La realización de los deberes escolares durante las vacaciones siempre ha estado envuelta de una cierta laxitud, como tantas cosas que se han de realizar bajo el sopor del verano. Pero su cumplimiento o no ya apunta maneras sobre el carácter y la formalidad del o de la estudiante. Otra cosa son los deberes y las obligaciones de los adultos. Y no digamos, los compromisos de las instituciones públicas y los organismos de gobierno.
La Diputació de València pone en marcha en Daimús su dispositivo para la limpieza de playas afectadas por la dana
Este verano, que parece no querer marcharse, quienes han elegido la playa para sobrellevar la canícula se han encontrado con una cantidad de playas cerradas, o con restricciones, a causa de la contaminación por aguas residuales, fuera de lo habitual. Desde Alboraia, al norte de València, a Pinedo, el Saler, El Perelló, Xeraco, Daimús, Miramar, Oliva o Xàbia, al sur, por citar algunas. Y es que, además hay que añadir, entre otros elementos, razones coyunturales, como las temperaturas exageradamente elevadas del agua del mar o los efectos de la DANA sobre los humedales del litoral, sin ignorar los vertidos en acequias que siguen sin controlarse y la mejora de los sistemas de depuración para que no se vean desbordados cuando se producen lluvias intensas. Un asunto complejo además de estratégico por lo que representa para el turismo, nuestra principal fuente económica. Hasta ahora.
También este mismo verano, hemos constatando nuevamente los efectos del abandono del medio rural y la escasa atención a la gestión forestal, acrecentada por los efectos del calentamiento global: calor extremo y sequía prolongada que han secado la abundante vegetación surgida tras una primavera lluviosa. Todo ello, además del factor humano, está detrás de las más de 350.000 hectáreas que han ardido en España, la mayoría en las comunidades autónomas de Castilla León, Galicia, Extremadura y Andalucía. Uno de los problemas, entre otros, es que no todos los municipios cuentan con planes de prevención contra incendios, y muchos de los que sí los tienen no los han actualizado. La Fiscalía de Medio Ambiente ha agitado el avispero de esta cuestión. Pero es que los municipios de montaña, en general, disponen de recursos muy limitados. Algo tan sencillo como contar durante unos meses con una pequeña brigada de operarios que mantenga limpios los alrededores de los pueblos, las pistas y las sendas, puede quedar al albur de una subvención cuya convocatoria se retrasa más de lo previsto o, lo que es peor, del criterio de un organismo superior gobernado por un partido que no es, ¡Ay!.., el que está al frente del consistorio. Tampoco el gobierno ha desarrollado aún el real decreto que ha de establecer los criterios para la elaboración de los planes autonómicos anuales.
También este mismo verano, hemos constatando nuevamente los efectos del abandono del medio rural y la escasa atención a la gestión forestal, acrecentada por los efectos del calentamiento global”
Por otra parte, ahí están los efectos devastadores de la DANA, cuyas consecuencias se habrían reducido al menos a la mitad, como han señalado y razonado los expertos ingenieros que han pasado por la comisión de investigación de las Cortes Valencianas que analiza los hechos y las posibles medidas para la recuperación socioeconómica del territorio afectado y por la del Senado, si se hubiesen ejecutado las obras contenidas en los planes de gestión de riesgos de inundación. ¿Qué fue de las actuaciones previstas hace más quince años en los barrancos del Poyo y la Saleta?. ¿Y de las presas de laminación del Marquesado (Magro), Estubeny (Sellent) y Montesa (Cànyoles) propuestas en el plan global del Júcar?. ¿Y las de Cheste y Vilamarxant, o sus alternativas? Sin olvidar otras obras pendientes en Castellón o en Alicante. La crisis del 2008 no lo justifica todo. Ni la Ley de la Huerta. También está la dejadez.
Demasiados deberes. Y demasiados riesgos. ¿En qué han andado metidos los de la política estos años?.