Les delató el olor. Una denuncia anónima alertó a la Guardia Civil sobre un vertido de aguas residuales sin depurar que desembocaba en un azarbe, una zanja destinada a evacuar las aguas sobrantes del riego, en un paraje de Guardamar, en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura.
Un informe pericial confirmó que las aguas vertidas eran contaminantes hasta el punto de alterar de forma sustancial el equilibrio del sistema natural y poniendo en riesgo los cultivos de la zona. Ello motivó la intervención del Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Alicante, que puso en marcha la operación denominada Castramar.
Un informe pericial confirmó que las aguas vertidas eran contaminantes
En su busca del origen de los vertidos, los agentes localizaron un recinto en el que se ubican alrededor de 60 casas móviles instaladas en suelo no urbanizable y en zona potencialmente inundable, sin disponer de ningún tipo de licencia urbanística.
El complejo, dividido en tres calles asfaltadas, contaba con oficina de recepción, bar-restaurante, fregaderos, duchas, aseos, piscinas e instalaciones deportivas, además de las viviendas tipo mobil home, muchas de ellas con elementos añadidos como porches, terrazas o cocheras. Todas las construcciones disponían de conexión a suministros básicos (agua, luz y red de saneamiento), funcionando en la práctica como un núcleo residencial, donde se constató la residencia permanente de unas 60 personas empadronadas en la misma dirección.
El complejo vertía residuos contaminantes al azarbe destinado al sobrante del agua de riego.
El gerente del establecimiento habría empleado diversas fórmulas para prolongar la actividad, como la creación de nuevas empresas o la adquisición de terrenos colindantes para ampliar las instalaciones y aumentar su rentabilidad. Asimismo, se constató que las viviendas eran ofertadas a través de una página web gestionada por una empresa inglesa, lo que permitía captar nueva clientela de manera continuada.
Entre el presente y el pasado año, la Guardia Civil ha investigado a los propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las mobil homes, siendo un total de 20 personas, de edades comprendidas entre 35 y 88 años. A todos ellos se les ha imputado un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a dos de ellos se les ha añadido un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su implicación en el vertido contaminante. Además, se ha dado cuenta a las autoridades competentes de graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad detectadas durante la investigación.
Se investiga a 20 personas: propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las mobil homes
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante, y el asunto ha sido judicializado en el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, donde continúan las investigaciones.
De forma paralela, la autoridad municipal competente ha decretado el cierre de la actividad, actualmente pendiente de ejecución. Asimismo, se ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, organismo encargado de garantizar la legalidad urbanística y restaurar la realidad física alterada en suelo no urbanizable, conforme a la legislación vigente.