El conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, ha manifestado este miércoles que “el arte no puede utilizarse para generar odio ni linchamientos”, en referencia a un polémico grafiti expuesto en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV). La obra, creada por un alumno de máster, muestra al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, vestido con un mono de preso y sosteniendo un cartel con el número 228 —en alusión a los fallecidos por la DANA del 29 de octubre—, bajo la consigna “A presó” (“A prisión”).
Rovira calificó la pieza como “un ataque intolerable” y subrayó que “la libertad de expresión nunca puede ir contra valores como el respeto y la tolerancia”. “Hay una línea entre libertad de expresión y el linchamiento personal que debe estar clara”, añadió, instando a “rebajar la polarización” y recordando que las instituciones educativas deben promover la convivencia. Fuentes de la UPV han defendido que la libertad de expresión prevalece sobre cualquier otra consideración.
El PP critica la exposición de la obra en una universidad pública, denunciando la “banalización del dolor”
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se sumó a las críticas, tachando la obra de “claramente sectaria e ideológica” y denunciando que “genera crispación, odio y rencor en un momento en que debemos estar unidos”. Por su parte, el secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, acusó a la universidad de permitir “la banalización del dolor y la politización del arte”, y afirmó que los campus “no son trincheras ideológicas para el linchamiento político”.
La obra forma parte de la PAM!25 XIII Muestra de Producciones Artísticas y Multimedia, que reúne un centenar de trabajos estudiantiles. Pérez Llorca cuestionó su ubicación en el hall principal de la facultad, lo que, a su juicio, revela una “intencionalidad política”. “Pintar a un presidente democrático como un preso no es arte, es manipulación”, sostuvo, alertando sobre el papel de las instituciones públicas en la polarización social.
La polémica reabre el debate sobre los límites del arte y la libertad de expresión, mientras el PP exige reflexión sobre el uso de espacios académicos para mensajes que, consideran, vulneran el Estado de Derecho.