La jueza instructora de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado a la Generalitat Valenciana un informe detallado sobre el número de alertas rojas decretadas y los mecanismos de emergencia activados en la última década. Esta decisión, plasmada en dos providencias notificadas este miércoles y hechas públicas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), busca establecer un marco comparativo para evaluar la respuesta de las autoridades ante la catástrofe que se saldó con 228 fallecidos.
La solicitud de información, que constituye una diligencia de investigación clave, se realiza a instancias de la defensa de la exconsellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Salomé Pradas, una de las principales investigadas en la causa junto a su exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada requiere concretamente que el ejecutivo autonómico facilite “el número de alertas rojas decretadas en los últimos diez años y los Cecopis (Centros de Coordinación Operativa Integrada) convocados tras dichas alertas” para dirigir las emergencias.
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El objetivo de esta petición es crucial: determinar si el protocolo de activación del Cecopi –el dispositivo de máximo nivel para gestionar crisis– seguido durante la dana de 2024 se ajustó o se desvió de la praxis habitual en situaciones de alerta roja precedentes. La defensa de Pradas argumenta que una perspectiva histórica es esencial para valorar si las decisiones tomadas fueron negligentes o, por el contrario, se enmarcaban dentro de los procedimientos establecidos.
En paralelo, la jueza Ruiz Tobarra ha abierto otro frente procedural al solicitar a todas las partes personadas en la causa –acusaciones y defensas– que se pronuncien sobre una posible prórroga de la instrucción por un período de seis meses más. El plazo actual para la investigación vence el próximo 30 de octubre, apenas un día después de conmemorarse el primer aniversario de la tragedia. La complejidad del caso, con centenares de víctimas y una ingente cantidad de documentación por analizar, hace previsible que las partes accedan a esta ampliación para garantizar una investigación exhaustiva.
Otra de las decisiones destacadas de la magistrada atiende a una cuestión lingüística que ya ha surgido en declaraciones anteriores. Debido a que varios letrados de las defensas y acusaciones particulares, procedentes de Madrid, han manifestado no entender el valenciano –como ocurrió durante la declaración testifical del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó–, la jueza ha ordenado la designación de un intérprete oficial de valenciano para las próximas sesiones testificales. Esta medida garantizará que los testigos valencianoparlantes, como los que declararán en las fechas fijadas (10 y 19 de septiembre, y 3 de octubre de 2025), puedan hacerlo en su lengua materna sin que se vea comprometido el derecho de defensa o la comprensión de todas las partes.
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Las providencias también concretan las citaciones de nuevos testigos. La más relevante es la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, citado a declarar el próximo 19 de septiembre. Su testimonio se considera crucial para esclarecer la gestión de los embalses y los sistemas de información hidrológica en las horas previas al desastre.
Además, declararán como testigos un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (el 10 de septiembre) y un **técnico forestal del mismo Consorcio** (el 3 de octubre). Sus declaraciones aportarán luz sobre el operativo de emergencias en el terreno durante la crisis.
Por otro lado, y en una línea de investigación separada pero vinculada, la jueza continúa recibiendo las declaraciones de testigos y perjudicados relativas a las piezas judiciales abiertas por cada uno de los 228 fallecidos. Estas comparecencias, que desde este mes se realizan en los juzgados de Catarroja, se sucederán a lo largo de septiembre.
No todas las peticiones de la defensa de Salomé Pradas han sido aceptadas. La magistrada ha denegado expressis verbis requerir los pliegos de condiciones para la adjudicación del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de la CHJ. En su providencia, argumenta que dicha documentación “no posee relación con el objeto de la investigación” y que “al objeto de conocer la información disponible no es preciso acceder a los requisitos de la contratación administrativa del servicio”.
La investigación, que sigue su curso de forma meticulosa, avanza así hacia una fase comparativa y documental, buscando en el historial de emergencias de la Generalitat un patrón que ayude a discernir entre una tragedia imprevisible y una gestión potencialmente culpable.
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