La Plataforma per un Finançament Just, una mesa social y política transversal que unía a partidos políticos (con la excepción de Vox), patronal y sindicatos, convocando incluso manifestaciones en València y actos en Madrid, ha entrado en dique seco, con la posibilidad de que no vuelva a reactivarse a corto plazo. En otras palabras, la única plataforma que existía en la Comunitat Valenciana para unir a la sociedad en torno a un objetivo común —exigir un cambio de modelo de financiación y medidas paliativas transitorias— puede haber perdido, por ahora, el sentido de su existencia. El PP, partido que en sus inicios rechazó formar parte de esta Plataforma, ha intentado reactivarla desde que el PSPV se descolgó de algunas de las demandas. Pero ni la patronal valenciana (la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana) ni los sindicatos UGT y CCOO consideran que, en un contexto político tan polarizado, tenga sentido volver a convocarla y alertan del riesgo de instrumentalización.
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La Plataforma se configuró en octubre de 2017, impulsada por empresarios y sindicatos, con el aliento de la Generalitat presidida por Ximo Puig y con PSPV y Compromís como miembros destacados. Gobernaba en España Mariano Rajoy, y la organización convocó ya el 18 de noviembre de 2017 una gran manifestación en València, con una asistencia situada entre 17.000 (Delegación del Gobierno) y 60.000 personas (organización). El PP, entonces liderado por Isabel Bonig, declinó integrarse y desde Génova se lanzaron críticas a la iniciativa valenciana. Posteriormente, en noviembre de 2021, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, la Plataforma convocó tres manifestaciones simultáneas en València, Alicante y Castellón con las mismas exigencias, una movilización encabezada por el PSPV con Ximo Puig al frente.
La demanda principal era la de un cambio del modelo de financiación autonómico, caducado desde 2014, para paliar la situación valenciana. Se incorporaban también otros dos aspectos clave: una quita de la deuda de la Generalitat —hoy por encima de los 60.000 millones de euros (unos 60.368 millones en el primer trimestre de 2025)—, de la que diversos estudios del IVIE atribuyen en torno al 70% a la infrafinanciación; y un fondo de nivelación transitorio en torno a 1.200 millones anuales (1.183 millones en 2024) para corregir el déficit hasta que se acuerde un nuevo modelo, con una senda 2024–2027 próxima a 7.100 millones. Un dato importante: en julio de 2021, el PP valenciano, ya con Carlos Mazón como presidente, acordó incorporarse a la Plataforma.
El PP de Bonig rechazó estar en la plataforma, ya con Mazón los populares se incorporaron
Sin embargo, la frágil arquitectura de esta mesa social y política quedó fracturada en septiembre de 2024 —con fecha señalada el 27/09/2024— cuando el PSPV se opuso a exigir el fondo de nivelación, aunque sí apoyaba la quita de la deuda. Patronal y sindicatos, así como Compromís, lamentaron la posición socialista porque, a su juicio, rompía la unidad en torno a los ejes que habían sostenido la Plataforma y, con ella, la principal palanca unitaria para presionar al Gobierno. La postura del PSPV llegó poco después de que Diana Morant asumiera la secretaría general del partido. Desde entonces, la Plataforma no se ha vuelto a convocar, pese a que el PP lo ha solicitado reiteradamente a la patronal y a los sindicatos.
Desde la Generalitat Valenciana se critica que patronal y sindicatos no quieran ahora convocarla, mientras que empresarios y representantes de los trabajadores replican que el PP pretende usarla en beneficio propio. En el PSPV tampoco hay, por ahora, interés en reabrir esta mesa, y se interpreta que Carlos Mazón desea activarla para disponer de un elemento más de confrontación con el Gobierno. Los socialistas apoyan sin fisuras la propuesta de quita de la deuda pactada con ERC dentro de la negociación para una “financiación singular” en Catalunya, propuesta que cuenta con el rechazo del PP valenciano y del PP estatal; es probable que las autonomías gobernadas por este partido acaben rechazando la quita. La Plataforma queda, en este contexto, no solo desactivada, también sin motivación para reanudar su actividad. Mientras, el Gobierno no ha presentado un proyecto cerrado de reforma del modelo de financiación, y la ministra Diana Morant ha pedido “rebajar las expectativas”, subrayando que no depende solo del Ejecutivo, sino también del PP y del criterio de las autonomías. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo tampoco ha detallado una propuesta definitiva: entre las autonomías del PP coexisten posiciones divergentes —unas, como Madrid y territorios más despoblados, reticentes a alterar el statu quo; otras, como Murcia o Andalucía, partidarias de mejoras en el sistema—.
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Queda Compromís, formación en la que sus dos partidos principales, Més Compromís e Iniciativa, mantienen posiciones diferentes sobre las acciones del Gobierno respecto a la financiación. Més exige ahora que el Gobierno atienda la exigencia valenciana, y critica el cálculo de la quita de la deuda, mientras Iniciativa elude la crítica. Con lo que la división política en la Plataforma pel Finançament Just es total.
