Valencia se posiciona como la tercera comunidad autónoma que menos gasto sanitario asigna por habitante.
Sanidad Pública
La escasez de fondos económicos regionales y el desarrollo dispar de la inversión en salud justifican el lugar de la Comunitat Valenciana en la clasificación del país, situándose únicamente por encima de Madrid y Andalucía.
Hospital La Fe de Valencia
La Comunitat Valenciana se consolida como una de las comunidades autónomas que menos recursos destina a la sanidad pública por habitante en el conjunto de España. Según un artículo científico titulado El gasto en salud elaborado por Beatriz González López-Valcárcel, publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el gasto sanitario per cápita en la Comunitat, según datos del Ministerio de Sanidad, se sitúa en 1.810 euros por persona, una cifra que la coloca como la tercera autonomía con menor inversión sanitaria por habitante, solo por delante de Madrid y Andalucía.
Esta cifra es particularmente relevante al contrastarla con el promedio del país y, fundamentalmente, con las regiones que encabezan la clasificación de desembolso en salud por individuo, tales como el País Vasco, Asturias o Navarra, en las cuales la financiación excede ampliamente los 2.100 euros por cada residente. La disparidad entre las distintas zonas no es reciente, sin embargo, las estadísticas ratifican que en lugar de subsanarse, las asimetrías han persistido e incluso se han incrementado conforme han transcurrido los años.
La clasificación de la inversión en salud por habitante realizada con los datos del IVIE refleja una distribución heterogénea de la sanidad en España. En los puestos superiores se encuentran regiones como el País Vasco (2.208 euros), Asturias (2.182) o Murcia (2.134), al tiempo que en las últimas posiciones figuran Madrid (1.719), Andalucía (1.648) y la Comunitat Valenciana (1.810).
Dicha postura choca con la relevancia poblacional de la Comunitat Valenciana, la cuarta autonomía con más residentes de España, y con el desembolso global en salud, que sobrepasa los 9.500 millones de euros cada año. No obstante, la gran cantidad de habitantes aminora ese esfuerzo al calcularse por persona, el parámetro más frecuente para determinar la aptitud efectiva de los servicios médicos al asistir a su ciudadanía.
Los especialistas señalan que la inversión per cápita resulta determinante, pues manifiesta con mayor fidelidad los fondos destinados a profesionales de la salud, obras, medios técnicos o tiempos de demora. Bajo esta perspectiva, la Comunitat arranca con una inferioridad de base comparada con otras regiones.
Al contrario que regiones forales como el País Vasco o Navarra, que disponen de modelos financieros particulares, la Comunitat está sujeta al sistema ordinario, el cual no ha experimentado una actualización integral desde el año 2009. Este escenario deriva en una recaudación per cápita más baja y, por lo tanto, en una capacidad económica más limitada para potenciar la red de salud pública.
A pesar de las acciones emprendidas por las diversas administraciones regionales con el fin de elevar la partida destinada a sanidad en cifras totales, las estadísticas revelan que dicha subida resulta insuficiente para alcanzar el promedio nacional al realizar el cálculo per cápita.
Este estudio presenta un examen pormenorizado del desarrollo de la inversión en salud pública en España durante los decenios recientes. La investigadora indica que los desembolsos en sanidad han mantenido una tendencia marcadamente al alza de forma prolongada, motivada por elementos de carácter estructural tales como el incremento de la edad media poblacional, las innovaciones tecnológicas y la mayor exigencia de los ciudadanos respecto a la excelencia de los servicios médicos.
Este estudio presenta un examen pormenorizado sobre la trayectoria del desembolso sanitario público en España durante las pasadas décadas.
Sin embargo, este patrón de incremento no se ha desarrollado de forma constante. El colapso financiero que comenzó en 2008 marcó un cambio drástico, caracterizado por reducciones presupuestarias y un periodo de restricción en los desembolsos que impactó de manera dispar a las comunidades autónomas. Ciertos territorios consiguieron restablecer e incluso sobrepasar las cifras de inversión anteriores a la recesión de forma más ágil, en contraste con otros lugares, tales como la Comunitat Valenciana, que padecieron de forma más prolongada las secuelas del ajuste financiero.
De acuerdo con González López-Valcárcel, la mejoría posterior no ha logrado subsanar por completo las desigualdades regionales. Si bien el desembolso sanitario estatal se elevó de nuevo en la segunda parte de los años 2010 y tuvo un alza inusual con la emergencia de la COVID-19, las divergencias originales entre regiones permanecieron vigentes.
La crisis sanitaria provocó un crecimiento histórico de la inversión médica en cada una de las comunidades autónomas. No obstante, el estudio del IVIE y la investigación académica recalcan que dicha elevación fue de naturaleza temporal y no derivó necesariamente en una mejora permanente de la infraestructura de salud.
En lo que respecta a la Comunitat Valenciana, la inversión extra facilitó la gestión de la crisis de salud, aunque no modificó significativamente su lugar comparativo en la clasificación de inversión por habitante. Tras dejar atrás el periodo más crítico de la crisis sanitaria, el modelo sanitario retomó desafíos habituales: carencia de personal, carga de trabajo en los centros y obstáculos para acortar las demoras en la atención.
En el contexto valenciano se percibe una escasez de especialistas, saturación en los servicios y trabas en las listas de espera.
La escritora subraya que, de no existir transformaciones profundas en el financiamiento y en la distribución de medios, los incrementos aislados en el desembolso difícilmente lograrán revertir inequidades gestadas a lo largo de mucho tiempo.
El cotejo con las regiones que encabezan la inversión por individuo es revelador. En el País Vasco, por citar un caso, la superior capacidad de recaudación estatal facilita el mantenimiento de un desembolso en salud por ciudadano bastante más elevado que el promedio. Asturias, al contar con un censo de mayor edad, asigna igualmente una cuantía superior por sujeto con el fin de cubrir sus crecientes necesidades médicas.
Por el contrario, regiones con un elevado número de habitantes y una intensa carga en los servicios de salud, tales como la Comunitat Valenciana o Andalucía, aparecen de forma recurrente en los puestos inferiores de la clasificación. Dicho binomio de requerimientos elevados y una inversión reducida por ciudadano provoca dificultades añadidas en la estructura de salud pública.
Un debate abierto
Las cifras del IVIE y la investigación de González López-Valcárcel impulsan nuevamente la controversia acerca de la justicia regional dentro del sistema sanitario español. Si bien la salud constituye una competencia transferida, la Constitución fija la norma de paridad en la entrada a las prestaciones públicas esenciales.
No obstante, los hechos evidencian que la ubicación geográfica continúa determinando los medios sanitarios asignados a cada ciudadano. Bajo este escenario, el panorama de la Comunitat Valenciana se ha transformado en una muestra habitual de las carencias del sistema vigente de financiación autonómica.
Hasta que no se acometa una reestructuración que asegure fondos adecuados y equilibrados, la Comunitat continuará situándose entre las regiones con menor gasto sanitario por habitante, con las consecuencias que esto conlleva para la excelencia y viabilidad de su red de salud.