La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció pide más de 60 años de cárcel para la veintena de acusados de la pieza 1 del 'caso Mercurio', que investiga el presunto pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública en Sabadell.
Para el principal acusado, el exconcejal del PP Jordi Soriano, pide 8 años de cárcel y más de 300.000 euros de multa, y dos años para su esposa y su hija, que también sitúan en el centro de la trama.
La plataforma, que como acusación particular se ha adherido íntegramente al escrito de acusación de la Fiscalía, ha propuesto otros cuatro testigos para aportar elementos “en clave local”. De nuevo, calificaron de “inverosímil” que en el juicio, que se hará con jurado popular, Manel Bustos no esté entre los acusados.
Cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias
La pieza 1 del caso Mercurio analiza los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas con funcionarios públicos que se imputan al exconcejal del PP del Ayuntamiento de Sabadell Jordi Soriano y una veintena de personas más, entre ellas empresarios vinculados a la construcción ya los servicios.
El abogado de la plataforma, Raül Garcia-Barroso, ha explicado que el escrito presentado por la Fiscalía al que se han adherido es “extenso” y “detallado” y que ellos, como acusación particular, han aportado detalles más “en clave local” para explicar cómo era el funcionamiento interno del Ayuntamiento. De ahí, añadió, que hayan solicitado otros cuatro testigos de los propuestos por la Fiscalía.
“Sabemos que había un pacto encubierto. Al PSC le faltaba un voto y lo consiguieron con el de Jordi Soriano, que se lo votó absolutamente todo. La connivencia era tan evidente que incluso Bustos intercedió con Camacho y Cornet para que Soriano fuera el cabeza de lista del PP”, ha recordado Isidre Soler, miembro de la plataforma.
Por eso han vuelto a lamentar por “inverosímil” que ni el exalcalde Manuel Bustos ni ningún miembro de su gobierno estén entre los acusados. Isidre Soler reiteró que era conocido que en el consistorio de la época “nada se movía sin el consentimiento de Bustos”, lo que hace difícil creer que toda la red creada por Soriano se pudiera tejer sin la participación directa o indirecta del alcalde.
Sobre el hecho de que no hayan pedido que Manuel Bustos testifique, el abogado de la plataforma ha dicho estar convencido de que las defensas lo harán y han preferido cederles la iniciativa como estrategia procesal.
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Tanto la Fiscalía como la plataforma solicitan para Jordi Soriano, a quien el sumario considera el principal beneficiario de la trama, una pena de 8 años de cárcel: cinco por un delito continuado de cohecho y otros tres por blanqueo de capitales. También pide una multa de 60.000 euros por el primer delito y 250.000 para el segundo.
Entre los acusados figuran también la mujer y la hija de Soriano, a las que se piden dos años de cárcel por blanqueo de capitales y multas de 150.000 y 45.000 euros respectivamente.
En cuanto al resto de acusados, piden cinco años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros por el gerente y el apoderado de la Funeraria Torra y penas de prisión para los responsables de otras empresas.
El juicio , que se celebrará 12 años después del estallido del caso, se prevé que se alargue más de tres meses.