Docentes y alumnos desde Infantil hasta la Universidad, pasando por Primaria y Secundaria, recorrieron ayer jueves las calles del centro de Madrid para defender la educación pública tras verse obligados a cancelar la manifestación prevista el pasado 28 de abril debido al apagón que afectó a gran parte del país.
Ratios de alumnos más bajas, menos horas lectivas o más financiación y autonomía para las universidades han sido tres de los puntos que han reivindicado los alrededor de 3.000 asistentes, según la Policía Nacional, que han acudido ataviados de las ya habituales camisetas verdes y de decenas de carteles donde se podía leer “no más recortes”. También ha habido espacio para las prendas amarillas características de la etapa educativa 0-3 años y para las reivindicaciones de los de Educación Especial.
El lema de la manifestación ha sido 'Salvemos la educación pública', una frase que se podía leer en la pancarta que ha encabezado la marcha y que ha vertebrado a todos los niveles educativos, convocados por decenas de colectivos, plataformas, sindicatos y asambleas. “Ayuso, escucha, la pública está en lucha”, “El 'profe', luchando, también está enseñando”, o “Faltan 'profes', sobran recortes” han sido algunos de los cánticos que se han podido escuchar.
Representantes de la izquierda
A la marcha, que ha comenzado a las 18.00 horas desde Atocha y que termina en la Puerta del Sol, han acudido representantes de las formaciones progresistas: Más Madrid, PSOE-M, Sumar y Podemos.
La de ayer fue la segunda jornada de movilizaciones en la que se han unido todos los niveles educativos, después de la marcha realizada el pasado 23 de febrero, en la que participaron en torno a 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, una cifra que los organizadores elevaron hasta 100.000.
Por un lado, la comunidad universitaria lleva meses reflejando su malestar por la “asfixia económica” que sufren las universidades públicas y que temen que se agrave con la nueva ley de universidades regional, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), de la que hasta ahora solo se conoce un borrador y que el Gobierno regional está negociando con los dirigentes de los centros universitarios.
Así lo expresaron los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) el pasado martes en un desayuno informativo, en el que advirtieron de que “la universidad pública está en riesgo” y de que “está en juego el futuro de la España del 2050” con una “democracia saludable”.
La situación de las Universidades
“Es crucial diseñar un modelo de financiación que responda a lo que la sociedad demanda de las universidades, pero no puede hacerse a costa de recortar autonomía”, precisó la rectora en funciones de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea.
También en el mismo desayuno informativo, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, defendió que “no hay financiación inocente; siempre está vinculada a intereses”, en una referencia velada a la situación de las universidades de la Comunidad de Madrid. “Se trata de que en la escala de valores consideremos qué intereses son legítimos o por qué intereses realmente nosotros apostamos. Y hay que repensar el concepto de rentabilidad: lo rentable no puede ser el factor exclusivo y decisivo de las decisiones”, remarcó.
Por su parte, las plataformas aglutinadas bajo el nombre 'Por la pública' de las seis universidades de la región desgranaron en un comunicado los 10 puntos que motivan la protesta.
Entre ellos se encuentran la “asfixia económica, ya que el Gobierno regional solo aportará el 70% de la financiación”, “una deriva hacia un modelo empresarial de la universidad pública y una mayor privatización por la laxitud para reconocer chiringuitos que se lucran con la educación superior” y “la injerencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria, con un mayor control de capital privado y de la Comunidad de Madrid en órganos de coordinación de la educación superior”, así como “el aumento de la represión a la libertad y al asociacionismo estudiantil”.
Paralelamente al decálogo de quejas, las plataformas de los seis centros universitarios de la región redactaron 10 cuestiones que piden que se recojan en la nueva ley, como “controles más exigentes a las privadas”, “el fin de los contratos precarios” y el “fin de la injerencia del Gobierno regional y del capital privado”.
La postura de la Consejería
La integrante de la plataforma UCM por la Pública Eva Aladro ha incidido en la necesidad de la unión entre rectores y comunidad universitaria para “reclamar que no se está financiando a la universidad pública con dignidad”. “Están matando a la universidad pública”, ha expresado.
Hasta la fecha, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han esgrimido que todavía se encuentran en un proceso de negociación con los rectores y que el borrador no es un documento definitivo. “Hay un gran consenso en la necesidad de una nueva ley de universidades. La que estamos negociando da respuesta a las preocupaciones que han planteado los rectores, tanto las actuales como las del futuro”, expresó Viciana este martes tras acudir al desayuno informativo.
Además, en sus últimas intervenciones, el consejero ha defendido la aportación que el Gobierno regional hace a las universidades públicas. Así lo hizo el martes 8 de abril en declaraciones a los medios de comunicación, cuando reivindicó que “hay muy pocas regiones en el mundo, no ya en España, sino en el mundo entero, que alcancen el 4% del presupuesto en financiación” de universidades, tal y como hace la Comunidad de Madrid.
Menos Lectivas, una agrupación de más de 200 asambleas de centros educativos de la Comunidad de Madrid, ha sido una de las convocantes en educación obligatoria para mostrar su rechazo al acuerdo al que llegaron, hace poco más de un mes, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) y la Consejería de Educación.
En este pacto se acordó la reducción del horario lectivo en Secundaria --que pasará de 20 horas a 19 a partir del próximo curso y bajará hasta las 18 a partir del curso 2028/2029-- y la incorporación de 850 nuevos maestros en los próximos tres años en Infantil y Primaria, entre otras cuestiones. Un pacto que, para Menos Lectivas, es “insuficiente”.
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Así, Menos Lectivas demanda “bajadas de ratio” en todos los niveles, la “reducción de horas lectivas” para equipararse con el resto de comunidades autónomas, una reducción de la burocracia, una mejora de las infraestructuras de los centros, una mayor atención a la diversidad con profesionales capacitados para ello e imponer “medidas contra la segregación