El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid ha admitido a trámite otro recurso de la Plataforma Ecologista Madrileña contra la licencia de construcción del circuito de Fórmula 1 de Madrid.
Es el segundo recurso promovido por esta plataforma, formada por ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, en defensa del patrimonio natural y urbano de la ciudad, según indican en un comunicado conjunto.
El recurso, presentado en junio a través de la Asociación Liberum Natura y admitido a trámite el 22 de julio, se dirige contra la licencia otorgada por el Ayuntamiento para la construcción del circuito y sus instalaciones complementarias.
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Las obras, que comenzaron en abril, ya han provocado “la destrucción de los humedales existentes en la parcela norte, próxima a Valdebebas”.
Previamente, la plataforma ya había impugnado el Plan Especial que modifica la ordenación del recinto ferial de Ifema. Ese primer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fue admitido a trámite el pasado 27 de mayo.
Paralelamente, el Juzgado ha requerido al Ayuntamiento que aporte el expediente administrativo completo vinculado a la concesión de la licencia recurrida.
Un proceso urbanístico “fragmentado”
Según la plataforma, el proceso para autorizar la construcción del circuito ha sido “complejo, fragmentado y poco transparente. Se han aprobado dos tramitaciones urbanísticas distintas, pero simultáneas”.
Por un lado, hubo que reordenar el espacio del recinto ferial —la parcela sur de Ifema— y modificar condiciones urbanísticas clave para permitir las nuevas construcciones: autorización de uso deportivo, eliminación de arbolado, aumento de la edificabilidad y ampliación de pabellones existentes, añade el comunicado.
Ello se articuló mediante el Plan Especial para la definición de redes del Área de Planeamiento Específico 21.10, correspondiente al recinto del parque ferial y su entorno. Aunque dicho plan está “intrínsecamente ligado al circuito, fue tramitado de forma independiente, lo que motivó su impugnación separada” por la Plataforma.
Paralelamente, se ha tramitado el proyecto del circuito propiamente dicho, que afecta a la parcela sur de Ifema, a la parcela norte (prevista para la futura ampliación del recinto desde 2021) y al viario público, aseveran.
En conjunto, el circuito atraviesa ámbitos urbanísticos distintos, con normativas y condiciones específicas, lo que genera “un escenario legal muy complejo. Un auténtico puzle de difícil encaje jurídico y urbanístico”.
Licencias de carácter temporal
Para resolver esta fragmentación, el promotor del proyecto, IFEMA, presentó “un programa de licencias por partes autónomas”, gracias a la modificación incluida en la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid en 2022, que permite al Ayuntamiento autorizar fases “de forma separada, sin necesidad de aprobar el conjunto desde el principio”.
La licencia recurrida corresponde a la primera parte autónoma del proyecto, que autoriza construir la pista del circuito sobre ambas parcelas y viales públicos, así como las obras de urbanización necesarias, continúa la plataforma.
A ello se añade “el carácter temporal del circuito, que, según lo previsto, deberá desmantelarse dentro de diez años”. Para ello, el Ayuntamiento concedió “una licencia temporal de actividad, similar a las que se otorgan para la instalación de carpas” en fiestas de barrio.
El presupuesto del circuito es de 142,3 millones de euros, a los que hay que sumar 47,5 millones del Plan especial, lo que eleva el coste global a 189,8 millones.
La licencia definitiva “no se concederá hasta pocos meses” del Gran Premio de Fórmula 1, previsto para el 26 de septiembre de 2026.
La plataforma denuncia “opacidad” y una “grave falta de rigor urbanístico y ambiental”. Lamenta que un proyecto de esta envergadura se ejecute mediante “licencias fragmentadas y provisionales, sin una evaluación integral del impacto ni una garantía real de reversibilidad”.
La Plataforma Ecologista Madrileña, que forma parte de la Plataforma Stop F1 Madrid, reitera su “compromiso con la defensa del territorio, el interés general y los derechos vecinales”, y empleará “todas las vías legales disponibles” para frenar esa “amenaza ecológica, urbanística y social” para Madrid.