Salomé Pradas ha trasladado la responsabilidad en la gestión de la dana a los equipos técnicos y ha asegurado que no se esperó al president Carlos Mazón para lanzar la alerta. La exconsellera, que se ha derrumbado en varias ocasiones entre lágrimas durante su declaración judicial, ha destacado que el retraso fue por los técnicos y que el envío del ES Alert no dependía del jefe del Consell. Un mensaje en el que, después, también, ha incidido en su declaración el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que ha indicado a la juez que el presidente de la Generalitat no fue convocado al Cecopi, no se les esperó y no se retrasó ni unos minutos para ponerle al día.
Pradas, en su declaración, ha puntualizado que en varias ocasiones habló con los responsables de Presidencia y con el propio presidente Carlos Mazón al que iba trasladando lo que ocurría. Ha insistido en que el supuesto retraso no tiene nada que ver con el president y que quien representaba a la Generalitat en el Cecopi era ella. La exconsellera ha defendido que había muchas circunstancias que había que valorar y que no se tenía la información necesaria.
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Respecto a la tardanza, el exsecretario autonómico de Emergencias, ha explicado que es a partir de las 19h cuando se pone encima de la mesa la posibilidad de enviar la alerta por parte del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Argüeso ha señalado a la jueza que se produce un debate técnico y que había partidarios de enviarlo y otros que apuntaban que podría generar alarma. Es entonces cuando él se muestra partidario de que se envíe y que si luego hay que pedir perdón se pide. La delegada del Gobierno también está a favor y a las 19.15h cree recordar que se decide enviarlo, pero pensando en Forata y no en el Poyo. Argüeso ha señalado que hubo que buscar un funcionario para validarlo y por eso se tarda en enviar la alerta.
Pradas, a su llegada a los juzgados para declarar por la dana
Es Alert
Pradas y Argüeso señalan que el envío de la alerta no dependía del president y responsabiliza a los técnicos del retraso
Argüeso también ha defendido a Mazón porque no tenía que estar en el Cecopi, “no se le convocó y no tenía que ir”, que la dirección del Cecopi era colegiada entre Pradas y Bernabé, y ha responsabilizado al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez (que sigue en el cargo), de indicar que “no había que hacer caso a las llamadas del 112, porque en un accidente de circulación llaman 50 personas”.
Pradas ha insistido en que el “mando único” del Cecopi se sostenía sobre un comité de dirección en el que estaba integrada la delegación del Gobierno, según fuentes judiciales. En varios momentos de su relato, la exconsellera ha detenido su declaración a causa de las lágrimas y ha relatado que ella no tenía experiencia en la gestión de emergencias. En este sentido, Argüeso, ha añadido posteriormente, que ambas dirigentes “daban órdenes” e incluso el 75% de los técnicos del Cecopi son de la administración de Estado.
Mando único
Argüeso destaca que la delegada del Gobierno tanto Pradas como Bernabé daban órdenes
Ante la jueza, la extitular de Justicia e Interior ha explicado que era la primera vez que hacía frente a una emergencia de este tipo y que llevaba solo tres meses al frente del cargo. Pradas ha señalado que en materia de emergencias solo tenía un cargo “institucional” y que existían órganos técnicos con los funcionarios correspondientes que eran quienes proponían las medidas a adoptar. Por ellos, cuando se constituyó el Cecopi había un comité asesor. La investigada ha declarado que los planes de emergencia están diseñados para una aplicación automática y no tener que estar tomando decisiones.
Experiencia
Pradas indica que era la primera vez que se enfrentaba a una emergencia de este tipo
En este sentido, ha señalado que no tenía conocimientos técnicos y que ella es licenciada en Derecho y profesora de Derecho Mercantil. De hecho, ha subrayado que los únicos que no tenían experiencia en el Cecopi era ella y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Así, ha enfatizado que ella no tenía ningún asesor en materia de emergencia.
Pradas ha defendido la existencia de un comité de dirección colegiada y coordinada formado por un representante de ambas administraciones. También ha apuntado la investigada que los Ayuntamientos tienen sus planes de emergencia para hacer frente al riesgo de inundaciones. Y ha reseñado que la Generalitat avisó a los consistorios conforme marca el plan. Hacer frente a una emergencia de tal calibre no dependía de una simple decisión de una persona, ha enfatizado.
Responsabilidades
Pradas apunta a Basset como director del Puesto de Mando: tenía que recomendar las medidas de protección
Respecto a los técnicos, ha indicado que el director del Puesto de Mando Avanzado era desde donde se dirige el operativo técnico, era el jefe de bomberos, José Miguel Basset. A él, según Pradas, le correspondía recomendar las medidas de protección más idóneas para la protección de la población. A Basset también lo ha señalado Argüeso, que le ha dicho a la jueza que se enteró de que no había bomberos vigilando los barrancos dos semanas después. Ha sido entonces cuando ha apuntado a Basset por la orden de retirar a los bomberos a las tres de la tarde, de la que asegura que no fueron informados.
La exconsellera ha indicado que era la Confederación Hidrográfica del Júcar la que debía haber desempeñado un papel de vigilancia de los cauces de su demarcación y de avisar de cualquier incremento alarmante de caudal. En respuesta a su abogado, la extitular de Emergencias ha explicado que se enteraron por el desbordamiento del Magro por el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, no por la CHJ.
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Pradas ha insistido que durante la tarde del 29 en el Cecopi no se habló nunca del barranco del Poyo. La exconsellera ha subrayado ante la jueza que ni la delegada del Gobierno y el presidente de la CHJ, Miguel Polo, estuvieron presencialmente en la reunión del Cecopi.
También ha señalado, a preguntas de su abogado, que aunque fue una catástrofe enorme e imprevisible, las obras en el barranco del Poyo hubieran podido mitigar las consecuencias de la terrible dana. Además, ha puesto encima de la mesa que las llamadas al 112 no llegaron al Cecopi.
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La investigada ha aportado a la jueza un listado con las llamadas realizadas durante la catástrofe. Ya lo hizo hace unos días Emilio Argüeso. Y eso que la magistrada de Catarroja desestimó la petición de una de las partes de pedirle a la Generalitat Valenciana el listado telefónico de los dos altos cargos imputados.
