La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado solicita una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig -hermano del expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig- por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones para empresas de comunicación. Asimismo, para su socio, Juan Enrique Adell Bover, propone una condena de tres años de cárcel.
La Fiscal encargada del caso afirma en el escrito de acusación dirigido por el Ministerio Público al Juzgado de Instrucción número 4 de València, al que ha tenido acceso este diario, que, en el caso de Francis Puig, procede imponer, por el delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, cuatro años de prisión y multa de diez meses, -a razón de 20 euro por día- e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con la responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago de la multa.
Acusa a Francis Puig de un delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada
Para Adell Bover, la solicitud es, por delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con otro de estafa agravada por cooperación necesaria, de tres años de prisión y multa de diez meses a razón también de 20 euros por día.
El pasado mes de enero, el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia dictó el auto por el que acordaba procesar a Francis Puig y Juan Enrique Adell Bovell, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se investigan subvenciones públicas para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL (administrada también por el primero de ellos) entre los años 2015 y 2018.
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El magistrado considera, a partir de la instrucción llevada a cabo, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental. La resolución descarta expresamente la comisión del delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida por los investigados y sus sociedades, en torno a unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
Según el auto de incoación de procedimiento abreviado, el magistrado señala que “las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover”.
La resolución judicial detalla los indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.
La Fiscalía detalla facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y actividades carentes de cualquier tipo de relación con la subvención
La causa se ha centrado en las ayudas concedidas por ambas instituciones autonómicas a las empresas Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat. En el caso de la Generalitat valenciana, las ayudas iban dirigidas a la protección y difusión del valenciano, mientras que en el de la Generalitat Catalunya el objeto era otorgar subvenciones estructurales para la prestación de servicios en legua catalana o aranesa.
Reacciones
Tras conocerse el escrito fiscal, el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha señalado que la Justicia hará “lo que tenga que hacer”. Frente a otros momentos en los que ha defendido la gestión de estas ayudas, Muñoz se ha limitado a señalar que el PSPV “será respetuoso con la resolución judicial y no intentará recusar al juez”. En este sentido, ha querido subrayar que “la administración valenciana no tiene ningún cargo procesado por lo que se puede decir que tiene cero casos de corrupción”. Una circunstancia que, ha añadido, “no puede decir el PP con Olivas y Zaplana condenados, al igual que algunos consellers de Camps”. Por lo que ha trazado una “gran diferencia entre los gobiernos de Lerma y Puig con los Gobiernos del PP”. Para rematar, Muñoz ha pedido esperar a la sentencia porque, ha recordado, “no es la primera vez que se piden condenas y el juez dice lo contrario”.
Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que “la pasta que supuestamente chorizaba de la Comunidad Valenciana era para líneas de ayudas al valenciano”. Por ello, el mandatario popular ha señalado que también habrá que pedir responsabilidades políticas. En esta línea, ha acusado a Compromís, que en aquel momento ostentaba la Conselleria de Educación, de ser “cómplice de la corrupción”. Pérez Llorca ha señalado que los nacionalistas requirieron que la devolución de las ayudas cobradas con facturas falsas fuera de plazo. “Además de la gravedad de la petición de cárcel, también es grave la irresponsabilidad del Gobierno de Ximo Puig y de Compromís”.
El PP pide que se asuman responsabilidades políticas y el PSPV señala que ningún cargo público está acusado
La calificación de la Fiscalía ha cogido a los partidos en pleno Junta de Síndics. La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro se ha escudado precisamente en no conocer la noticia para no hacer una valoración más allá de que “obviamente no hay que mirar el Gobierno o el partido que hay detrás y la Fiscalía y la Justicia tiene que actuar ante posibles ilegalidades”. Tampoco tenía conocimiento el síndic de Vox, José María Llanos, que solo ha apuntado que le parece curioso que quienes hablar de la unidad de la lengua recibieran subvenciones por el valenciano y por el catalán, en referencia a que las empresas del entramado lograron ayudas de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat Valenciana.
