La escuela activa de educación infantil y primaria, El Ardal, ubicada en San Sebastián de los Reyes, que acogía a unos 140 estudiantes, de los que más de 30 eran menores con necesidades especiales, cerró ayer sus puertas por una ordenanza municipal. La Policía Local acudió al centro y ejecutó la orden.
El Ardal, colegio inclusivo en San Sebastián de los Reyes, cerrado por falta de licencia urbanística. (LV)
¿El motivo? La falta de licencia urbanística, pese a llevar el centro abierto desde el año 1995. Más de 30 años. Y varios litigios en los tribunales.
De las más de 140 familias, tres han logrado plaza para sus hijos en otros centros educativos privados o concertados de la zona, pero las que esperan una plaza pública no han tenido respuesta el día después.
Postura de la Consejería de Educación
El centro llevaba librando una disputa con en Ayuntamiento desde hacía tiempo. El consistorio había anunciado numerosas veces su cese por falta de licencia urbanística y el uso de suelo no permitido. En septiembre, llegó la primera orden de cierre y se le dio 15 días. Al llevar el caso a los tribunales -una vez más- y haber medidas cautelares se mantuvo abierto, pero el jueves se anuncio que se iba a ejecutar la orden municipal.
El consistorio argumenta en la orden de cierre que la justicia ha rechazado las medidas cautelares y cuatelarísimas solicitadas por el centro y una asociación vincula al mismo.
Desde la consejería de Educación explican a La Vanguardia que “se han iniciado los trámites para la revocación de los permisos educativos de este colegio privado, que son los que competen a Educación y que siempre están condicionados a que los centros dispongan del restos de licencias necesarias que tramitan otras administraciones”. A lo que añaden: “La Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial (DAT Norte) ya está trabajando para garantizar a todas las familias la escolarización de sus hijos en centros cercanos a sus domicilios”.
Niños autistas no entienden la transición
La historia de esta escuela se remonta a los años noventa, cuando la actual directora Paloma de Haro, abrió este centro en una parcela de propiedad privada de su familia para que este municipio del norte de Madrid contara con una escuela adaptada a las personas con necesidades especiales. Cada familia pagaba unos 500 euros al mes por alumno y los estudiantes con necesidades especiales tenían una beca del 50%, con lo que desembolsaban unos 250 euros mensuales. En total, trabajaban unas 25 personas entre la plantilla de profesores y el personal administrativo y conserjes.
Natalia Sánchez de León, madre de un niño autista, que cursaba quinto de primaria, explica a La Vanguardia que “mi hijo está en casa con una terapeuta, pero le resulta muy difícil entender que no va a volver a ese centro”. “Tiene un llanto muy profundo y ayer solo durmió tres horas”, resalta. Para estos niños con necesidades especiales, comenta, “es muy difícil entender la transición”.
Sin alumnos ha quedado la zona de terapia para los autistas.
Las familias han solicitado una reunión con el responsable de educación del Ayuntamiento, pero no les recibe. La idea sería proponerle posibles soluciones legales al problema del suelo, como reconocer a El Ardal como una entidad especial de interés público y social o darle una cesión temporal de uso, amparada en el interés educativo y con una licencia provisional especial.
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Otras de las propuestas es “crear un marco legal que proteja al centro mientras se resuelve la situación, incluyendo el proyecto en planes locales de infancia, educación o cultura y dejar acabar este curso académico”.
Durante el último fin de semana, algunas redes sociales se han llenado de quejas de las familias porque la orden de cierre definitiva había llegado el pasado jueves y se clausuró ayer por la policía local.
