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Intentan frenar el desahucio de quince familias en un barrio de Alicante

Vivienda

Los compradores del bloque argumentan una reforma integral del edificio para expulsar a los inquilinos

Imagen de la protesta celebrada el viernes en el Postiguet contra el desahucio de quince familias en el barrio de Carolinas

LVE

El activo Sindicat de Barri de Carolinas, una organización muy movilizada en la batalla contra los desahucios de personas vulnerables en la ciudad de Alicante, acostumbra a actuar para impedir los lanzamientos pero en ocasiones hace públicas sus protestas en puntos distantes de las viviendas donde habitan los afectados. Como el pasado viernes, cuando acudieron a manifestarse al frecuentado paseo del Postiguet, en la zona más turís­tica de Alicante, para protestar contra el desahucio de quince ­familias que residen de alquiler en dos bloques de la plaza cono­cida como Bola de Oro

Como ­explica a La Vanguardia Elena Bronchalo, portavoz del colectivo, acudieron a ese lugar dada la relación de los compradores con un establecimiento hostelero ubicado en las proximidades de la playa.

La mayoría son familias con menores a su cargo, hay personas mayores, algunas en tratamiento oncológico

El sindicato, en nombre de las quince familias afectadas, que han comenzado a recibir burofaxes anunciándoles la no renovación de sus contratos -a la que más plazo le resta le vence en 2027- ha tratado de negociar con la empresa para que los vecinos puedan obtener un compromiso de continuidad, aceptando un incremento en la renta, en el caso de que, como les han dicho, el edificio siga siendo residencial y no turístico, pero la negativa de los nuevos propietarios les resulta sospechosa.

“Dicen que van a reformar todo el edificio, entre otras cosas instalando los ascensores que ahora no tiene”, explica Bronchalo, “pero nos extraña que tratándose de inquilinos que están al día, porque en este caso no se trata de que haya impagos a pesar de que algunas de las familias puedan considerarse en situación vulnerable, se cierren a la posibilidad de que tras la reforma puedan seguir en sus casas”.

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La mayoría son familias con menores a su cargo, hay personas mayores, algunas en tratamiento oncológico o con problemas de salud; entre ellas, una mujer de 76 años, que vive con su hijo y con su nieto de 8 años, y que ya ha recibido una comunicación del juzgado en la que se le insta a abandonar el piso por expiración del contrato.

La portavoz del Sindicat de Barri explica que la situación de la vivienda empeora mes a mes en Carolinas, un distrito donde habita gente trabajadora, entre ellos muchos inmigrantes, y donde los precios se han disparado en los últimos años. “Hemos pasado en poco tiempo de que el alquiler de un piso costara 300 o 400 euros a que eso sea lo que se está pagando por una habitación”.

“Hemos pasado en poco tiempo de que el alquiler de un piso costara 300 o 400 euros a que eso sea lo que se está pagando por una habitación

Elena BronchaloPortavoz Sindicat de Barri Carolinas

Elena Bronchalo resalta la ­generalización de este fenó­meno, el alquiler de estancias dentro de una casa compartida. “Ocurre mucho con los in­migrantes, pero cada vez más ­entre españoles, que familias enteras viven en una habitación porque no pueden ­pagar el alquiler de un piso completo”.

Destaca además la frecuencia con la que se produce un fenómeno desconocido hasta hace poco: el traslado de personas de la tercera edad obligadas a abandonar los pisos de los que eran arrendatarios, que ante la galopante inflación del mercado inmobiliario se conforman con ocupar un dormitorio en un piso compartido con otras personas en situación similar. “Ya no hablamos de estudiantes o de gente que está empezando”, explica, “sino de jubilados que nunca se han visto en esa situación”.

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Con la experiencia de sus años en el sindicato, Bronchalo aprecia que la oferta no solo se ha ­encarecido mucho con la irrupción de fondos buitres y otros ­inversores, sino que se ha reducido ante la ‘psicosis’ que se ha ­generado entre los propietarios por la posibilidad de impagos. Ese círculo vicioso, en el que se piden muchas garantías al candidato a inquilino, empuja a muchas ­personas a un mercado cada vez más caro al tiempo que irregular y de baja calidad.