Vox pide acreditar la condición de prostituta a las mujeres explotadas para la renta de inclusión
Polémica
En las enmiedas a la ley del Consell PP y Vox coinciden en dejar fuera de la prestación a los okupas
Agentes y un perro de la Policía Nacional durante un operativo en el club.
El proyecto de ley de la Generalitat Valenciana para la mejora de la renta valenciana de inclusión propone que las personas entre 23 y 30 años tengan que acreditar haber vivido de forma independiente durante al menos dos años inmediatamente anteriores a la solicitud. Sin embargo, este requisito no se exige en una serie de supuestos como el hecho de que el beneficiario tenga una discapacidad igual o superior al 33%; tenga a cargo hijos con discapacidad; sea víctima de violencia sobre la mujer o sea una “persona prostituida, víctima de explotación sexual o trata de seres humanos”.
Una serie excepciones a las que Vox, en el trámite de enmiendas, ha querido darle una vuelta. Al ya habitual cambio del lenguaje de género, hablan de violencia sobre la mujer o violencia intrafamiliar, añaden otra modificación. Así, piden que las personas en situación de prostitución acrediten “dicha situación con los medios de prueba oportunos para acreditar fehacientemente la condición que da lugar a la excepción”. Un matiz que no está en el proyecto de ley aprobado por el gobierno valenciano y que no parece demasiado sencillo de cumplir en una actividad no regulada y sometida a situaciones de presiones e incluso abusos.
Como ha ido explicando este periódico, las 14 enmiendas de Vox a un proyecto tan delicado en el ámbito de la inclusión social son la primera prueba de fuego en el Parlamento valenciano para la nueva etapa que pretende abrir el PP de la Comunidad Valenciana tras la renuncia de Carlos Mazón.
Y es que el grupo parlamentario de la derecha extrema quiere, por ejemplo, que se exija a los beneficiarios un itinerario de inclusión que “garantice el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país”. Una circunstancia que los de Abascal ligan con su cruzada por prohibir el uso del niqab en los espacios públicos.
Sin embargo, hay cuestiones en las que ya PP y Vox están de acuerdo. En las enmiendas presentadas por el grupo popular en las Corts Valencianes hay una de mayor contenido político (el resto son técnicas) que reclama añadir un nuevo motivo de extinción del derecho a la renta valenciana de inclusión: “encontrarse la persona titular en situación de ocupación ilegal de vivienda, cuando dicha actuación haya quedado acreditada mediante sentencia judicial firme”.
Una modificación que tiene la misma intención que otra registrada por sus socios de derecha radical que pretende incluir como infracción muy grave “haber sido acreditada, mediante resolución judicial firme, la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante” por parte de las personas beneficiaras de la prestación. Las infracciones muy graves, establece el proyecto de ley, son aquellas que se sancionarán con la extinción de la prestación, quedando la persona infractora excluida del derecho de acceso a renta valenciana de inclusión. Una cuestión en la que las dos formaciones del bloque de la derecha van de la mano.