El PSPV-PSOE ha anunciado este viernes que presentará en el juzgado que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre la información relativa a los 37 usuarios del servicio de teleasistencia que fallecieron ese mismo día en las riadas que devastaron parte de la provincia de Valencia. La denuncia socialista pone en el centro del debate político la actuación de la Generalitat y, en particular, de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.
El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, fue especialmente contundente al afirmar que “el 29 de octubre las personas dependientes que estaban en sus casas pidiendo auxilio y apretando un botón no se encontraron a nadie al otro lado”. A su juicio, la falta de respuesta de la teleasistencia constituye un fallo inaceptable de la administración autonómica. Por ello, los socialistas han solicitado la comparecencia urgente de Camarero en Les Corts para que explique por qué no se activaron los mecanismos de protección.
Fuentes de la Vicepresidencia insisten en la “total transparencia” con que se ha facilitado la información y recuerdan que el servicio funciona de manera proactiva, atendiendo no solo emergencias, sino también necesidades sanitarias, sociales y de acompañamiento. Tras la catástrofe, sostienen, se reforzó el dispositivo y se realizaron más de 100.000 llamadas en los municipios afectados, detectando necesidades en 1.700 usuarios, desde provisión de oxígeno a traslados familiares o ingresos residenciales.
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Muñoz fue más allá y calificó la gestión del Consell como un ejemplo de “corrupción moral”, asegurando que la falta de humanidad del PP “hace insostenible que Mazón y todo su equipo continúen en la Generalitat”. El portavoz socialista reclamó directamente la dimisión del president y la convocatoria de elecciones anticipadas.
En la misma línea, la diputada socialista Rosa Peris acusó a la vicepresidenta de mentir en sede parlamentaria. Según Peris, es “falso que los días 28 y 29 se alertara a las personas dependientes” y recalcó que “se produjeron cero llamadas esos días”.
“Tenían la capacidad y los medios para llamar, pero no lo hicieron. Podríamos haber salvado la vida de 37 personas”, denunció. Según la parlamentaria, la Generalitat solo activó la campaña de avisos meteorológicos los días 30 y 31 de octubre, cuando se efectuaron más de 7.000 llamadas, frente a las “cero” que, sostiene, se produjeron el día de la catástrofe.
Peris subrayó que resulta “demoledor ver cómo la vicepresidenta no activó el sistema de teleasistencia para proteger a unas personas que, cuando el agua entraba en sus casas, no podían hacer nada para salvarse”.
Ambos diputados adelantaron que el grupo socialista ampliará la solicitud de documentación para conocer con precisión a qué horas y desde dónde se produjeron las llamadas de auxilio de los dependientes.
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La propia vicepresidenta Susana Camarero reconoció en una respuesta parlamentaria que 37 usuarios del servicio de teleasistencia fallecieron el 29 de octubre. Según el documento oficial, el servicio proporciona atención domiciliaria ininterrumpida en toda la Comunitat Valenciana, incluidas las zonas afectadas por la dana.
La respuesta añade que el 28 de octubre la empresa adjudicataria del servicio, Atenzia, ya había incorporado en todas las comunicaciones realizadas a los usuarios avisos de precaución por la alerta meteorológica emitida por Aemet. Y precisa que el propio día 29, desde primera hora de la mañana, tras elevarse la alerta a nivel rojo, se trasladaron de nuevo los mensajes y advertencias en las comunicaciones efectuadas durante todo el día.
La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, elevó aún más la presión política. En un mensaje en redes sociales aseguró que lo ocurrido es la “constatación de que nadie en el Gobierno de Mazón estuvo a la altura”. “Unos se fueron al Ventorro, otros a entregar premios y la gente abandonada”, criticó con dureza.
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Para Morant, el 29 de octubre había avisos suficientes de Aemet como para alertar a los usuarios de teleasistencia y, sin embargo, “Susana Camarero no lo hizo”. Los socialistas, dijo, seguirán indagando hasta conocer toda la verdad y exigirán la transcripción de las llamadas entre la Generalitat y los usuarios para esclarecer lo ocurrido.
El Consell, por su parte, subraya que la dana tuvo un impacto devastador sobre las personas mayores, especialmente aquellas que vivían en plantas bajas, y recuerda que entre las 229 víctimas mortales de la catástrofe, más de un centenar superaban los 70 años. Actualmente, el servicio de teleasistencia atiende a 87.000 personas en la Comunitat Valenciana, de las cuales 17.500 residen en los municipios más afectados por la riada.
La denuncia socialista busca ahora que sea el juzgado que instruye la causa por la gestión de la dana el que analice si existió una negligencia en la activación del servicio de teleasistencia. El caso de los 37 fallecidos se ha convertido así en un nuevo frente judicial y político que puede marcar la legislatura.
El debate no es solo técnico o administrativo, sino profundamente político y moral: mientras el PSPV habla de “vidas que se pudieron salvar y no se salvaron”, el Consell se aferra a la idea de que se actuó conforme a los protocolos y que la magnitud del desastre hizo imposible evitar la tragedia.