La construcción de un edificio de 100 metros en la Marina de València que genera controversia.
Ciudad
La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento planifican el 'Baluard' junto al Edificio del Reloj, mientras las asociaciones vecinales y la oposición exigen que el uso del suelo público beneficie a los ciudadanos
Foto aérea de la Marina de València
Los vecinos de Poblats Marítims de València expresan su inquietud por los planes del Ayuntamiento en la Marina, especialmente por la construcción de un rascacielos, denominado “Baluard de la Marina”, de 30 plantas, que el Consistorio anunció en diciembre pasado como destinado a uso hotelero. Este martes lo trasladaron al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, y tras esa reunión —en la que participaron representantes de Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, Malva-Rosa, Natzaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí— emitieron un comunicado conjunto, avalado por la Federació d'Associacions Veïnals de València, en el que solicitan que se respete la “necesidad de modificar”, el Plan Especial vigente de La Marina que autoriza esta obra.
“No solo el Ayuntamiento regala el patrimonio de la ciudad sino que, además, entrega su estrategia urbana”, explican desde la asociación Cabanyal-Canyamelar, curtida en las batallas vecinales con las instituciones. Sus representantes proponen que la parcela, de 7.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados, se destine a uso terciario -oficinas, aparcamientos- o dotacional, pero en ningún caso a uso primordial hotelero. En su argumentación recuerdan que esta superficie fue cedida a la ciudad para que fuese destinada a utilidad pública o interés social, y acometer las actuaciones urbanísticas para la apertura de la ciudad al mar, la integración del puerto-ciudad, y el uso abierto y común por parte de la ciudadanía de la dársena interior del puerto.
Critican que el Ayuntamiento no solo regale el patrimonio
El proyecto del “Baluard de la Marina” se presentó en diciembre de 2025 tras la reunión del órgano de cooperación interadministrativa, en el que participan el Ayuntamiento liderado por María José Catalá y la Autoridad Portuaria de Mar Chao, donde acordaron iniciar los trámites para edificar una nueva torre de 100 metros de altura destinada a uso terciario en la Marina. Asimismo, acordaron que el Ayuntamiento realizaría la limpieza física y jurídica del terreno para su posterior devolución a la Autoridad Portuaria, siguiendo el mismo modelo que se aplicó con la parcela de la antigua base del Alinghi. Posteriormente, la Autoridad Portuaria de Valencia convocaría una licitación para establecer un derecho de superficie sobre el terreno.
Otras peticiones en la Marina
La evolución de la Marina de València hacia un centro de tecnología representa una de las iniciativas principales de la administración municipal vigente, la cual resaltó nuevamente este martes al exponer su Estrategia 2026 para la València Innovation Capital. Dentro de dicho plan, la zona marítima resulta fundamental, ya que las previas instalaciones de la Copa América albergan a numerosas compañías de innovación y emprendimiento que otorgan propósito a este entorno. No obstante, los colectivos de vecinos reclamaron el martes la retirada de estas estructuras, argumentando que el Plan Especial de La Marina las define como “edificios en fuera de ordenación diferida”, por lo que exigen su supresión en vez de su rehabilitación actual. De igual modo, demandaron que se recobre la “Escalera Real”. Sostienen que esto figura en el acuerdo pactado en la Comisión de Urbanismo por todas las formaciones políticas durante el mandato anterior, tras una moción del Partido Popular presentada por Juan Giner, hoy responsable de Urbanismo. Además, solicitan que se entreguen al municipio los suelos del Puerto situados en la parcela E-04, que hoy en día se destinan a actividades deportivas exclusivas para los empleados del Puerto.
Con todo, la alcaldesa dijo entonces que supondría “una transformación en el skyline que constituirá una nueva visión de la ciudad junto con el PAI del Grao” y aseguró que estará llamado a ser uno de los principales hitos arquitectónicos de la ciudad por sus características. Ahora, las asociaciones vecinales piden a Catalá que se exprese, pues, según la Abogacía del Estado y el Informe de la Secretaría Municipal, con el plan actual para la parcela “no se cumpliría con el destino de utilidad pública o interés social que fue comprometido”.
Los vecinos que asistieron este martes a la reunión insisten en que sus solicitudes a Marí Olano implican revisar el planteamiento integral de la Marina, “cuestionamos el rascacielos porque no tiene sentido en la dársena del puerto, ese suelo tiene que ser para la ciudad y no tanto para la especulación”, según explican desde la asociación de Natzaret. El Ayuntamiento estimó en 120 millones la inversión privada prevista para este proyecto.
A las quejas de los vecinos, que han documentado “por libre” para abordar una problemática que les inquieta como entidades vecinales, se unen las de los partidos de la oposición. Pilar Bernabé, secretaria general del PSPV en València, solicitó una reunión con los vecinos para entender una cuestión llena de matices y ayer expresó su postura frente a la posición del gobierno de Catalá: “Represento exactamente lo contrario y por eso manifesté mi rechazo a este proyecto en atención a la opinión de los vecinos y vecinas del Marítim en el consejo de administración del puerto que se celebró este mismo lunes”. Argumenta que la parcela debería destinarse a ofrecer “más dotaciones ciudadanas a los barrios del Marítimo” y profundizó en la “saturación” de apartamentos turísticos ya existentes en la zona.
PSPV y Compromís califican como “mamotreto” el proyecto
También Compromís ha manifestado su respaldo a las asociaciones vecinales de Poblats Marítims mediante su portavoz, Papi Robles, quien afirmó ayer que el edificio “no responde a ninguna necesidad real de la ciudad y desdibuja por completo nuestra fachada marítima”. En su criterio, Catalá “quiere regalar el suelo a la Autoridad Portuaria” y sostiene que si PP y Vox creen que el suelo requiere desarrollo, “lo primero que debe hacer es escuchar al vecindario y respetar su voluntad”. Ambas formaciones, Compromís y PSPV, coincidieron en considerar la propuesta del Consistorio como “mamotreto”.