Vox solo salva al PP valenciano
Diario de València
La política española vive desde hace meses un ciclo de tensión que parece cristalizar en una paradoja inquietante: mientras en varias comunidades autónomas el Partido Popular se ve incapaz de pactar con Vox -Extremadura, Aragón o Castilla-León y convoca elecciones anticipadas-, solo en la Comunidad Valenciana el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha logrado sostener su gobierno gracias al apoyo de la extrema derecha. El cambio de president, Juanfran Pérez Llorca por Carlos Mazón, no ha variado la complicidad entre ambas formaciones que se inició tras las elecciones del 28-M.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
La colaboración se confirmó recientemente cuando Llorca fue investido president de la Generalitat Valenciana gracias a los votos de Vox, consiguiendo así la estabilidad parlamentaria necesaria para agotar la legislatura que finaliza en mayo de 2027. Ese acto político, más allá de su importancia regional, supone un hito: Valencia se convierte en el único territorio donde Vox garantiza la gobernabilidad del PP. En Extremadura, María Guardiola, incapaz de asegurar la aprobación de los presupuestos autonómicos con el apoyo de Vox, ha optado por adelantar las elecciones al 21 de diciembre. En Aragón, la incapacidad de Jorge Azcón para tramitar las cuentas ha precipitado la convocatoria de urnas el 8 de febrero, tras la ruptura de las negociaciones presupuestarias con la extrema derecha. Este mismo patrón amenaza con repetirse en Castilla y León en marzo. En Andalucía, antes del próximo verano, también tiene que haber elecciones pues se habrán agotado los cuatro años de legislatura.
¿Por qué Valencia es la excepción? La respuesta inmediata podría resumirse en una fórmula simple de “pacto exitoso”: el PP valenciano aceptó las exigencias de Vox con más amplitud que en otras regiones desde el minuto uno y, de ese modo, logró un acuerdo para la investidura de Mazón. Pero detrás de esa fórmula hay una reflexión más profunda sobre la cultura política y los límites de los compromisos ideológicos. En Valencia, la suma de escaños de PP y Vox fue suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, y los populares valencianos —conscientes de la necesidad de estabilidad tras la crisis interna y la gestión de la dana— optaron por aceptar nuevas condiciones que en otros territorios se consideraron demasiado costosas o inaceptables.
¿Por qué Valencia es la excepción? La respuesta inmediata podría resumirse en una fórmula simple de “pacto exitoso”: el PP valenciano aceptó las exigencias de Vox con más amplitud que en otras regiones desde el minuto uno”
Este episodio lanza varias señales claras. La primera, que el PP valenciano está dispuesto a normalizar la colaboración con Vox hasta niveles que otros barones territoriales rechazan. Hasta el propio Santiago Abascal ha puesto reiteradamente lo acordado en Valencia como referente en otras regiones. No se trata solo de una cuestión de aritmética parlamentaria, sino de voluntad política de integrar a la extrema derecha en la gobernanza regional. Este pragmatismo tiene un doble filo: por un lado, permite mantener gobiernos estables; por otro, implica aceptar reivindicaciones ideológicas que serán difíciles de borrar del relato político.
La segunda señal es que el caso valenciano ha servido como argumento para elevar el “precio político” exigido por Vox en otras regiones. El acuerdo en la Comunidad Valenciana —y las concesiones que conllevó— ha alimentado la sensación en Vox de que puede condicionar a sus socios incluso en contextos donde el PP intentó imponer límites más claros. Esto, a su vez, ha contribuido al fracaso de las negociaciones presupuestarias en Extremadura, Aragón y posiblemente en Castilla y León.
Pero más allá de la aritmética parlamentaria, existe una cuestión fundamental de carácter ético y cultural: ¿hasta qué punto es legítimo que un partido centrista como el PP dependa de una formación que defiende posiciones claramente extremas sobre inmigración, políticas ambientales o derechos sociales? Aunque para algunos dirigentes del PP negociar con Vox pueda parecer realpolitik, la repetición de estos escenarios evidencia una normalización de la influencia de la extrema derecha en la política autonómica española. Este fenómeno no es exclusivo de España, sino parte de un movimiento europeo más amplio donde partidos tradicionalmente considerados moderados negocian con fuerzas radicales para sostenerse en el poder.
En este contexto, Valencia —lejos de ser un oasis de estabilidad democrática— aparece como un espejo inquietante: es la región donde Vox ha encontrado el régimen de cooperación más fructífero con el PP, y al mismo tiempo, el laboratorio donde se experimenta un modelo de gobernanza que podría ser replicado con efectos imprevisibles. Si el PP continúa perfilando su estrategia nacional sobre la base de este precedente, cabe preguntarse si la política española no estará deslizándose hacia un terreno donde la extrema derecha se convierte en árbitro habitual de la estabilidad institucional. Y en tal escenario, más que “salvar” al PP valenciano, Vox podría estar salvando al PP de hoy —pero a costa de un PP mañana mucho más dependiente y menos definible como un actor de centro-derecha en el sentido clásico del término.