Uno de los efectos nocivos que ha tenido el pacto del PP valenciano con Vox ha sido el de debilitar las complicidades institucionales con la sociedad civil valenciana, en concreto con la patronal y los sindicatos. Dos actores fundamentales del diálogo social y que han sido determinantes en los últimos años para conformar una respuesta unitaria valenciana, ahora quebrada, en torno a la exigencia de un cambio de modelo de financiación autonómica: la Plataforma per un Finançament Just. Empresarios y representantes de los trabajadores han sabido configurar, además, una paz social junto a la Generalitat Valenciana que ha sido un referente para otras autonomías y que ha servido para convertir esta región en una zona atractiva para las inversiones, como la de PowerCO y su gigafactoria.
Salvador Navarro junto a la secretaria general de la CEV, Esther Gilabert
En tiempos de cruda polarización supone un grave error romper puentes entre la administración pública, la patronal y los sindicatos. Pero la pulsión iliberal de la derecha extrema ha logrado contaminar la acción de la Generalitat Valenciana, que gobierna el PP, ya que para garantizarse los presupuestos de 2025 ha aceptado la exigencia, entre otros, de recortarles las ayudas. Recortes que inevitablemente apuntan a la voluntad de ampliar distancias con dos partes fundamentales para un diálogo social que ha estado durante meses paralizado. Carlos Mazón ha convocado la mesa social para la próxima semana, con la intermediación de Susana Camarero, y es una buena noticia. Pero la voluntad de reanudar la conversación con empresarios y representantes de los trabajadores debería ir acompañada de aumentar recursos para quienes ayudan, entre otros, a dinamizar empresas y formar empleos.
Uno de los efectos nocivos que ha tenido el pacto del PP valenciano con Vox ha sido el de debilitar las complicidades de la Generalitat con la sociedad civil valenciana, en concreto con la patronal y los sindicatos”
Al discurso que ayer realizó Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, CEV, poco se le puede objetar. Criticó la falta de consenso entre el PP y el PSOE para luchar juntos por la reconstrucción, volvió a exigir un cambio en el modelo de financiación, lamentó que se ponga en riesgo el diálogo social y cargó contra la polarización en la que se ha instalado la política española, y valenciana. Observó, veladamente, la tardanza en haberse convocado la mesa social y, también, que desde que fuera elegida líder del PSPV Diana Morant no se haya reunido con él. Su crítica también apunta a otra lamentable realidad: que el partidismo ha logrado dinamitar la Plataforma per un Finançament Just, el último instrumento social de unidad que quedaba activo entre los valencianos.
No deja de ser curioso que las demandas de unidad en la sociedad valenciana partan, principalmente, de los empresarios. De la CEV para, junto a los sindicatos (y Compromís), luchar por una mejor financiación y la paz social, y desde la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, el lobby que preside Vicente Boluda y del que participa Juan Roig, para reclamar la finalización de las obras del corredor mediterráneo. Es curioso porque mientras esta parte de la sociedad clama por unir fuerzas por objetivos transversales, la política se dedica, justamente, a erosionar los frágiles lazos que se han conformado en los últimos años en beneficio de todos los valencianos.
El PP valenciano, que sigue y seguirá presionado por la instrucción judicial de la dana y por el malestar social que ha generado, debería evitar espolear confrontaciones con la sociedad civil. Y el PSPV debería entender de una vez, como hemos señalado reiteradamente en esta columna, que en nada le beneficia seguir el dictado del Gobierno en asuntos en los que es necesaria la reivindicación y la exigencia, como es el cambio de modelo de la financiación autonómica y todo lo que integra (fondo de nivelación transitorio, quita de la deuda y nuevo criterio de población). Por ello, ignorar a la sociedad civil es la peor decisión que puede adoptar la política, porque sin esa sociedad civil cualquier reclamación está destinada al fracaso, más allá de ser motivo para un efímero titular de prensa.
