Un auto emitido hoy por la jueza Ruiz Tobarra requiere a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a petición de varias acusaciones particulares, para que informe en el plazo de tres días si se desplegaron agentes de ese organismo para ejercer funciones de vigilancia in situ de la emergencia en algún punto de control, así como el lugar de su ubicación. Rechaza, en cambio, reclamar las identidades de esos trabajadores, pues “lo importante no es conocer su identidad sino el lugar de identificación”.
Además, la instructora descarta reclamar la identificación completa de los miembros de la junta de gobierno de la CHJ el pasado 19 de diciembre pues dicha petición “no posee relación con los hechos objeto de la investigación”.
Pide un informe forense sobre la muerte de una mujer el 6 de noviembre, en el Hospital de la Ribera, por si fuera víctima de la dana
Tampoco considera necesario la magistrada requerir información sobre los supuestos fallos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) durante las lluvias de los pasados 29 y 30 de septiembre, porque “tampoco tiene relación alguna con la investigación, ya que no permiten determinar si el día de los hechos, 29 de octubre de 2024, el SAIH funcionaba correctamente”.
La instructora también ha dictado hoy una providencia por la que requiere a testigos y trabajadores de Emergencias y predictores de la Aemet para que manifiesten si acceden a que se obtengan y unan al procedimiento las grabaciones de varias llamadas telefónicas mantenidas por ellos el 29-0, al tiempo que acuerda la citación de un ingeniero y otro testigo para que testifiquen sobre un informe relativo a la presa de Buseo.
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Esa providencia también dispone recabar informe forense sobre la relación de causalidad entre el fallecimiento de una mujer, el 6 de noviembre de 2024, en el Hospital de la Ribera, con las circunstancias sufridas por la misma con motivo de la dana, después de que su hijo haya comparecido en el juzgado y haya pedido que su madre sea considerada víctima de la catástrofe.
Finalmente, la juez ha decidido que se reciba declaración como perjudicados y se les haga el correspondiente ofrecimiento de acciones a los familiares de 50 víctimas mortales que todavía no han sido oídos en sede judicial.
Por último, en una diligencia de ordenación, suscrita por la Letrada de la Administración de Justicia, se da cuenta entre otras cosas de la recepción de un informe de la Fiscalía, de anexos de un atestado ampliatorio de la Guardia Civil y de un vídeo de la Diputación de Valencia con el título “Sessió 1 d’Investigació d’estudi de la gestió de la emergencia del 20 d’octubre”.