El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asistido esta mañana por sorpresa a la reunión ordinaria de subsecretarios y secretarios autonómicos previa al pleno del Consell, donde ha urgido a todos los departamentos a elaborar un plan exhaustivo de revisión del gasto público. La medida, calificada como “extraordinaria”, busca optimizar los recursos ante lo que el ejecutivo autonómico denomina una “estrategia de asfixia” por parte del Gobierno central, que mantiene en vilo la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, vigente durante los últimos 13 años para compensar el déficit estructural de la Comunitat Valenciana.
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El jefe del Consell ha exigido a los distintos equipos de las Consellerias presentes en la reunión que, antes del próximo lunes, planteen medidas concretas centradas en seis ejes prioritarios:
Plan de Patrimonio: Racionalizar y rentabilizar los bienes inmuebles de la Generalitat, con posibles ventas o reconversiones de activos infrautilizados.
Control del absentismo y horario laboral: Implementar mecanismos estrictos para garantizar la productividad en el sector público.
Sector público instrumental: Eliminar duplicidades y suprimir cualquier gasto “superfluo” en empresas y fundaciones dependientes.
Comité de Seguimiento con Hacienda: Crear un órgano permanente con las consellerias de mayor peso presupuestario para monitorizar desviaciones y asegurar eficiencia.
Revisión de subvenciones: Revaluar criterios de concesión para priorizar proyectos estratégicos.
Digitalización: Aprovechar la tecnología para reducir costes administrativos.
La premura de la propuesta, han explicado fuentes del Consell a este periódico, responde a un escenario crítico: si el Ministerio de Hacienda no aprueba el FLA el próximo 7 de julio –fecha reclamada también por sindicatos y empresarios–, la Generalitat se verá obligada a activar este plan de contingencia para evitar el colapso financiero.
Si el Gobierno no activa el FLA, el Consell tendrá que activar este plan de contingencia
El FLA ha sido históricamente un salvavidas para comunidades como la Valenciana, que arrastra un déficit crónico debido a un sistema de financiación que, según el Consell, no cubre sus necesidades reales. Solo en 2023, la autonomía recibió 2.800 millones de euros a través de este mecanismo. Su incertidumbre este año ha encendido las alarmas, especialmente tras las tensiones entre el gobierno autonómico y el central por la negativa de Madrid a comprometer los fondos.
“Es inaceptable que se utilice la liquidez como arma política”, ha declarado un alto cargo de la Generalitat bajo anonimato. “Sin el FLA, nos enfrentamos a impagos a proveedores, paralización de servicios esenciales y un golpe a la recuperación económica”.
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Entre las opciones que se barajan destacan ajustes en contratación pública, congelación de plazas no esenciales y restricciones a viajes institucionales. El capítulo de personal –que absorbe el 40% del presupuesto– será uno de los más escrutados, con planes para combatir el absentismo mediante controles biométricos y auditorías sorpresa.
El sector público instrumental, con más de 200 entes dependientes, también está en la mira. Fuentes internas adelantan que se estudia fusionar organismos con funciones solapadas y suprimir aquellos “sin impacto social demostrable”.
Mazón ha evitado hablar de “recortes”, insistiendo en que se trata de “eficiencia”.
El Comité de Seguimiento, que incluirá a Economía y Sanidad –las consellerias con mayor déficit–, empezará a operar la próxima semana. Su primer informe determinará si la Generalitat puede mantener servicios como educación o dependencia sin el FLA.
El presidente autonómico ha evitado hablar de “recortes”, insistiendo en que se trata de “eficiencia”. Pero el mensaje es claro: si Madrid no cede, Valencia se prepara para lo peor. La bola de nieve de la infrafinanciación, advierten, podría convertirse en avalancha.
