El Consell de la Generalitat Valenciana elevará una petición de suspensión cautelar ante los tribunales contra cualquier norma o decisión del Gobierno de España que pretenda imponer el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La medida, anunciada este martes de forma contundente por la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, surge como respuesta a la “improvisación” y la falta total de información por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el mecanismo de distribución. “No tenemos instalaciones, ni personal ni financiación para poder acogerlos”, ha alertado.
Camarero, que también es consellera de Servicios Sociales, cargó con dureza contra la gestión central, afirmando que la “incapacidad” de Sánchez para diseñar una política migratoria coherente está llevando al sistema de protección de menores valenciano al límite, sin permitirle una planificación efectiva. “Mal podemos planificar si desconocemos cuál es la estrategia del Gobierno”, declaró en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consell.
Mal podemos planificar si desconocemos cuál es la estrategia del Gobierno”
El conflicto se centra en la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales de redistribuir hasta 4.000 menores que actualmente se encuentran en situación de alta presión, principalmente en Canarias. De esa cifra, 571 están asignados provisionalmente a la Comunitat Valenciana. Sin embargo, Camarero denunció que sobre ese número no hay detalle alguno: “No sabemos ni cuántos ni cuándo ni qué menores nos van a trasladar”. La vicepresidenta expuso que desde la Generalitat se desconoce la edad de los menores, su género, si presentan alguna discapacidad, enfermedad o necesidad específica, lo que hace imposible adecuar los recursos existentes.
La portavoz del Govern valenciano fundamentó su oposición en datos concretos sobre la saturación del sistema autonómico. Afirmó que la red de acogida valenciana está actualmente “al 160% de su capacidad”, con cerca de 500 menores migrantes no acompañados bajo su tutela, frente a las tan solo 319 plazas disponibles oficialmente. Además, destacó que durante los meses de verano la llegada de menores, tanto por vía marítima en patera como mediante traslados desde otras autonomías, no ha cesado, incrementando aún más la presión.
Camarero informa que tienen 500 menores inmigrantes ya y solo disponen de 319 plazas
Camarero insistió en que el problema no es de “falta de solidaridad”, sino de “falta de medios”. “No tenemos posibilidad de atender a estos menores con la calidad que exige el sistema de protección”, sentenció. Explicó que, tras reunirse con las entidades colaboradoras que gestionan los centros de menores, estas le han trasladado que no disponen ni de ubicaciones físicas para alojar a más niños ni, lo que es más grave, del personal necesario para garantizar su correcta atención.
Otro pilar de la crítica es la financiación. Camarero lamentó que “el Gobierno de España no nos da” el presupuesto necesario para hacer frente a esta situación, trasladando la responsabilidad económica a las autonomías sin dotarlas de recursos. “No van a dejar que por la incapacidad de Sánchez de hacer una política migratoria que frene esta crisis migratoria, la Comunitat Valenciana falle en la protección de sus menores”, advirtió.
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Para ilustrar lo que calificó como “auténtico fracaso” de la política migratoria central, la vicepresidenta se refirió al caso de los más de 1.200 menores solicitantes de asilo que permanecen en Canarias, cuyo traslado a la península fue ordenado por el Tribunal Supremo. “El Gobierno, con todos los medios y con toda la capacidad que tiene, solo ha sido capaz de llevar a la península aproximadamente 15”, criticó. Acto seguido, se preguntó: ”¿Cómo pretende entonces que las comunidades autónomas acojamos a 4.000?”.
Acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de intentar que las autonomías hagan el trabajo que a él le corresponde, eludiendo sus competencias. “El Gobierno no puede trasladar la política migratoria y la responsabilidad de la política migratoria a las comunidades autónomas”, afirmó.
El Gobierno no puede trasladar la política migratoria y la responsabilidad de la política migratoria a las comunidades autónomas”
Finalmente, Camarero hizo un llamamiento a la negociación y al diálogo, pidiendo al Gobierno central que deje de actuar “por libre” y “de espaldas” a las autonomías y que se siente con ellas para “planificar bien” un asunto de tanta envergadura y sensibilidad. Mientras esa planificación conjunta y detallada no exista, la Generalitat Valenciana se prepara para la batalla legal para paralizar cualquier traslado que considere improcedente y potencialmente lesivo para el sistema de protección de menores.
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