La Generalitat niega “cualquier relación” con el escándalo de adjudicación de VPP en Alicante
Así lo ha asegurado Camarero, después de que la concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunciara ayer su dimisión
La vicepresidenta y consellera Susana Camarero
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que la Generalitat Valenciana “no tiene ninguna relación con la adjudicación de las viviendas Las Naus de Alicante”, al tratarse de una promoción de vivienda de protección pública (VPP) de carácter privado. Según ha explicado, la adjudicación corresponde exclusivamente a la promotora —en este caso, una cooperativa— y la administración autonómica se limita a verificar que los compradores cumplen los requisitos legales establecidos para acceder a este tipo de vivienda.
Camarero ha realizado estas declaraciones tras la dimisión de la concejala de Urbanismo y Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunciada después de la polémica surgida en torno al proceso de adjudicación de una promoción de VPP en la Playa de San Juan. Gómez aseguró que su renuncia responde al deseo de que la investigación pueda continuar “sin interferencias de ningún tipo”, tras haber aportado toda la documentación requerida y encontrarse, además, de baja por maternidad.
Se trata de la segunda dimisión vinculada a este caso, ya que días antes también renunció María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del consistorio alicantino, después de que trascendiera que dos de sus hijos y un sobrino figuraban entre los adjudicatarios de la misma promoción, pese a la existencia de una lista de espera de alrededor de 2.000 personas.
Desde la Conselleria de Vivienda se ha insistido en que el procedimiento de adjudicación de una VPP está claramente regulado por la normativa vigente. Existen dos tipologías diferenciadas: por un lado, la vivienda de promoción pública, integrada en el parque público de la Generalitat y gestionada por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), que se rige por el decreto 68/2023, con requisitos especialmente exigentes orientados a dar solución habitacional a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por otro, la vivienda de promoción privada, promovida por empresas o cooperativas, regulada actualmente por el decreto 180/2024, destinada a cualquier persona que cumpla las condiciones establecidas.
En este segundo caso, la administración autonómica no decide los adjudicatarios, sino que comprueba que la edificación cumple los parámetros de protección pública y que los adquirientes reúnen los requisitos de ingresos y no titularidad de otra vivienda. Este control lo realiza la Dirección Territorial de Vivienda mediante un procedimiento técnico que culmina con el visado del director territorial.
El Secretario Territorial Adjunto de Vivienda ha emitido un informe en el que se concluye que todas las personas adjudicatarias de la promoción Las Naus cumplen la totalidad de los requisitos legales. No obstante, Susana Camarero ha anunciado que, a raíz de la información conocida en los últimos días, se llevará a cabo un segundo análisis exhaustivo de todos los expedientes para verificar la veracidad de los datos aportados en su momento.
La promoción está compuesta por 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios, con zonas comunes como piscina, gimnasio y áreas deportivas, y se levanta sobre una parcela municipal adjudicada en 2022 a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de aclaración de hechos y ha asegurado que será “contundente” si se detectan irregularidades, mientras que los grupos de la oposición han anunciado iniciativas políticas y la posible intervención de la Agencia Valenciana Antifraude.