La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas de Madrid, que integran trabajadores y estudiantes, han reafirmado su postura de mantener la convocatoria de huelga de al menos dos días para finales de noviembre después de conocerse la inversión que contempla la Comunidad de Madrid en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 2026 para las instituciones universitarias.
Así lo han manifestado en un comunicado en el que han exigido que las cuentas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinado a los centros universitarios para el próximo año alcancen el 1% del PIB de la región. “Todo lo que no sea un acercamiento real a ese horizonte, no lo contemplamos”, han avisado.
“No podemos hablar ni de subida sino que nos encontramos con un presupuesto estancado”, aseguran desde las plataformas
La Comunidad de Madrid destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5%. Esta dotación representa más del 4% del presupuesto total en el próximo ejercicio en la región.
“La subida anunciada representa un paso del 0,44% al 0,46% del PIB de la región. En términos de esfuerzo presupuestario, la Comunidad sigue dedicando el 4% de su presupuesto a universidades. No podemos hablar ni siquiera de subida sino que nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando”, han criticado las seis plataformas por la pública.
Ante esta situación de “asfixia”, estudiantes y trabajadores de las universidades públicas han defendido continuar con la convocatoria de huelga de “al menos dos días” para finales de noviembre. No descartan realizar una manifestación indefinida y otras acciones. “Si los presupuestos de la Comunidad de Madrid pretenden aprobarse en diciembre, según la hoja de ruta acordada, la máxima intensidad de la movilización debe situarse antes de esa aprobación: finales de noviembre, diciembre y exámenes”, han subrayado.
Asimismo, han señalado que su objetivo es “parar” la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y que la movilización “se haga lo más masiva posible, tanto con la comunidad universitaria como con el conjunto de la sociedad madrileña que cree en lo público”.
España, por debajo de la UE en inversión universitaria y Madrid la que peor financia
La inversión de España en universidades está por debajo del promedio internacional y también el gasto por estudiante, que es más bajo que la media de los países de la OCDE. Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Catalunya son las comunidades que menos invierten por alumno. Según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el sistema universitario en 2024, el gasto total por estudiante en España ronda los 16.000 euros, un 19,5 % inferior a la media de la OCDE (19.800 euros) y un 14,5 % inferior a la de la UE (18.600 euros). El reto es aumentar la inversión hasta cerca de los 22.000 millones en 2030, el 1 % del PIB tal como mandata la ley de Universidades (LOSU).
Sin embargo, la financiación de las universidades públicas proviene de las comunidades autónomas, que son las encargadas de realizar las transferencias y según datos de CYD, en 2022 esta financiación supuso el 82 % de sus recursos. El promedio de transferencias recibidas por alumno en las universidades públicas presenciales fue de 6.671 euros en el curso académico 2022-2023. La Rioja (9.689 euros), Navarra (9.210 euros) y el País Vasco (9.065 euros) fueron las que más invirtieron por alumno, mientras que Murcia (6.267 euros), Catalunya (5.599 euros) y Madrid (5.362 euros) las que menos.
En el gasto corriente por alumno también destacaron La Rioja (10.905 euros), País Vasco (8.976 euros) y Cantabria (8.968 euros) como las que más recursos destinan, frente a Baleares (6.832 euros), Castilla-La Mancha (6.925 euros) y Madrid (6.929 euros) que menos inversión hacen por alumno.
Las recaudaciones más elevadas por los precios públicos que los alumnos abonaron por sus matrículas en el año 2022 se registraron en las universidades públicas de Madrid (1.620 euros), Catalunya (1.508 euros) y Aragón (1.302 euros); mientras que las menores se dieron en Andalucía (815 euros), Canarias (776 euros) y Galicia (738 euros). En la Universidad Carlos III de Madrid la matrícula supuso 2.294 euros en 2022 y en la Universidad de Barcelona 1.936 euros; en las universidades de A Coruña, Vigo (Pontevedra) o Jaén no llegan a los 800 euros.
Entre las 10 universidades con mayores recaudaciones por precios públicos por matriculado aparecen cinco de Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y Alcalá) y cuatro catalanas (Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la de Barcelona y la de Lleida), además de la Universidad de Zaragoza.
“Si queremos resistir y revertir a medio plazo estos ataques, nuestro objetivo también es que el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid. Si no hay respiro , no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad. Vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la universidad pública”, ha avisado la coordinadora de las plataformas.


