Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el caso azud señala que “con motivo de la operación desarrollada entre la mercantil MAI y el Ayuntamiento de Valencia, el entonces portavoz del PSPV en el Consistorio, Rafael Rubio, habría sido destinatario de una comisión por un importe que oscilaría entre 300.000 euros y 750.000 euros”. Una cuantía que varía pues, según los investigadores, “en la mayor parte de los documentos de tablas de costes se asocia a la cantidad de 300.000 euros, si bien en uno de los mostrados anteriormente las siglas 'R.R.' se vinculan con dos cuantías: 300.000 euros y 450.000 euros”.
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El escrito al que ha tenido acceso este periódico recuerda que en un informe anterior se analizó la información bancaria y tributaria de Rafael Rubio y su entorno familiar más cercano, “habiendo detectado operativas que, tanto por la fecha en la que se producen como por su propia naturaleza, serían indicativas de la percepción de esta supuesta comisión ilícita por su parte”. En este sentido, se observa un manejo por su parte de dinero en efectivo de origen desconocido y, también, su integración en el circuito financiero a través de operativas que pretendían encubrir su origen.
Rafael Rubio y su esposa alquilaron una caja de seguridad en una entidad bancaria
Así, en términos generales, desde mediados del año 2007, se observaron dos cuestiones relevantes para los agentes. Por un lado, el hecho de que el 14.08.2007, tanto Rafael Rubio como su esposa alquilaron una caja de seguridad en la sucursal de BBVA sita en la Plaza del Ayuntamiento núm. 9 de Valencia. Por otro que, de forma simultánea, se produjo un cambio en la dinámica de movimientos de las cuentas bancarias del que ha sido considerado el núcleo familiar de Rafael Rubio, comenzándose a observar que, a partir del segundo semestre del año 2007, se llevan a cabo en estas cuentas bancarias un gran número de imposiciones en efectivo.
Imagen del informe con el apunte de 300.000 euros para R.R. que los investigadores atribuyen a Rafael Rubio.
La investigación de la UCO señala que “en muchos de los casos, las visitas a la caja de seguridad coinciden temporalmente con el inicio de una secuencia de ingresos de efectivo en los productos bancarios titulados por el matrimonio”.
Por aquel entonces, Rubio era el portavoz del principal partido de la oposición. El informe recoge una rueda de prensa en la que denunciaba el supuesto trato de favor dado a CVC por parte del consistorio valenciano, centrada esencialmente en la operación de permuta que, entre los años 2001 y 2002, se produjo entre la sociedad y el consistorio.
Tras una denuncia pública de Rubio, las reuniones del portavoz del PSPV con el empresario imputado y presunto autor de los pagos se multiplicaron
Tan solo unos días después se produjo una reunión entre el empresario Jaime Febrer, el empresario imputado en la causa y supuesto pagador de las comisiones, y el propio Rubio. Esta fue la primera de muchas de las reuniones que, a partir de entonces, ambos mantuvieron.