Que la crisis de la vivienda estaba haciendo proliferar los asentamientos ilegales en el extrarradio de Alicante lo podía atestiguar cualquier conductor o viajero de tren medianamente observador en los últimos minutos de su aproximación a la ciudad. Pero para que el asunto preocupara a las autoridades hasta el punto de llevarlas a actuar ha sido necesaria una intensa campaña de denuncias vecinales, de residentes preocupados por la degradación de su entorno y su seguridad.
Y, en último término, la catástrofe mortal ocurrida 150 kilómetros al norte, que ha puesto sobre la mesa la delicada cuestión de que gran parte de esas construcciones precarias e ilegales -chabolas, para entendernos- están ubicadas sobre terrenos inundables, ha aconsejado al Ayuntamiento a actuar con acelerada inmediatez.
Existen 40 expedientes abiertos en la concejalía de Urbanismo por obras ilegales de reparcelación en suelo no urbanizable
Son suelos pertenecientes a partidas rurales como Cañada del Fenollar o El Moralet, que acostumbran a estar secos, pero encierran el grave riesgo de ser arrasados por las aguas que busquen su salida natural al mar cuando la próxima gota fría o DANA descargue lluvias torrenciales en las áreas donde nacen estos cicateros cauces.
Hace unos días, el Ayuntamiento de la ciudad informó de que existen 40 expedientes abiertos en la concejalía de Urbanismo por obras ilegales de reparcelación en suelo no urbanizable, de los cuales 15 corresponden a suelo calificado como rambla. Para todos ellos, el Ayuntamiento emitirá los correspondientes decretos de suspensión de obras.
Además, con el objetivo de agilizar en lo posible el desmantelamiento de asentamientos irregulares en zonas inundables, el alcalde, Luis Barcala, ha remitido a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio un escrito en el que solicita que prioricen las actuaciones en estas zonas.
El colectivo vecinal denunciaba “la existencia de asentamientos ilegales en zonas especialmente peligrosas"
Urgido por la mortal tragedia sufrida en Valencia, el alcalde de Alicante asegura que van a tomarse medidas para agilizar el desmantelamiento de estas viviendas precarias, comenzando por un decreto municipal que ordena la “paralización y suspensión inmediata de los actos u obras de edificación o uso del suelo” ya que “resultan actuaciones de manifiesta ilegalidad y sin posible subsanación, por estar ejecutándose sin ser conformes con el planeamiento municipal”.
En caso de incumplimiento de la orden de paralización, “se procederá por los agentes de la Policía Local al precinto de las obras y se informará a la Autoridad Judicial por la posible comisión del delito de desobediencia/resistencia”.
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Apenas diez días antes de los terribles acontecimientos del 29 de octubre, la Asociación de Vecinos La Cañada del Fenollar ya denunció haber recibido “una oleada de quejas y denuncias por parte de los residentes de El Moralet, quienes están preocupados por el deterioro ambiental y urbanístico que se está produciendo en la zona debido a la proliferación de asentamientos ilegales”.
En un escrito que remitieron a Urbanismo y puede consultarse en sus redes sociales, el colectivo vecinal denunciaba “la existencia de asentamientos ilegales en zonas especialmente peligrosas, como ramblas inundables, áreas clasificadas como de peligrosidad geomorfológica y con riesgo de inundaciones“. Y proseguía: ”Además, hemos observado la construcción de muros de bloques que cruzan las ramblas, lo cual no solo representa un grave peligro para la seguridad de los ocupantes de estos asentamientos, sino también para los vecinos de la zona, al aumentar el riesgo de inundaciones”.
Construcciones precarias en la zona de Rabasa, en el extrarradio de Alicante.
Tras realizar una visita a la zona, describían un entorno “marcado por caravanas deterioradas, contenedores marítimos adaptados, mobile homes y chabolas, lo que refleja un estado de precariedad alarmante. Estos asentamientos ilegales están afectando gravemente el medioambiente, destruyendo la flora y fauna autóctonas de la zona y alterando el entorno rural de El Moralet”. Por todo ello, decidieron presentar denuncias formales ante el Área de Urbanismo, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y el SEPRONA, para que tomen medidas urgentes. Además de solicitar a la Fiscalía de Medioambiente que investigue estos hechos como posibles delitos contra el medioambiente y la ordenación urbana.
“Nos resulta incomprensible cómo, en tan solo dos años, se ha permitido que se desarrolle esta situación de forma tan incontrolada (...) han permitido que el entorno rural y urbano se deteriore a tal punto, y los vecinos han quedado indefensos ante este crecimiento desordenado y destructivo”, afirmaba su escrito.
Los grupos municipales de oposición también llevaban algún tiempo advirtiendo de la situación
Los grupos municipales de oposición también llevaban algún tiempo advirtiendo de la situación. “A pesar de las decenas de denuncias registradas por los colectivos vecinales de las partidas rurales, se ha evidenciado que ni el Consell ni el Ayuntamiento han hecho todo lo posible para frenar estas construcciones, tendiendo en cuenta que han ido in crescendo y suman ya más de un centenar, lo que ha agravado el problema”, explican a este diario desde el PSPV.
“Hablamos de asentamientos que se encuentran en zonas inundables y la situación de peligro podría ser extrema ante un evento climatológico de lluvias torrenciales”, añade au portavoz, Ana Barceló. “Es especialmente grave que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, creada por el Botánic para frenar y controlar estas prácticas, esté desde hace tiempo colapsada por los recortes de Mazón, mientras Barcala sigue instalado en la pasividad”, apunta la exconsellera de Sanidad.
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Rafa Mas, portavoz de Compromís, resalta que “los asentamientos ilegales fueron denunciados hace casi un año por los vecinos de las partidas. Sin ir más lejos, en la pasada junta de Distrito del 3 de junio, tras dos años sin celebrarse, los vecinos denunciaron esta situación delante del concejal responsable de Seguridad, Julio Calero, que se comprometió a dar parte a Urbanismo”. Mas cree que el equipo de gobierno del PP anuncia ahora que va a actuar “por imposición de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y la presión del SEPRONA”.
“Desde Compromís no nos fiamos”, añade: “Nos come la especulación, no solo en los barrios de la ciudad, con la proliferación de pisos turísticos ilegales, ahora también con asentamientos en las partidas. La concejalía de Urbanismo es fallida y está salpicada por numerosos escandalosos urbanísticos que están judicializados”.
Copé advierte de la necesidad de “distinguir a las mafias de las víctimas de las mafias y a no meter en el mismo saco a especuladores y familias vulnerables”
Y Manolo Copé, concejal de EU-Podem, pone el foco en la situación de precariedad que desvela este problema. “Desde nuestro grupo insistimos en la necesidad de distinguir a las mafias de las víctimas de las mafias y a no meter en el mismo saco a especuladores que se aprovechen de la situación de muchas familias vulnerables, que ante la situación imposible del mercado de vivienda en Alicante se ubican en terrenos que no cumplen las más mínimas garantías”, explica.
“Por tanto, toca regular la situación que se le ha ido de las manos al PP. Pero asegurando la protección y alternativas para las familias afectadas y personas vulnerables”, concluye Copé.
Antecedentes
El plan contra el chabolismo de 1999
En 1998, el Ayuntamiento de Alicante cifró en 354 familias, integradas por unas 3.000 personas, el colectivo que residía en pésimas condiciones en un total de nueve grandes asentamientos de chabolas y otros seis focos menores diseminados por el término municipal. Un plan municipal contra el chabolismo realojó en seis años (1999-2005) a 260 familias y erradicó 17 asentamientos y, aunque el problema nunca ha desaparecido por completo, lo redujo de forma notoria cambiando la configuración de algunos de los barrios más castigados.
Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica y de forma especialmente llamativa tras la pandemia, no solo las partidas rurales que escapan con más facilidad al control de las autoridades, sino algunos solares insertos en el casco urbano, en zonas como El Palmeral, las vías abandonadas de San Gabriel o el entorno del estadio Rico Pérez, por citar algunos, muestran la evidente realidad de que cada vez son más las personas forzadas a buscar un refugio irregular ante la falta de alternativas legales para cumplir una necesidad tan básica como es vivir y dormir bajo un techo. Quizá haya llegado el momento no solo de imponer multar y desmantelar asentamientos, sino de afrontar un nuevo plan de realojos como el que se diseñó hace 25 años.