Más de un centenar de afectados por la dana del pasado 29 de octubre han presentado una querella contra cinco miembros del Gobierno valenciano y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
La querella plantea la presunta comisión de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber del socorro debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos, según ha anunciado este miércoles la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia.
La querella plantea la presunta comisión de delitos de homicidio impudente y omisión del deber del socorro, entre otros
La querella, de más de 70 páginas, se ha presentado en los juzgados de instrucción de Valencia por el equipo jurídico de Vilches Abogados, que ejerce la defensa de los afectados. Incluye una investigación cronológica de la tragedia que causó el fallecimiento de 224 personas y la desaparición de otras tres a las que se sigue buscando.
Además de Polo, los afectados se han querellado contra Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y máxima responsable de Emergencias durante la dana; Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias; Alberto Javier Martín, director general de Emergencias; Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE); e Inmaculada Piles, jefa del servicio de emergencias.
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“De haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia”, dice la asociación
El presidente de esta asociación, que reúne a 340 socios de los que un centenar suscrito la querella, ha explicado en rueda de prensa que “No podemos dejar que los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia por esta gestión tan nefasta porque tenemos la sensación que el poder legislativo no ha respondido”. “La lucha va a ser larga, pero esto no puede quedar así, los responsables deben pagar por ello”, ha recalcado.
La querella señala que “de haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia” ya que la información aportada “demostraría que a las 15 horas los querellados ya contaban con datos suficientes para haberlo activado” y, sin embargo, por razones que “se desconocen y no se han explicado” la alerta “no se envió hasta las 20.11 horas”, cuando el caudal del barranco de el Poyo y el río Magro estaban “ya completamente desbordados”.