El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional y nulo un artículo de la llamada Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid que limitaba la personación en procesos judiciales por parte de asociaciones, entidades y organizaciones representativas del colectivo.
Se trata, detalla el TC en una nota, del artículo 65.d) de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, que fue recurrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con otras modificaciones de la norma acometidas en 2023 por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.
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El artículo 65.b) de la norma (originalmente aprobada en 2016, con Cristina Cifuentes como presidenta) dispone que “las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI y aquellas que tengan por objeto la defensa y promoción de derechos humanos serán titulares de intereses legítimos colectivos” en el procedimiento administrativo reglado por esta ley.
La reforma de 2023 incorporó un apartado d) a este artículo para disponer que ese precepto “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.
Una invasión en las competencias exclusivas del Estado
La sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, considera que ese artículo representa una invasión en las competencias exclusivas del Estado para dictar legislación procesal y para regular el procedimiento administrativo común.
Y recuerda que la legislación estatal reconoce la condición de interesados de las asociaciones y agrupaciones para todos los procedimientos administrativos, incluidos los sancionadores, relativos a situaciones de discriminación como las fundadas en motivos de expresión de género y de orientación o identidad sexual.
Esta sentencia del TC no resuelve respecto a los otros artículos de las leyes LGTBi de la Comunidad de Madrid recurridos por el Gobierno, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.
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En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, ha dicho que la resolución del Constitucional señala que “la reforma de la ley estaba bien hecha”, pues solo se refiere a “una cuestión muy menor de técnica jurídica”.
“El resto de la reforma queda intacta”, ha subrayado García, quien se ha mostrado satisfecho de que la reforma legal que acometió el Gobierno de Díaz Ayuso en 2023 “se pueda mantener”.
En esta línea, ha defendido que la modificación de las leyes LGTBI que promovió Díaz Ayuso antepone “los criterios técnicos y científicos a cualquier otro tipo de criterio de carácter ideológico”.