El grupo Ribera Salud despidió al menos a cuatro miembros de la dirección médica (la gerente del hospital, el jefe médico, la jefa de enfermeras y el defensor del paciente) tras denunciar en el canal ético interno las instrucciones del consejero delegado, Pablo Gallart, para aumentar las listas de espera y descartar procesos no rentables para incrementar los beneficios en el centro público madrileño de gestión privada.
Entrada al Hospital de Torrejón de Ardoz
Tras el escándalo que salió ayer a la luz pública, este jueves Gallart ha dimitido de su puesto. El grupo justifica la desvinculación “para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al grupo”.
Precisamente sus directrices de aumentar las listas de espera de este hospital público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa fue lo que provocó hace unos días el despido de la cúpula médica por mostrarse contraria a asumir sus exigencias para incrementar los beneficios.
Vías legales
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que estudia “todas las vías legales” para analizar la gestión privada de los hospitales públicos en Madrid y si se está incurriendo en “corrupción institucional” por desviar los propósitos de la Consejería de Sanidad a objetivos privados.
“Vamos a estudiar todas las vías, por supuesto, las legales; yo sí que creo que aquí hay esa connivencia con el gobierno de Ayuso, lo cual acaba constituyendo lo que se llama corrupción institucional”, ha asegurado García en La 1 de TVE.
La ministra de Sanidad considera que se está produciendo una selección económica de pacientes, no solo en el hospital de Torrejón de Ardoz, sino también en los cuatro hospitales gestionados por el Grupo Quirón en Madrid.
Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid ha anunciado que se va a pedir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el caso concreto del hospital de Torrejón.
La reunión entre el ya ex consejero delegado y una veintena de altos cargos se produjo el pasado 25 de octubre. Unos días después, la gerente del hospital, Pilar Navarro, interpuso una denuncia interna en la web del grupo para alertar de las instrucciones dadas por los gestores del hospital y a los dos días fue despedida. Después, el director médico del grupo, Carlos Catalán, la directora de enfermería, María Josefa Soriano y el director de calidad y experiencia del paciente, José David Zafrilla, cursaron una queja similar en el mismo canal y los tres fueron despedidos un día después, revela El País.
“Pérdida de confianza”
La dirección del centro ha justificado esos despidos bajo el argumento de que se llevaron a cabo por “la pérdida de confianza en su gestión y su falta de liderazgo, que no tiene nada que ver con el asunto en cuestión”.
Los denunciantes en sus quejas mostraron su preocupación por “la vulneración de los derechos de los pacientes y la mala praxis asistencial”.
El problema es que la gestión de este hospital público está en manos de Ribera Salud (el 75% del grupo español es propiedad del grupo francés Vivalto Santé) por una concesión que se le adjudicó para 30 años, pero recibe cada ejercicio dinero del presupuesto del gobierno de Ayuso. Además, en los últimos cinco años se le han inyectado 88 millones y un rescate de 32,7 millones en julio de este ejercicio para hacer frente a deudas del pasado.
El grupo empresarial Ribera Salud ha informado de que están realizando una auditoría “en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley”.
Tras la publicación de los audios de Gallart, la izquierda madrileña y estatal, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, a la cabeza, han criticado el modelo de sanidad impulsado por el PP y que mantiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en cinco hospitales de la Comunidad de Madrid.
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El grupo Ribera, por su parte, ha subrayado que “mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible”.
Los Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería del hospital defienden su profesionalidad y su “ética incuestionable”
Ante esto, el Hospital Universitario de Torrejón ha enviado un comunicado “a la opinión pública y a nuestros pacientes” firmado por varios de sus profesionales. En este dejan constancia que los Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería defienden su profesionalidad y su “ética incuestionable” en todo este proceso.
“En los 14 años que nuestro hospital lleva en marcha, los profesionales nunca hemos adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los mismos y sus familiares”, han señalado en este escrito.
