La jefa del Servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana declaró este martes ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre, un episodio que se saldó con 228 fallecidos, y confirmó que los bomberos forestales fueron movilizados antes del mediodía, a las 12:48, para controlar puntos críticos como el barranco del Poyo, en Torrent, Paiporta y Picanya. Sin embargo, admitió no saber quién ordenó su retirada posterior ni en qué momento exacto se produjo, un vacío documental que abre nuevos interrogantes en una investigación judicial aún pendiente de esclarecer responsabilidades.
La declaración se ha realizado esta mañana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, a cargo de la magistrada que lleva el caso, en el que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. La testigo, que no participó directamente en la coordinación aquel día, consultó durante su testimonio las anotaciones del sistema CoordCom —la plataforma digital que registra las actuaciones del 112— y detalló que a las 12:48 horas ya se había desplegado a los efectivos en los cauces del Magro y del Poyo.
Los efectivos fueron enviados al barranco del Poyo tras activarse la alerta hidrológica
Según explicó, la movilización se produjo tras activarse la alerta hidrológica por parte de la Generalitat, y fue entonces cuando se solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos que designara las unidades específicas. No obstante, la jefa de Emergencias aseguró desconocer quién introdujo esos datos en el sistema, ya que solo consta que la anotación fue realizada por la Sala de Emergencias.
Uno de los puntos clave de la investigación es determinar por qué los bomberos abandonaron el barranco del Poyo horas antes de que se desbordara, un hecho que pudo agravar las consecuencias de la riada. La testigo admitió que no hay ninguna anotación en el CoordCom sobre la retirada: ni la hora, ni el motivo, ni la persona que dio la orden. La única constancia posterior es un mensaje a las 14:09 horas, en el que el Consorcio informa de que las brigadas no podían acceder a Utiel, pero ya sin mencionar Torrent, Paiporta o Picanya.
Queda sin aclarar quién dio la orden para que los bomberos abandonaran la zona horas antes del desbordamiento
Este vacío contrasta con la versión del entonces jefe de Bomberos, José Miguel Basset, quien —según reconoció en la comisión de investigación de la Diputación de Valencia— fue quien ordenó la retirada pasadas las 14:30 horas. Basset, director operativo aquel día, justificó la decisión argumentando que el caudal del Poyo había descendido tras la alerta del mediodía y que era “la hora de comer”. Sin embargo, la declaración de este martes revela que nadie documentó esa orden en el sistema de emergencias, lo que podría apuntar a fallos en la cadena de mando.
Otro de los aspectos oscuros es el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no emitió ningún aviso sobre el desbordamiento del Poyo hasta las 18:43 horas, cuando ya era demasiado tarde. La jueza investiga si existió negligencia en la supervisión hidrológica y por qué no se alertó a Protección Civil con mayor antelación.
La jefa de Emergencias insistió en que, una vez movilizados los bomberos, no hubo más seguimiento en el sistema sobre su actuación en la zona, lo que dificulta reconstruir la cronología exacta. Este extremo podría ser clave para determinar si hubo descoordinación entre instituciones o si se subestimó el riesgo en un momento crítico.
La ausencia de registros oficiales sobre la retirada de efectivos evidencia graves lagunas en la coordinación
La tragedia del 29 de octubre sigue dejando preguntas sin resolver casi ocho meses después. La investigación judicial avanza lentamente, con declaraciones como la de este martes que confirman movilizaciones tempranas pero también graves lagunas en el registro de decisiones.
Mientras, los familiares de las víctimas esperan que se depuren responsabilidades, especialmente ante la posibilidad de que la retirada de los bomberos privara a la zona de un dispositivo crucial en las horas previas al desastre.
El caso sigue abierto, y la jueza de Catarroja deberá decidir si los indicios apuntan a negligencia grave o si, por el contrario, las actuaciones respondieron a protocolos que, simplemente, fallaron ante una emergencia sin precedentes.