personas que no disponen de recursos suficientes para costear un abogado o asesoramiento jurídico pueden acceder a la justicia en igualdad de condiciones, asegurándoles asesoramiento jurídico, defensa y representación legal en procedimientos judiciales.
Este servicio incluye la asistencia letrada a personas detenidas, la designación de abogados y abogadas del turno de oficio y el acompañamiento jurídico en procedimientos civiles, penales, sociales, administrativos o de familia, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.
El acuerdo ha sido firmado hoy por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC), Roger Montoliu, en un acto celebrado en la sala Torres García del Palau de la Generalitat. También ha intervenido en el acto el conseller de Justícia y Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y han asistido representantes de los 14 colegios de la abogacía de Catalunya.
Un 31% menos de poder adquisitivo desde 2011
El acuerdo establece un incremento adicional de 5,7 millones de euros anuales durante el periodo 2026–2029, hasta alcanzar un total de 22,8 millones de euros, con un gasto ya garantizado legalmente mediante la aprobación previa de un acuerdo de gobierno de gasto plurianual. De este modo se avanza en el objetivo de recuperar progresivamente el 31% del poder adquisitivo perdido desde el 2011 en la compensación económica de las actuaciones profesionales del turno de oficio.
De cara al 2026, la voluntad del Govern es que esta aportación adicional de 5,7 millones de euros se haga efectiva mediante una adenda al convenio de colaboración con el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), como mecanismo operativo para hacer llegar los recursos al sistema del turno de oficio.
Este acuerdo se inscribe en el contexto de transformación y refuerzo del servicio público de justicia y da respuesta a una reivindicación del colectivo profesional del turno de oficio.
El presidente de la Generalitat y el conseller de Justícia se habían comprometido públicamente a abordar de manera prioritaria la mejora de la financiación de la justicia gratuita antes de llegar al Govern, atendiendo a una demanda histórica del sector.
Una de las numerosas protestas de los abogados reclamando dignidad para el turno de oficio
El acuerdo suscrito hoy tiene carácter finalista y prevé que los recursos adicionales se destinen directamente a la retribución de las actuaciones profesionales de los abogados y abogadas del turno de oficio, la actualización de los módulos y guardias y la mejora de la asistencia al detenido.
Además, el departamento de Justícia y el CICAC han formalizado también el convenio de colaboración para el 2026 por el que la Generalitat aporta recursos económicos que contribuyen a financiar algunas de las tareas que desarrolla el CICAC, especialmente la gestión del turno de oficio, las guardias y la compensación de las actuaciones profesionales.
El convenio prevé una dotación global de 74,2 millones de euros. De ellos, 70,2 millones de euros se destinan directamente a compensar las actuaciones profesionales de los abogados del turno de oficio, mientras que 4 millones de euros se destinan a los gastos de gestión de los colegios profesionales.
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Este importe supone un incremento de 1,82 millones de euros respecto del convenio del año anterior. Además, el convenio establece que los importes destinados a financiar el turno de oficio se incrementarán en un 2,5%, lo que supone una actualización directa de todos los módulos de compensación que regulan la retribución de las actuaciones de los abogados del turno de oficio con el objetivo de ajustarla a la realidad del servicio.
En el 2026, este incremento lineal del 2,5% de los módulos tendrá un impacto económico estimado de 2,9 millones de euros, que se aplicará mediante el retorno de los sobrantes presupuestarios del ejercicio anterior. Si se tienen en cuenta conjuntamente este importe, el incremento de 1,82 millones de euros del convenio anual respecto del año anterior y la aportación adicional de 5,7 millones de euros derivada del acuerdo político e institucional, el esfuerzo presupuestario total del Govern destinado al turno de oficio en el año 2026 se eleva hasta los 10,4 millones de euros.
Despliegue a la medida de cada partido judicial
Uno de los ejes centrales del convenio del 2026 es el despliegue territorial del servicio, con medidas adaptadas a la realidad de cada partido judicial. Así se podrán ajustar los recursos a la carga real de trabajo y a las necesidades específicas de cada territorio, evitando desequilibrios y garantizando una atención equitativa por todo el país.
El convenio prevé la creación de un nuevo turno de guardia de extranjería en el partido judicial de Figueres, con dos abogados de guardia diarios y una dotación específica de 7.250 euros.
Asimismo, se impulsa el refuerzo del turno penal en Santa Coloma de Farners, con la incorporación de un abogado más de guardia y una dotación de 76.000 euros. También se refuerza el turno de guardia de atención a las víctimas de violencia machista en los partidos judiciales de Cervera y Balaguer, con una dotación específica de 27.950 euros.
Por otra parte. El convenio prevé la adaptación del sistema de guardias del turno de detenidos en la Seu d'Urgell, que pasa de un modelo de guardia semanal a un modelo de justificación por asistencia efectivamente realizada.
Nuevos módulos de compensación
Otro de los ejes relevantes del convenio es la creación de nuevos módulos de compensación, es decir, las cantidades económicas que perciben los profesionales del turno de oficio en función del tipo de actuación que llevan a cabo. Cada módulo se corresponde a un tipo concreto de actuación judicial. Por ejemplo, acompañar a un acusado en una declaración ante el juzgado de Instrucción está asociado a un módulo que establece la cantidad que se paga al abogado de oficio que realiza aquel acompañamiento.
En el ámbito penal, el convenio incorpora un nuevo módulo vinculado a la comparecencia del abogado de oficio en la audiencia del detenido prevista en el artículo 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal, es decir, la audiencia en que el juzgado decide sobre una posible prisión provisional o libertad con medidas. Este nuevo módulo dispone de una asignación económica global de unos 300.000 euros, destinada a reconocer una actuación especialmente relevante y hasta ahora no compensada de manera diferenciada.
El convenio crea también un nuevo módulo para los casos en que un abogado tiene que asumir la doble condición de acusación y defensa penal en un mismo procedimiento en nombre del beneficiario de justicia gratuita. Esta medida cuenta con una asignación económica prevista de 316.480 euros, destinada a reconocer una carga de trabajo adicional que hasta ahora no quedaba reflejada en el sistema de compensaciones.
En el ámbito civil y mercantil, se introduce un nuevo módulo vinculado a los supuestos de reconvención, es decir, aquellos casos en que el abogado de oficio representa a una persona que ha sido demandada y decide responder a la demanda contra su cliente con otra demanda contra la parte que ha demandado. Este nuevo módulo tiene una dotación económica prevista de 300.000 euros.
En el ámbito laboral, el convenio crea un nuevo módulo para reconocer la intervención del abogado de oficio en la conciliación previa obligatoria antes de ir a juicio, una actuación clave en muchos procedimientos laborales. Este nuevo módulo cuenta con una asignación económica prevista de 326.291 euros.
El convenio impulsa también la tramitación electrónica integral de los expedientes, tanto con respecto a la solicitud del derecho como a la gestión y justificación de las actuaciones profesionales. Esta digitalización permite agilizar los procedimientos, mejorar la coordinación entre los colegios profesionales, las comisiones de asistencia jurídica gratuita y la Administración, y avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente del servicio. Además, se establecen criterios para reforzar la comunicación y la interoperabilidad de los sistemas informáticos para facilitar el seguimiento de los expedientes y garantizar una respuesta más ágil y coordinada.
El texto del convenio pone un énfasis especial en la formación y especialización de los profesionales del turno de oficio. Se refuerzan los requisitos y criterios de formación específica para los turnos especializados (extranjería, violencia sobre la mujer, menores o ámbito penitenciario) y se promueve la formación continua de los profesionales, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada.
Impulso al uso del catalán
El refuerzo del servicio de asistencia jurídica gratuita va acompañado también de un impulso decidido al uso del catalán en el ámbito judicial. El Govern ha aprobado para el 2026 dos programas específicos de fomento del catalán dirigidos por una parte, a la abogacía del turno de oficio y, de la otra, a la procuraduría que actúa en procedimientos con asistencia jurídica gratuita.
Estos programas dan continuidad a las políticas impulsadas los últimos años para revertir la infrarrepresentación del catalán a los juzgados y contar con la implicación directa de los operadores jurídicos.
El departamento de Justícia y el Consell de l'Advocacia Catalana mantienen durante el 2026 el programa de fomento del uso del catalán en las actuaciones del turno de oficio con una dotación de hasta 500.000 euros. El programa prevé complementos económicos para las actuaciones profesionales escritas hechas en catalán, especialmente aquellas vinculadas al inicio o impulso de los procedimientos judiciales, como demandas, contestaciones o recursos.
Paralelamente, el Govern ha impulsado un programa específico dirigido a la procuraduría, con una dotación máxima de 200.000 euros, para incentivar la presentación en catalán de escritos procesales en procedimientos con justicia gratuita. En este caso, el programa promueve la presentación en catalán de un mínimo de dos escritos dentro de un mismo procedimiento judicial, reforzando así el uso de esta lengua en fases clave del proceso.