La escena política en España ha estado marcada por una tensión recurrente durante varios meses, desembocando en una paradoja preocupante: mientras el Partido Popular enfrenta dificultades para alcanzar acuerdos con Vox en diversas comunidades autónomas, como Extremadura, Aragón o Castilla y León, llevando a la convocatoria de elecciones anticipadas, solo en la Comunidad Valenciana el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo ha conseguido mantener su administración con el respaldo de la extrema derecha. La sustitución del presidente, con Juanfran Pérez Llorca reemplazando a Carlos Mazón, no ha alterado la estrecha relación entre ambas facciones, la cual comenzó después de los comicios del 28 de mayo.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
La alianza se ratificó recientemente tras la investidura de Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, apoyado por los votos de Vox, lo que le otorgó la estabilidad parlamentaria requerida para completar la legislatura hasta mayo de 2027. Este evento político, de trascendencia más allá de lo regional, marca un punto de inflexión: la Comunidad Valenciana es ahora la única región donde Vox asegura la gobernabilidad del PP. En Extremadura, María Guardiola, al no poder garantizar la aprobación de los presupuestos autonómicos con el respaldo de Vox, decidió anticipar las elecciones al 21 de diciembre. En Aragón, la imposibilidad de Jorge Azcón para procesar las cuentas ha forzado la convocatoria de elecciones el 8 de febrero, después de que las negociaciones presupuestarias con la extrema derecha colapsaran. Un escenario similar podría materializarse en Castilla y León en marzo. En Andalucía, antes de que concluya la primavera, también se celebrarán comicios al cumplirse el plazo de cuatro años de legislatura.
¿Por qué Valencia es la excepción? La respuesta inmediata podría resumirse en una fórmula simple de “pacto exitoso”: el PP valenciano aceptó las exigencias de Vox con más amplitud que en otras regiones desde el minuto uno y, de ese modo, logró un acuerdo para la investidura de Mazón. Pero detrás de esa fórmula hay una reflexión más profunda sobre la cultura política y los límites de los compromisos ideológicos. En Valencia, la suma de escaños de PP y Vox fue suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, y los populares valencianos —conscientes de la necesidad de estabilidad tras la crisis interna y la gestión de la dana— optaron por aceptar nuevas condiciones que en otros territorios se consideraron demasiado costosas o inaceptables.
La clave de la distinción de Valencia: el PP cedió a Vox más que en otros lugares desde el inicio, formando una ecuación de pacto exitoso.
Este capítulo envía varias indicaciones inequívocas. La primera, que el Partido Popular de Valencia está preparado para hacer habitual la cooperación con Vox a un grado que otros líderes regionales evitan. El propio Santiago Abascal ha citado repetidamente lo pactado en Valencia como un ejemplo para otras comunidades. Esto no es meramente una cuestión de cálculos parlamentarios, sino de una determinación política para incorporar a la extrema derecha en la administración regional. Este enfoque práctico presenta una doble consecuencia: por un lado, facilita la permanencia de administraciones estables; por otro, supone la aceptación de demandas ideológicas que resultarán complicadas de eliminar del discurso político.
La segunda señal es que el caso valenciano ha servido como argumento para elevar el “precio político” exigido por Vox en otras regiones. El acuerdo en la Comunidad Valenciana —y las concesiones que conllevó— ha alimentado la sensación en Vox de que puede condicionar a sus socios incluso en contextos donde el PP intentó imponer límites más claros. Esto, a su vez, ha contribuido al fracaso de las negociaciones presupuestarias en Extremadura, Aragón y posiblemente en Castilla y León.
Más allá de los números en el parlamento, surge una interrogante esencial de índole ética y cultural: ¿cuán aceptable es que un partido de centro como el PP se apoye en un grupo que promueve posturas marcadamente radicales respecto a la inmigración, la ecología o los derechos de la ciudadanía? Si bien para algunos líderes del PP, dialogar con Vox podría ser visto como realpolitik, la recurrencia de estas situaciones subraya cómo la influencia de la ultraderecha se está volviendo habitual en la política de las comunidades autónomas españolas. Esta tendencia no se limita a España, sino que forma parte de una corriente europea más extensa, donde formaciones habitualmente vistas como templadas acuerdan con facciones extremas para mantenerse al frente del gobierno.
En este contexto, Valencia —lejos de ser un oasis de estabilidad democrática— aparece como un espejo inquietante: es la región donde Vox ha encontrado el régimen de cooperación más fructífero con el PP, y al mismo tiempo, el laboratorio donde se experimenta un modelo de gobernanza que podría ser replicado con efectos imprevisibles. Si el PP continúa perfilando su estrategia nacional sobre la base de este precedente, cabe preguntarse si la política española no estará deslizándose hacia un terreno donde la extrema derecha se convierte en árbitro habitual de la estabilidad institucional. Y en tal escenario, más que “salvar” al PP valenciano, Vox podría estar salvando al PP de hoy —pero a costa de un PP mañana mucho más dependiente y menos definible como un actor de centro-derecha en el sentido clásico del término.
