El ha apuntado hoy contra la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, acusándola de “inadmisible negativa” a cumplir con una resolución del Síndic de Greuges. Esta decisión, según el PSPV, llevará a la consellera a ser incluida en la “lista negra” de entidades que se niegan a colaborar con la institución estatutaria.
La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha salido al paso de las acusaciones, tachando las declaraciones del PSPV de “manipulación” y de “ruido mediático”. En un comunicado, el departamento de Camarero ha asegurado que garantiza “siempre” la protección de los menores tutelados, “cumpliendo rigurosamente con la instrucción en vigor que la regula”.
El PSPV afirma que el Sindic de Greuges ha puesto a Camarero en su “lista negra”
El origen de esta disputa se remonta a un vídeo difundido en redes sociales el pasado diciembre, en el que la vicepresidenta Camarero aparecía junto a menores tutelados durante una visita a un zoológico. Las imágenes, posteriormente borradas, provocaron la denuncia del PSPV ante el Síndic de Greuges y el Observatorio de la Infancia y Adolescencia, alegando la “desprotección” de los menores.
En su resolución, el Síndic de Greuges afirmaba las imágenes no solo “vulneraron el derecho a la propia imagen”, la “protección de datos personales” y la “intimidad” de los menores, sino que también recomendó a la Generalitat la elaboración de un protocolo para “reforzar la protección” y evitar futuros incidentes.
Sin embargo, según el Síndic, la Conselleria liderada por Camarero no ha respondido al requerimiento en el plazo de un mes estipulado. En una resolución de cierre fechada el 30 de abril, el defensor del pueblo valenciano consideró “evidente” que el departamento de Camarero “no ha dado cumplimiento” a la obligación de manifestar su postura sobre las recomendaciones.
La conselleria niega que se hayan vulnerado los derechos de los menores
El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha tildado de “vergüenza” la actitud de la consellera, que “no solo comete este error gravísimo, sino que se niega a enmendarlo y no pone en marcha un protocolo para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar”. Esta negativa, a juicio de Muñoz, sitúa a la Conselleria en la “lista negra” por su falta de colaboración.
En respuesta a la resolución del Síndic, la directora general de Infancia y Adolescencia, Angélica Such, ha explicado que la Conselleria “contestó al Síndic tanto en el escrito inicial como en el de resolución en el mes de mayo”, informando que la Instrucción 3/2023, en vigor desde junio de 2023, ya aborda la regulación de la publicación de imágenes de menores. Such ha defendido que, si bien la Conselleria considera que “en ningún momento ha existido vulneración alguna de los derechos de los menores”, su voluntad es evitar cualquier acción que pueda generar controversia.
La Conselleria ha acusado al PSPV de “tergiversar” las resoluciones del Síndic y ha asegurado que están trabajando en la **actualización de instrucciones y protocolos** para “elevar al máximo nivel cualquier actuación que pueda dar lugar en el marco de las nuevas tecnologías y medios”.
El cruce de acusaciones no se ha limitado al caso del vídeo. Desde el PP, la portavoz de Política Social en Les Corts, Elena Bastidas, ha lamentado “el intento del PSPV de dar lecciones de protección de la infancia” al Consell, recordándoles el “episodio más vergonzoso de desprotección de menores en la Comunitat, el caso Oltra”.
Elena Bastidas, ha lamentado “el intento del PSPV de dar lecciones de protección de la infancia”
Bastidas ha acusado a Muñoz de “manipular y tergiversar” y ha insistido en que “quien tapó abusos a menores tutelados no está legitimado para dar lecciones al actual Consell”. A su juicio, el PSPV es la “auténtica lista negra de la vergüenza en la Comunitat Valenciana”.
Por su parte, Angélica Such ha reprochado al anterior gobierno del Botànic la “dejadez” en la inversión y en la garantía de los derechos de los menores. Ha denunciado que “desde 2018 hasta 2023 el Botànic no elaborara el protocolo para la detección de las situaciones de riesgo de los menores”, a pesar de ser una obligación legal.
En medio de la polémica, la Conselleria ha querido recalcar su compromiso con la infancia. Angélica Such ha destacado el “arduo trabajo de desarrollo normativo para ampliar la protección de los menores”, la **inversión “como nunca antes se había hecho” de más de 18,34 millones de euros** en centros de menores y el avance hacia un modelo “familiar, no residencial”.
La directora general ha señalado que, gracias a los nuevos planes de promoción, se ha logrado “el mayor número de acogimientos y adopciones de la historia, incrementándose el número de adopciones en un 21%”. También ha mencionado el aumento de las ayudas económicas para las familias de acogida y la ampliación de las deducciones fiscales.
La polémica sigue abierta. Mientras el PSPV acusa a la Generalitat de falta de colaboración y de poner en riesgo a los menores, el Consell se defiende y acusa a la oposición de instrumentalizar la situación, recordándoles los casos del pasado. Lo que está claro es que el bienestar y la protección de los menores tutelados se han convertido en un tema central del debate político en la Comunitat Valenciana.