La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio de 2006 ha remitido un escrito a la Mesa de les Corts Valencianes en el que reclama que se recurra la sentencia del TSJCV que otorga a la exgerente de FGV Marisa Gracia una indemnización por haber sido señalada como responsable en el dictamen de la comisión parlamentaria que se elaboró sobre el accidente en 2016.
Según ha informado Rosa Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas, el mismo escrito ha sido remitido a la Generalitat, para que la Abogacía también lo recurra.
La comisión parlamentaria le atribuyó una responsabilidad política por la comisión de actos ilícitos derivados de su actuación en la entidad FGV tras el accidente ocurrido en la línea 1 del metro de Valencia, aunque un juzgado de lo Penal acabó exonerándola de responsabilidad penal en relación con esos hechos.
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Tras el recurso presentado por Gracia contra las conclusiones de esta comisión parlamentaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reconoció su derecho a ser indemnizada con 99.343 euros por daños y perjuicios.
El dictamen la consideró “responsable por no adoptar decisiones en el ámbito de sus responsabilidades y competencias en todos y cada uno de los departamentos de FGV y que habrían podido evitar el accidente y/o minimizado sus consecuencias; responsable de no abrir investigación interna; responsable de la contratación de una empresa de comunicación para manipular y adoctrinar a los y las comparecientes en la comisión de investigación”.
A juicio de las víctimas, este dictamen “se limita a enumerar las obligaciones que como máxima dirigente de la empresa tenía y no cumplió, y si ella considera que hacerlo público daña su honor, aclarar que lo que compromete su honor y su reputación es el hecho de no realizar bien su trabajo”, señala el referido escrito.
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“Ella debía coordinar los distintos departamentos de FGV para que la circulación del metro fuese segura. Debía vigilar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos y no lo hizo”, añaden.
“Pero no muestra arrepentimiento ni pesar porque estas carencias en su gestión, permitieran que el convoy de metro descarrilara y ocasionara la muerte de 43 personas y heridas de consideración a otras 47. Lo que la perturba es que se haga público… Pues esto ya lo dice todo sobre su honor”, concluyen.