Miguel Polo ante la jueza: una declaración a la defensiva con muchas dudas sin resolver

A la salida del juzgado de Catarroja, exhausto tras casi ocho horas de interrogatorio y un breve receso para comer, Miguel Polo sostuvo el gesto y la tesis: “nadie podía prever lo que iba a suceder” y “no hubo apagón informativo”. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quiso apuntalarlo con una frase con la que intentaba reforzar su defensa: “El SAIH no dejó de dar información en ningún momento”. Su relato, sin embargo, es más áspero que ese enunciado terso. A preguntas del fiscal y de las acusaciones, Polo admitió que a las 18:45 supo que el barranco del Poyo llevaba un caudal descomunal —1.800 metros cúbicos por segundo— y que no lo verbalizó en el Cecopi porque, a esas alturas, “ya no se podía reaccionar”. Fue la misma sesión en la que insistió en que había pedido en dos ocasiones que se enviaran avisos masivos a la población y en la que descargó la vigilancia de los barrancos sobre la Generalitat. Entre negaciones, avisos no enviados y pantallas en negro, su testifical dibujó un mapa de responsabilidades cruzadas en la tarde más larga de la dana del 29 de octubre, la que acabó con 229 muertos.

La escena exterior —un presidente con el aliento corto, mascullando que cree que “se estaba teniendo en cuenta” lo que decía— es el telón de fondo de un relato interior mucho más complejo. En la sala, Polo rechazó de plano el concepto de “apagón informativo” y fijó el perímetro de lo que la CHJ dice, mide y comunica: “La información que damos es la pluviométrica”, subrayó, y la pone “a disposición de Emergencias”. Lo de los sensores en barrancos, remarcó, “no es la información en la que Protección Civil debe basar sus medidas”. Es un deslinde técnico con consecuencias políticas: si los barrancos no son el centro del sistema de avisos de la Confederación y el SAIH no predice, entonces la responsabilidad del seguimiento operativo recae en el Centro de Coordinación de Emergencias. O sea, en la Generalitat.

Esa idea vertebró su comparecencia. Desde seis meses antes de la dana —recordó— todos los SAIH de España vuelcan datos en una plataforma a la que acceden los centros autonómicos. La Generalitat, por tanto, leía lo mismo que él. Por eso, cuando el fiscal Cristóbal Melgarejo abrió fuego con el tramo más delicado —el “apagón” de correos automáticos entre las 16:15 y las 18:43 sobre el Poyo—, Polo eligió una justificación doble: fueron comunicaciones “redundantes” y, en cualquier caso, “no eran relevantes” porque “no había capacidad de reacción” en barrancos. El Ministerio Público le opuso el gráfico de caudales: a las 17:50 el Poyo estaba ya entre 300 y 400 metros cúbicos por segundo, superando umbrales. ¿No merecía eso ser contado? La respuesta de Polo fue la misma y sonó, a la vez, técnica y defensiva: lo relevante eran los avisos de lluvia en estaciones clave —Chiva, Riba-roja—; los registros de caudal en el sensor del Poyo, ubicado en una confluencia baja, llegan cuando aguas arriba ya hay localidades anegadas. “Los miembros del SAIH no hacen valoraciones, solo ofrecen datos”, repitió. Es decir, ese número sirve para constatar, no para decidir.

El nudo del día se retuerce en la cronología. La convocatoria del Cecopi entró a las 16:23 para comenzar a las 17:00. Polo se conectó por vía telemática y, al advertir que la reunión arrancaba centrada en Utiel-Requena, irrumpió para hablar de Forata. El jefe de Explotación del embalse advirtió entonces de que, con las entradas de agua, podría ser necesario declarar un escenario de emergencia. Ahí, dijo, pidió por primera vez un aviso preventivo a la población: subir a pisos altos, alejarse de sótanos y garajes, protegerse del golpe de ariete. No habló de evacuar —precisó—, pero la consellera de Interior, Salomé Pradas, respondió sobre evacuaciones. “Pensé: ¿por qué dice eso, si nadie ha hablado de evacuar?”, reconstruyó con perplejidad.

La reunión, según su relato, se convirtió en un engranaje que chirriaba. Hubo recesos y, para los conectados en remoto, momentos “a negro”, sin saber qué se decidía dentro. La sala —dijo— no mostraba reflejos. A las 18:00, en la antesala de la peor hora, Polo insistió por segunda vez en el aviso masivo. “Eran dos avisos de manual, y lo dije a las 18:00”, apostilló. Poco después, a las 18:43, la CHJ remitió por fin un correo automatizado con el dato de la crecida del Poyo, que a las 18:45 se confirmaría en 1.800 metros cúbicos por segundo. Y fue entonces cuando su relato abre una grieta que el fiscal exploró de inmediato: “No lo verbalicé en el Cecopi”, reconoció Polo, porque a esa hora “ya no se podía reaccionar”. Es la pieza que sostiene su negativa al apagón —“la información estaba ahí”— y que, a la vez, debilita su actuación como testigo privilegiado del desastre —“no lo dije”—. Un equilibrio que no mentiene el gesto: si no se puede reaccionar, ¿de qué sirve el dato? Si sirve para confirmar la magnitud, ¿por qué no decirlo?

La respuesta de Polo fue el mapa de prioridades de la CHJ: “Nos centramos en los grandes ríos”, Forata por encima de todo. Nunca dijo que la presa fuera a colapsar —insistió—, pero la incertidumbre era alta, con entradas de agua extraordinarias. Forata, más que el Poyo, ocupó su atención. Por eso pidió que se mandaran mensajes a Real y Montroy, “para que suban a los pisos altos”. Quiso comunicar prevención y se topó con un Cecopi que, en su versión, no tomaba decisiones. Según recordó, la consellera leyó un borrador de aviso y pidió opinión. Él, con el micrófono cerrado, dijo que no le parecía correcto, “pero que mandaran algo”. En ese tramo, un compañero del SAIH —“el jefe de área”— intervino para añadir la Ribera Baixa y l’Horta Sud a los destinos del mensaje, además de la Hoya de Buñol y la Ribera Alta. El Cecopi, dijo, terminó transmitiendo que se enviaría a toda la provincia. “Evidente que manejan información de lo que sucedía en otros sitios”, deslizó, en una frase que, paradójicamente, da oxígeno al relato de la Generalitat: el centro no estaba ciego, estaba lento.

La velocidad —o su ausencia— recorre la declaración como un murmullo. “Nuestra sorpresa fue que a las 19:00 no se había enviado ningún mensaje; en la Confederación gritamos para que lo envíen”, admitió. El ES-Alert llegó a las 20:11. Entre tanto, el Cecopi volvió a desconectarse “sobre las 19:30” y el propio Polo refiere llamadas de alcaldes a los que trató de orientar —como el de Carlet, a quien calmó diciéndole que el desbordamiento sería por la margen izquierda—, mientras los mensajes oficiales iban y venían sin una explicación clara sobre quién decidía. En esa confusión ancla otra de sus acusaciones, esta ya sin rodeos: “Ahí nadie toma ninguna decisión, nadie hace nada”. La frase se la escuchó también al secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien dice que llamó para trasladarle su desesperación. Y encaja con su apreciación sobre el mando de la sala a partir de las once de la noche: “Mazón era el que daba y quitaba la palabra, el que llevaba las riendas”. El presidente de la Generalitat, según la reconstrucción, habría asumido el control tarde, cuando la emergencia ya había escalado.

Las preguntas más incisivas del fiscal fueron regresando, como un péndulo, al paréntesis de correos entre las 16:15 y las 18:43. ¿Quién decide notificar a las 16:15 y no volver a hacerlo hasta que el Poyo explota? ¿Un técnico del SAIH? Polo esquivó nombres —habló de “tres personas”— y se mantuvo en el marco conceptual: “No era relevante” porque “no había capacidad de reacción”. En esa línea, defendió que lo que sí se envió fueron los avisos de lluvia con horizonte de una y cuatro horas en Chiva y Riba-roja, el flujo que para él es “relevante”. La Fiscalía no quedó satisfecha y le espetó la lógica de la coordinación: “Aunque a usted le parezcan redundantes, el Cecopi debe conocer todos los datos”. Pero ahí Polo tensó una vez más su argumento de fondo: la Generalitat tenía acceso a los mismos datos, el plan de emergencias marca que, desde el mediodía —alerta roja a las 10:00 y alerta hidrológica a las 12:15—, la vigilancia operativa corresponde a Emergencias. Lo que falló, vino a decir, fue la planificación. “No entiendo cómo a las 10 de la mañana, con un aviso rojo, no se había hecho una planificación. Esos datos sirven para corroborarla, no para improvisar a las 19:00”.

Ese reparto de papeles —la CHJ mide y advierte sobre lluvias y grandes ríos; la Generalitat decide sobre barrancos y población— se asentó en su defensa con ejemplos técnicos y con reproches. El sensor del Poyo, sostuvo, está en una confluencia baja, con lo que los caudales elevados allí son un espejo tardío de lo que ya ha pasado aguas arriba. Citó el barranco del Gallego y un puente arrasado antes de que el Poyo “dijera” nada. En esa lógica, si la herramienta no predice, lo decisivo no es el correo de las 17:50, sino el aviso hidráulico de mediodía y la vigilancia activa del Cecopi. Y ahí es donde su declaración se vuelve ambivalente: por un lado, cargó contra la Generalitat —“pasividad”, “parsimonia”, una consellera “que no tomaba decisiones”—; por otro, alimentó el relato de Presidencia de que el Cecopi manejaba información que llegaba de múltiples fuentes y que, con más o menos atino, iba siendo considerada. No hubo, según Polo, un vacío de datos; hubo un vacío de decisiones y, sobre todo, una tardanza imperdonable en el envío de avisos.

La secuencia política asoma por las rendijas técnicas. Polo evocó que, en plena refriega de la tarde, se escuchó a la consellera aludir a confinamientos mientras el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, le recordaba que la ley la amparaba para decidir. Entró en escena Carlos Mazón, primero “escuchando”, luego “llevando las riendas”. Y fuera del Cecopi, la jueza instruye: ha reclamado a À Punt y a Emergencias todas las grabaciones de aquella tarde y, a la productora contratada para registrar imágenes, los brutos con audio. La razón es transparente: determinar el momento exacto del ES-Alert, su contenido, el proceso de decisión y si participaron personas no designadas. Es una pista más de que la instrucción entiende que lo controvertido no es tanto la existencia de datos, sino quién los tuvo, qué hicieron con ellos y cuándo.

En esa danza de responsabilidades, hay una constante que el propio Polo dejó caer con la frialdad del ingeniero: “Yo no era capaz de prever lo que iba a suceder”. Reconoció que en la CHJ no fueron conscientes de lo que había pasado en el Poyo hasta “tarde, bien metida la noche”. Es una frase honesta y, a la vez, demoledora. Si quien monitoriza la cuenca no pudo anticipar el colapso del barranco más mortífero, la pregunta no es solo quién debía enviar avisos, sino cuán afinado estaba el sistema mismo de vigilancia y cómo se comunica su incertidumbre. Ahí aparece Forata como la obsesión justificable —una presa en tensión extrema—, pero también como el vecindario conceptual que pudo desviar la atención. Si el foco estaba en que Forata no “vertera por coronación” —Polo citó el precedente de María Cristina para explicar su inquietud—, el Poyo podía parecer un ruido de fondo. No lo era.

El testimonio del presidente de la CHJ, en suma, retrata una tarde en la que cada actor miró su pantalla y muy pocos miraron el reloj. Polo niega el apagón, y con razón si la palabra remite a un corte de datos: hubo lluvia medida y, desde las 18:43, hubo correos sobre caudales. Pero su propio reconocimiento de que no verbalizó al Cecopi el hachazo de las 18:45 porque “ya no había capacidad de reacción” coloca el debate en otro lugar: la información que llega tarde no falta, sobra. Lo que importa es el tiempo, que ahí sí parece haberse ido por el sumidero. Y cuando el tiempo se va, las instituciones dejan de hablar —o hablan demasiado bajito—. A las 19:00, según su memoria, los técnicos de la CHJ “gritaron” para que se enviara la alerta. A las 20:11 sonaron los móviles. En medio, pantallas negras y una consellera que, en palabras del testigo, “no tomaba decisiones”.

Queda la última lectura, la política. Al subrayar que los barrancos son cosa de la Generalitat y que la CHJ se centra en grandes ríos; al sostener que, desde el mediodía, el Cecopi tenía la misma información que la Confederación; al asegurar que pensó que sus recomendaciones “se estaban teniendo en cuenta”, Polo refuerza la tesis de Presidencia de que la sala disponía de datos y que el problema fue de gestión. Pero al describir la pasividad, los recesos sin explicación, la reunión a negro y el retraso del ES-Alert, dinamita la defensa de que se actuó a tiempo. A la Generalitat le sirve parte de su relato —no hubo ceguera deliberada— y la compromete el resto —hubo demora injustificable—. Es el mismo filo doble que atraviesa su propia responsabilidad: su organismo no apagó los datos, pero tampoco alzó la voz cuando el Poyo marcó la cifra que hoy es sinónimo de tragedia. No hay una sola verdad, pero sí hay un cronómetro implacable.

El Ministerio Fiscal, que interrogó a Polo con severidad, encontró en la franja 16:15–18:43 su veta de insistencia: si el Poyo superó umbrales críticos mucho antes de los 1.800 metros cúbicos por segundo, ¿por qué nadie contó esa escalada? ¿Por qué la CHJ decidió que era “redundante” comunicarlos? ¿Quién toma esa decisión en mitad de una emergencia? El presidente de la CHJ se refugió en la cadena técnica, en la naturaleza de los datos, en la lógica de los ríos frente a los barrancos. Es comprensible desde su métier, insuficiente para el lenguaje de las emergencias. Porque a veces un correo “redundante” es la única sirena disponible.

Polo negó haber dicho que Forata fuera a romperse y ahí merece el beneficio de la precisión. No agitó fantasmas, pidió prevención. Lo hizo dos veces, lo subrayó, y no fue atendido hasta que la alerta masiva llegó —demasiado tarde— a las 20:11. Mientras tanto, el Poyo ya había arrasado Massanassa, Catarroja, Paiporta, Sedaví; la llamada del alcalde de Carlet, a quien tranquilizó con un pronóstico afinado sobre por dónde desbordaría, es un fragmento casi íntimo de una tarde que pide a gritos una coreografía institucional que no existió. Cuando, mucho después, el presidente Mazón “llevaba las riendas” del Cecopi, la riada había impuesto las suyas.

No hubo apagón, repite Polo, hubo retraso. No había capacidad de reacción a las 18:45, justifica el silencio del dato. No verbalizó al Cecopi, admite. Pidió avisos por dos veces, insiste. Carga contra la Generalitat por la vigilancia de los barrancos y, al mismo tiempo, concede que el Cecopi manejaba información amplia. La pesadilla de la dana no admite un único responsable ni soporta coartadas cómodas. Lo que su declaración deja a la vista es un sistema con cierres de seguridad —alertas, plataformas compartidas, protocolos— que no suenan al mismo tiempo. Y cuando cada uno gira su llave en una hora distinta, la compuerta no se abre. Se abre el agua.