Barcala entregará a la Fiscalía la adjudicación de propiedades a personas vinculadas con el consistorio.

El regidor de Alicante, Luis Barcala, ha dispuesto la puesta en marcha de una investigación para aclarar los hechos relativos al sistema de adjudicación de una promoción de vivienda protegida en el entorno de La Condomina, en la Playa de San Juan, que se remonta a 2018. El primer edil ha ratificado que el Ayuntamiento llegará “hasta el final” y que enviará la cuestión a la Fiscalía si se halla “la menor sospecha” de anomalía en la gestión del expediente urbanístico.

Barcala ha recalcado que tomará las acciones pertinentes sin vacilar y que comunicará minuciosamente los avances y el resultado final del estudio. El proceso de investigación, bajo la dirección del secretario general del Ayuntamiento, ha solicitado ya documentación a las áreas de Urbanismo, Patrimonio y Contratación. Dentro de la información requerida se incluye el listado de los trabajadores que participaron en el trámite, sin importar su cargo o estatus laboral.

Las pesquisas se iniciaron al descubrirse que diversos individuos con nexos estrechos con el Ayuntamiento han obtenido pisos en este desarrollo de carácter público, el primero llevado a cabo en Alicante en veinte años, bajo una coyuntura definida por la profunda falta de hogares y el alza en los costes del sector inmobiliario privado.

El complejo residencial, compuesto por 134 inmuebles de tres y cuatro habitaciones, dispone de piscina, gimnasio, club social y áreas deportivas. Se construye en un terreno municipal de 8.618 metros cuadrados ubicado entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Periodista Asunción Valdés, otorgado en marzo de 2022 a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros después de un procedimiento de venta pública.

Dentro de los beneficiarios se encuentran la edil de Urbanismo desde junio de 2023, Rocío Gómez; los dos descendientes de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y un arquitecto municipal del departamento de Urbanismo, Francisco Nieto, tal como informaba hoy el periódico Información. Los inmuebles figuran en el Registro de la Propiedad con la distinción definitiva de vivienda protegida de nueva construcción.

En lo referente a la edil de Urbanismo, se trata de una propiedad de 89,39 metros cuadrados útiles en un quinto piso, adquirida de forma compartida con su pareja por una cuantía algo mayor a los 200.000 euros, con garaje y trastero incluidos. Fuentes del ayuntamiento han sostenido que Gómez no tuvo participación en el expediente y que demandó la vivienda antes de empezar su carrera en la política municipal.

Ambos descendientes de la directora general del Ayuntamiento compraron, con un intervalo de un mes, dos viviendas contiguas situadas en el octavo piso del mismo complejo. Las dos unidades disponen de plaza de parking y trastero, habiéndose formalizado por cantidades que oscilan entre 200.000 y 230.000 euros. Pérez-Hickman ha asegurado que sus hijos consiguieron los domicilios en las mismas circunstancias que los otros adjudicatarios, desmintiendo cualquier mediación en la gestión.

Asimismo, el arquitecto del ayuntamiento Francisco Nieto compró en agosto de 2025 un inmueble de 80,66 metros cuadrados por una cantidad menor a los 200.000 euros. El profesional está siendo investigado en un proceso judicial todavía abierto por supuestos ilícitos vinculados a beneficios inmobiliarios para una organización de tráfico de drogas.

El tema fue introducido por la oposición durante la sesión ordinaria de esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante. La portavoz socialista, Ana Barceló, informó que su grupo también se dirigirá a la Fiscalía y ha reclamado a Barcala el despido fulminante de la concejala de Urbanismo. El regidor detalló que ya se ha abierto un proceso informativo, bajo la supervisión del secretario general, del cual se informará a todas las formaciones. “Voy a llegar hasta el final”, afirmó el alcalde tras garantizar que trasladará el caso “personalmente” a la Fiscalía si se detecta cualquier anomalía, “sea quien sea y caiga quien caiga”.