Feijóo comparece este viernes ante la magistrada de la dana debido a los chats con Mazón.

El viernes que viene, a las 9.30 de la mañana, Alberto Núñez Feijóo testificará ante la jueza que dirige el caso penal por la coordinación de la dana del 29 de octubre de 2024. Dicha declaración se realizará por videoconferencia desde su despacho oficial en el Congreso de los Diputados. Esta imagen, excepcional para un jefe de la oposición, evidencia cómo la indagación judicial sobre el peor desastre natural de la historia contemporánea de la Comunitat Valenciana, que dejó 230 muertos, ha abandonado el plano de la gestión operativa para asentarse en el centro de la esfera política.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra decidió llamar a declarar a Feijóo tras la solicitud de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que actúa como acusación particular. El motivo es específico aunque de gran trascendencia: el líder del Partido Popular podría “dar razón de los comentarios” que el otrora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le comunicó durante el atardecer y la noche del 29 de octubre “a raíz de las conversaciones” sostenidas con la que fuera consellera de Emergencias, Salomé Pradas, actualmente imputada en el proceso. Por tanto, Feijóo no acude como una figura irrelevante, sino en calidad de testigo que manejó de primera mano datos cruciales acerca de los sucesos mientras la dana asolaba multitud de localidades y provocaba fallecimientos.

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La magistrada fundamenta su fallo en una lógica evidente: el mismo Feijóo manifestó de forma abierta que Mazón le estuvo comunicando “en tiempo real” el desarrollo de la crisis. Dicha declaración —ajustada posteriormente— es la que actualmente coloca al dirigente del PP bajo el foco jurídico de una pesquisa que busca esclarecer qué información existía, en qué momento se conoció y, primordialmente, qué medidas se tomaron o se omitieron durante los instantes críticos.

La parte central del testimonio de Feijóo se enfoca en las comunicaciones de watsap mantenidas con Mazón en el transcurso de esa velada. Inicialmente, los que le llegaron; posteriormente, asimismo los remitidos. Luego del requerimiento del juzgado, el máximo responsable del PP entregó a la magistrada un documento notarial que reproducía los textos que le hizo llegar el por aquel entonces president valenciano. Transcurridas varias jornadas, frente a los reproches del PSPV y diversas facciones de la izquierda, finalizó la entrega de pruebas con una segunda acta donde figuraban además sus propias contestaciones.

La comunicación se inicia a las 19.59 del día 29 de octubre. Feijóo redacta unas palabras después de enterarse a través de la prensa sobre la severidad del fenómeno climático. “Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad”, señala la comunicación inicial. Se trata de un escrito formal, de respaldo, que da comienzo a un diálogo que se extenderá por un periodo superior a las tres horas.

Alrededor de las 20.08, Mazón contesta con unas palabras que hoy cobran un sentido muy relevante: “Se está jodiendo cada minuto”. Se trata de la primera prueba directa de que el contexto se está descontrolando. Desde ese momento, el discurso se hace cada vez más alarmante. “Noche larga por delante”, avisa el president. Poco después, confiesa que no poseen una imagen íntegra de los hechos y que les alcanzan “decenas de desaparecidos” que no pueden corroborar.

Por su lado, Feijóo muestra interés por la cifra de fallecidos, por el alcance de los destrozos y, de manera reiterada, por la participación del Gobierno central. “¿Muertos? ¿Desaparecidos? ¿Daños cuantiosos?”, consulta en una de sus comunicaciones. En otra ocasión, desea conocer si el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contactado con la Generalitat y si está suministrando los recursos necesarios.

Alrededor de las 23.21 horas, cuando se aproximaba la medianoche, Feijóo reitera su postura: “El Gobierno, ¿os ha llamado?”. La contestación de Mazón resulta imprecisa y reprobatoria: “Más o menos, sí. Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada”. Menciona que se han comunicado con él el presidente del Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero y los titulares de Defensa e Interior, no obstante, la comunicación proyecta un sentimiento de ineficacia y confusión.

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Transcurridos dos minutos, a las 23.25, surge uno de los detalles más comprometidos de la charla: Mazón le traslada a Feijóo que ya “están apareciendo muertos en Utiel” y que “van a aparecer más”. Esta cifra es determinante puesto que el propio Mazón declaró después, durante la comisión de investigación del Congreso, que no tuvo noticia de fallecimientos hasta las cinco de la madrugada del día 30. La incoherencia entre estos testimonios representa uno de los puntos principales de la pesquisa judicial.

La comunicación final, a las 23.29, sintetiza la disposición emocional de quien era president en ese momento: “Un puto desastre va a ser esto presi”.

Dentro de las comunicaciones remitidas por Feijóo existe un detalle que tanto la magistrada como las partes acusadoras analizan minuciosamente: su énfasis en el control de la narrativa pública. Ya desde el inicio, el máximo responsable del PP sugiere a Mazón que tome las riendas de la estrategia mediática. “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”, le redacta. Al poco tiempo reitera: “Lleva la iniciativa de comunicación… Es la clave”.

Desde Génova interpretan dichas comunicaciones como una muestra de la trayectoria de Feijóo en la dirección de emergencias institucionales y como una creencia interna muy sólida: ante escenarios críticos, la comunicación transparente y continua disminuye la confusión ciudadana y protege la integridad de las personas. No obstante, para los sectores de izquierda, tales avisos demuestran un interés primordial en la narrativa política durante una etapa donde lo fundamental radicaba en poner en marcha avisos y protocolos de seguridad.

La demora en la difusión del aviso Es-Alert a los ciudadanos constituye, de hecho, el núcleo del proceso legal. La magistrada analiza si la tardanza al lanzar dicha notificación influyó de forma determinante en la alta cifra de víctimas mortales. En ese punto convergen las determinaciones de los políticos, las recomendaciones de los juristas y las incertidumbres acerca de la idoneidad jurídica de implementar acciones tales como el confinamiento.

La declaración de Feijóo ocurre en un periodo determinante para la fase de instrucción. El próximo 12 de enero, la magistrada dirigirá el careo entre la exconsellera Salomé Pradas, imputada, y José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Mazón durante la dana. La intención es confrontar testimonios divergentes sobre puntos fundamentales de la coordinación ante la emergencia.

Acció Cultural del País Valencià, que actúa como acusación popular, afirma que en el testimonio de Cuenca surgieron “graves inexactitudes” que se oponen a lo expresado públicamente por Pradas. Especialmente, la controversia sobre si Cuenca comunicó a la consellera que “no debía molestar al president” y que la totalidad de los datos debía gestionarse por su intermedio, algo que el mismo Cuenca rechazó ante la magistrada.

La resolución que dispone el careo es clara: para verificar la concordancia de los testimonios con las evidencias entregadas, resulta fundamental enfrentar directamente a la investigada y al declarante “en aspectos absolutamente esenciales de la investigación”. La jueza subraya, asimismo, que la Audiencia de Valencia ya determinó que el president de la Generalitat ostenta el mando superior y está facultado para dar órdenes a los integrantes del Consell, según dicta la normativa.

Al mismo tiempo, la magistrada planea interrogar a José Morgan, consultor de las Corts Valencianes y vigente consejero legal de la Presidencia de la Generalitat, cuya asistencia al lado de Juanfran Pérez Llorca en las sedes judiciales consolida, de acuerdo con los demandantes, la teoría de una implicación inmediata en la orientación normativa de los cargos públicos a lo largo de la emergencia.

Feijóo manifiesta en su documento judicial que se enteró de la magnitud de los hechos a través de la prensa y mediante los reportes que Mazón le iba proporcionando, sin haber obtenido detalles extra de ningún otro organismo público. Asimismo, ha rectificado ante la magistrada una declaración hecha cuarenta y ocho horas tras el desastre, en la que señaló que el president le comunicó “en tiempo real desde el lunes”, una equivocación cronológica que actualmente vincula al desconcierto de esos momentos.

En el PP recalcan que el dirigente de la formación “colabora plenamente con la Justicia” y comparan su postura con la mostrada por el Gobierno central. Por otro lado, desde la izquierda se hace hincapié en que las pesquisas tienen que concluir por completo y esclarecer cada una de las responsabilidades, tanto políticas como administrativas.

Superando la confrontación entre partidos, las palabras de Feijóo suponen un cambio de rumbo. El caso de la dana ya no constituye meramente un expediente técnico relativo a protocolos y avisos, sino una pesquisa que señala directamente a los líderes políticos y a la manera en que se coordinó —y se informó sobre— una catástrofe que se cobró 230 víctimas.

Este viernes, ante una magistrada y lejos de los focos, el dirigente del grupo mayoritario de la oposición deberá detallar qué conoció esa velada, el momento preciso y su lectura de las comunicaciones de un president sobrepasado. No constituye un procedimiento trivial. Es un componente extra en el rompecabezas de una jornada que aún extiende su oscuridad sobre la política valenciana y española.