La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, imputaada por su gestión durante la catastrófica dana del 29 de octubre de 2019 que causó 228 muertes en la provincia de Valencia, ha ampliado su queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza instructora de Catarrooja. El equipo jurídico de Pradas, representado por el despacho Kepler-Karst Law Firm, acusa a la magistrada de lesionar el derecho de defensa al denegar la transcripción íntegra y literal de la declaración que la exconsellera prestó el pasado 11 de abril, un interrogatorio que se prolongó durante casi tres horas y en el que respondió a unas 140 preguntas.
Según un comunicado de la defensa, la transcripción oficial facilitada se limita a un resumen de solo 10 folios, donde se omiten las preguntas formuladas, así como “determinadas citas legales y matices presentes en las respuestas”, aspectos que consideran “relevantes” para su estrategia procesal. Esta denegación, argumentan, supone una vulneración del derecho a un proceso justo, ya que impide contrastar la exactitud de lo declarado y preparar adecuadamente la defensa.
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La ampliación de la queja también incluye una dura crítica a la decisión de la jueza de abrir un plazo para que las acusaciones populares y particulares expongan los indicios de culpabilidad contra Pradas y el otro investigado, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. La defensa alega que este trámite carece de fundamento legal en la fase de instrucción, ya que previamente ya se había concedido un plazo de 15 días para pronunciarse sobre la agrupación de las casi 40 acusaciones presentadas en la causa.
“Esta actuación puede conllevar un juicio anticipado de culpabilidad impropio de la fase de instrucción”, denuncia el equipo jurídico de Pradas, que considera que la medida busca condicionar el procedimiento antes de que se hayan evaluado todas las pruebas.
Esta nueva protesta se suma a la presentada el 14 de mayo de 2025, en la que la defensa ya denunció ante el CGPJ lo que calificó como “graves irregularidades” en la instrucción, que a su juicio “vulneran derechos fundamentales y ponen en cuestión la equidad del proceso”.
La ampliación de la queja busca que el CGPJ supervise la actuación judicial
La ampliación de la queja busca que el CGPJ supervise la actuación judicial y garantice que el caso se tramite con las debidas garantías. De no prosperar estos recursos, la defensa de Pradas podría recurrir a instancias superiores, incluido el Tribunal Constitucional, al considerar que se está produciendo un “efecto acusatorio prematuro” que perjudica la presunción de inocencia.
El caso, que sigue en fase de instrucción, podría prolongarse meses antes de llegar a juicio, mientras las víctimas y la opinión pública valenciana siguen exigiendo responsabilidades por una de las mayores tragedias naturales de la década.