El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 597.079,88 euros a un vecino de la localidad de Agramunt que se declaró insolvente tras avalar el negocio de su pareja, que acabó cerrando por falta de clientes durante la pandemia por Covid-19. Así se desprende de la información publicada por el Segre.
El hombre, que ha dedicado la mayor parte de su vida laboral al sector financiero por cuenta ajena trabajando para una entidad bancaria, tenía facilidad de acceso a créditos por ser trabajador de la empresa. Se le concedieron varios créditos para que su pareja pudiera iniciar un negocio, siendo él propietario de un 30% de este.
La empresa empezó a operar en 2016. En sus inicios, el negocio daba beneficios, sin embargo, la crisis económica provocada por el Covid-19 en 2020 provocó un descenso considerable de clientes. Además, la retribución económica de su actividad también bajó, por lo que finalmente se vio incapacitado para cumplir con el pago de los créditos que debía.
Deuda perdonada
El juez ha aplicado a este hombre la Ley de la Segunda Oportunidad, que le exonera del pago
“En ese momento empezaron todos los problemas, ya que para conceder los préstamos todo fueron facilidades, pero con la problemática me dejaron colgado. Muestra de ello es que con el cierre de oficinas bancarias era muy complicado contactar e incluso el Departamento de Riesgos tampoco quiso atenderme correctamente”, ha lamentado el hombre en conversación con el citado medio.
El hombre intentó sacar adelante el negocio, pero finalmente tuvo que tomar la decisión de cerrarlo. Además, no pudo hacer nada para hacer frente a los pagos de los préstamos, que habían sido avalados. Por ello, cuenta que “se empezaron a producir embargos que hacían que, si pagaba, tuviera que dejar de comer. Incluso, me llegaron a decir que me buscara la vida y pidiera dinero a familiares y amigos para pagar y que después me preocupara de mi salud", ha añadido.
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El hombre ha relatado también que recibía constantes llamadas de las entidades bancarias y amenazas por parte de los bancos y las empresas de recobro. La abogada que ha llevado su caso, Marta Bergadà, ha expresado que “esta presión que ejercen provoca violaciones de los derechos del deudor, afectando también a su salud mental y a su bienestar emocional. Éste es un claro ejemplo de ello”.
El hombre comenta que “ese estrés al que me sometieron por la presión y la falta de ayuda originó que tuviera que coger una baja laboral debido a los problemas de salud ocasionados. Mi voluntad siempre ha sido pagar, pero ante la falta de facilidades para hacerlo y la imposibilidad de poder ahorrar no podía cumplir con mis obligaciones a no ser que dejara de comer. Era el pez que se mordía la cola y eso me afectó mucho”.