La Red de Atención a Personas sin Hogar (Rehapsa) celebró ayer una asamblea para analizar la presión que el ayuntamiento de Alicante está realizando en las últimas semanas sobre su actividad, tal como informó ayer este diario. Las oenegés agrupadas en el colectivo acordaron solicitar reuniones a las concejalías de Bienestar Social y Seguridad del Ayuntamiento, a la Subdelegación del Gobierno y al Síndic de Greuges, en los dos primeros casos para que aclaren el motivo por el que las autoridades han optado por la vía de las sanciones y las advertencias contra una actividad que llevan ejerciendo muchos años, hasta 16 en algún caso. En el caso del Síndic se espera que cumpla su función de mediador entre la ciudadanía y las instituciones.
La portavoz de Rehapsa recuerda que la actividad se ha venido desarrollando durante años con normalidad, incluso con la colaboración esporádica de la Policía Local, por lo que no se comprende el cambio de actitud que las diversas asociaciones han detectado. Son entidades sociales que hacen su trabajo, están en el registro de entidades de interés para el Ayuntamiento, haciendo una labor que llevan 16 años haciendo y, de pronto, desde enero, se están recibiendo presiones de que esto no gusta, y hay que tener en cuenta que hablamos de personas que son voluntarias, no son profesionales, son ciudadanos de Alicante que dedican su tiempo libre ayudar a otros ciudadanos que están en muy mala situación“.
“Desde enero, se están recibiendo presiones de que esto no gusta”, dice Rehapsa
Al respecto, Manolo Copé, concejal de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, declara que “nos parece absolutamente inaceptable que el Ayuntamiento de Alicante, en lugar de reforzar los servicios sociales o trabajar junto al tercer sector para atender la emergencia habitacional y alimentaria, esté utilizando a la Policía Local para hostigar a quienes están en primera línea ayudando a las personas sin hogar. Reaccionar con multas y presiones contra la solidaridad es una señal de decadencia moral institucional.”
“Denunciamos esta deriva autoritaria que criminaliza la pobreza y a quienes luchan contra ella”, añade el edil, “mientras aumentan los desahucios, las listas de espera para ayudas municipales o la gente durmiendo en la calle, el equipo de gobierno municipal solo pone trabas a quienes alimentan, acompañan y dignifican a los últimos.”
Lo que debería hacer el Ayuntamiento es garantizar comida, techo y derechos. Repartir alimentos no es delito, lo que es indecente es mirar hacia otro lado ante el sufrimiento humano.”
“Exigimos al alcalde Luis Barcala y al concejal de Seguridad que den explicaciones públicas y cesen esta campaña de acoso. Lo que debería hacer el Ayuntamiento es garantizar comida, techo y derechos. Repartir alimentos no es delito, lo que es indecente es mirar hacia otro lado ante el sufrimiento humano.”
“Estaremos al lado de las organizaciones solidarias como Cáritas, ReAcción Solidaria y tantas otras, porque su labor suple muchas veces lo que las administraciones no están haciendo. En vez de perseguirlas, habría que agradecerles su trabajo y ofrecerles espacios seguros y recursos para seguir ayudando.”