Las Claves
- La justicia determinará si el Tribunal Superior de Justicia investiga a Carlos Mazón por su gestión durante la dana de 2024.
- El Tribunal Supremo decidirá
La agenda de los juzgados para 2026 no constituirá meramente un anexo administrativo de las cortes. Diversos fallos muy aguardados, centrados en la Comunitat Valenciana, podrían acarrear efectos políticos de gran relevancia durante un ejercicio que ya observa con atención los comicios autonómicos y generales. Tres procesos aglutinan la mayoría del interés: el desarrollo de la causa iniciada por la administración de la dana, bajo la duda de si la magistrada a cargo extenderá los cargos o si solicitará al Tribunal Superior de Justicia que abra una indagación sobre el president Carlos Mazón; la resolución final del caso Erial ante el Tribunal Supremo, instancia que determinará si Eduardo Zaplana ingresa en la cárcel o si su sentencia es modificada; y el destino del expediente que involucra a Mónica Oltra, sobreseído nuevamente, aunque todavía supeditado a la decisión de la Audiencia de València.
La dana y el foco sobre la Generalitat
El proceso legal relativo a la administración de la dana que golpeó a la Comunitat Valenciana y causó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024 se ha transformado, tras varios meses, en un caso de trayectoria dudosa aunque posiblemente impactante, con consecuencias institucionales tales como la renuncia de Carlos Mazón. La magistrada encargada ha estado delimitando las culpas técnicas y de gestión, si bien el litigio continúa vigente y existe la posibilidad de que aumente la cifra de imputados.
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Dentro del ámbito jurídico se asume que el ejercicio 2026 resultará fundamental para definir si el proceso permanece en estratos medios de la gestión pública, mediante el procesamiento de Salomé Pradas y Emilio Argüeso, o si escala hacia esferas de mayor poder. Bajo este contexto surge una posibilidad compleja: que la jueza estime oportuno remitir un escrito argumentado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con el fin de que analice la inculpación del president Carlos Mazón, quien goza de fuero debido a su cargo como diputado autonómico.
No se trataría de una resolución trivial. No únicamente por su repercusión institucional, sino debido a que situaría a Mazón en una coyuntura política sumamente delicada a poco más de un año de las votaciones autonómicas, con consecuencias forzosas para la reputación del PP valenciano. Los antecedentes de otros líderes regionales encausados como Eduardo Zaplana o Francisco Camps sobrevuelan el Palau, pese a que voces del Consell consideran que no hay sustento jurídico para dicho escenario.
El factor decisivo será concluir si la sucesión de acuerdos —o de descuidos— en la dirección de la urgencia resulta judicialmente significativa para los cargos superiores del Gobierno valenciano. Una disputa legal que en 2026 podría derivar en un conflicto político de enorme trascendencia.
El Supremo y el destino penal de Eduardo Zaplana
Una de las decisiones judiciales más relevantes del ejercicio será la que emita la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respecto a la impugnación interpuesta por Eduardo Zaplana frente al fallo del caso Erial. Quien fuera máximo responsable de la Generalitat y ministro del PP recibió una condena de la Audiencia Provincial de València que alcanza los 10 años y cinco meses de cárcel, junto a un pago de más de 25 millones de euros, tras ser hallado culpable de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.
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Zaplana afirma en su apelación que el fallo se fundamenta en “pruebas prefabricadas, indicios equívocos y contradicciones”, y manifiesta una violación severa de sus garantías básicas. El equipo jurídico, liderado por el abogado Daniel Campos, arremete particularmente contra lo que califica como una táctica de la Fiscalía basada en “declaraciones pactadas de forma clandestina” con ciertos procesados con el fin de obtener declaraciones de culpabilidad a cambio de ventajas procesales.
La impugnación ataca el origen de las pesquisas: partiendo de la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil —a la cual recrimina haber indagado durante meses careciendo de permiso del juzgado— hasta la legitimidad de los citados “papeles del sirio”, papeles localizados en una vivienda que el antiguo mandatario valenciano habitó tiempo atrás. De acuerdo con Zaplana, tales escritos no son de su propiedad ni lo nombran.
El escrito otorga una relevancia particular a la función del hombre de negocios uruguayo Fernando Belhot, tenido por una pieza fundamental en el proceso. Zaplana sostiene que se le otorgó “impunidad total” tras una modificación drástica en su declaración que terminó por señalarle directamente. Asimismo, señala beneficios especiales hacia individuos de su círculo cercano, tales como su allegado Joaquín Barceló o quien fuera su jefe de gabinete Juan Francisco García.
Carlos Mazón, Mónica Oltra y Eduardo Zaplana
El Supremo posee ahora la última decisión. Cabe la opción de que desestime el recurso, ratificando la sentencia y posibilitando un encarcelamiento que significaría el término político y humano de uno de los personajes más relevantes del PP valenciano antaño. Por otro lado, podría validar total o parcialmente los argumentos, lo que generaría un cambio jurídico y político de gran repercusión.
Independientemente del fallo, su repercusión sobrepasará a Zaplana: influirá en la narrativa de la corrupción en la Comunitat Valenciana y en la valoración histórica de un ciclo político que el PP busca clausurar de forma definitiva.
El caso Oltra: archivo judicial y encrucijada política
El tercer punto de interés legal destacado de 2026 está vinculado a Mónica Oltra. Quien fuera vicepresidenta de la Generalitat y antigua dirigente de Compromís ha presenciado cómo, nuevamente, el Juzgado de Instrucción número 15 de València ha sobreseído el proceso que indagaba la presunta ocultación de las agresiones sexuales perpetradas por su exesposo hacia una joven bajo tutela.
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La resolución de diciembre de 2025 ratifica el archivo provisional dictado en junio y rechaza iniciar la fase de juicio oral, contando con el apoyo manifiesto de la Fiscalía, que no observa ninguna señal de criminalidad. La magistrada afirma que las partes acusadoras no han detallado acciones delictivas específicas ni respecto a Oltra ni en relación a sus subordinados.
No obstante, el proceso todavía permanece abierto. Los demandantes tienen la opción de apelar, lo que devolvería el litigio a la Audiencia Provincial de València, el mismo tribunal que anteriormente exigió al magistrado original retomar la investigación pese a la postura previa de la instancia judicial. Este hecho genera un clima de duda que se mantendrá vigente a lo largo de gran parte de 2026.
Independientemente del resultado en los tribunales, el asunto Oltra posee una relevancia política excepcional. La representante de Compromís renunció a sus responsabilidades en 2022 después de su imputación, mediante una acción que supuso un punto de inflexión en el panorama político valenciano. A partir de ese momento, su trayectoria permanece en pausa, aguardando un dictamen final que logre rehabilitar —o no— su reputación.
Faltando dieciocho meses para los comicios, el panorama de Oltra resultaría determinante tanto para el bloque de izquierdas valenciano como para el entorno progresista nacional. El cierre permanente del caso validaría la narrativa de que sufrió un proceso legal sin fundamentos ante la izquierda valenciana, planteando la discusión acerca de su eventual retorno a la actividad política principal. Una posibilidad que parecía imposible tiempo atrás, aunque factible en caso de que la Audiencia ratifique la desestimación de la causa.
En cambio, retomar el caso extendería el clima de sospecha y mantendría paralizada a una figura que, para gran parte del público, continúa siendo uno de los liderazgos más vigorosos de la izquierda social y política. Ella ha manifestado a sus allegados, sin embargo, que más allá del veredicto de la justicia esto no determinará su voluntad, si llegara a darse, de regresar a la vanguardia política.
Justicia, política y calendario electoral
Las resoluciones de los tribunales aguardadas para 2026 no sucederán de manera aislada. Sucederán junto a una atmósfera de precampaña cada vez más crispada y una fragmentación en aumento de la opinión colectiva. En dicho escenario, los órganos judiciales se ubicarán otra vez —independientemente de su deseo— en el eje del intercambio ideológico.
La eventual imputación de un president dimitido, el encarcelamiento de un antiguo jefe del Consell o el retorno político de una exvicepresidenta trazan un panorama de gran intensidad. No se trata solamente de fallos judiciales, sino de cronogramas, narrativas y repercusiones.
Es probable que 2026 se convierta en el ejercicio donde el sistema judicial concluya —o retome— varios de los episodios más complejos de la actualidad política valenciana. Tales decisiones tendrán repercusiones que trascenderán considerablemente el ámbito de los tribunales.
