“Negar una cirugía a un gato comunitario por su coste o por el riesgo de morir atropellado es ilegal”: así se perpetúa el sufrimiento de las colonias felinas

Elisa ha vuelto a recoger uno de los gatos de su colonia atropellado. Hace meses que pide que se reparen las 15 farolas de las que se compone el alumbrado de la vía, de las cuales sólo funciona 1. Es una calle sin salida y las carreras son habituales… Llama a la urbana y comienza un vía crucis para saber quién recoger el cuerpo. Finalmente, tras varias llamadas en las que nadie sabe qué hacer, decide enterrarlo en el bosque, la colonia está cerca. Sabe que no es lo correcto, pero es incapaz de dejar allí al animal. 

Paradójicamente hace una semana que ese gato había sido castrado. Para tener una trazabilidad, se lo anota en el movil para actualizar el censo de su colonia, aunque sabe que la información que transmitirá al ayuntamiento no sirve de nada cuando no hay protocolos censales correctos… al volver a la colonia detecta otro gato atropellado pero vivo, se mueve con dificultad y respira mal. Lo carga en el coche y se dirige a la clínica. Sabe que nadie le abonará lo que cuesten la visita, el tratamiento, la cirugía… lo que haga falta. 

Escribe en el grupo de whatsapp la situación, donde otras gestoras le responderán, si pueden, para aportar algo de dinero para el gasto veterinario. Cientos de gatos comunitarios enfermos o atropellados se quedarían sin atención veterinaria porque “no hay presupuesto”. Mientras tanto, se destinan fondos públicos a eventos donde el maltrato animal es parte del espectáculo o a la actividad cinegética subvencionada, incluyendo granjas donde animales son criados para ser abatidos a tiros sin más. No es cuestión de dinero, sino de prioridades. Y de humanidad.

Desde Mishilovers, lo vemos cada semana: gestoras agotadas, casas llenas de gatos, personas que lo dan todo para tapar una carencia que no les corresponde. La ley 7/2023 reconoce a los gatos comunitarios como seres sintientes y obliga a las administraciones a protegerlos. Desde el 2008, un decreto legislativo ya apuntaba a esta obligación futura, cimentando las bases de lo que ahora es esta ley como realidad de obligado cumplimiento. Pero en la práctica, 17 años después, con una ley orgánica que debe ser igualada o mejorada en su aplicación municipal, la mayoría de consistorios siguen sin invertir en protocolos de bienestar, espacios de convalecencia o convenios veterinarios.

Cuando un gato comunitario requiere una cirugía superior a 500 euros, el argumento habitual es demoledor: “¿Para qué operarlo si puede morir atropellado mañana?” Esta lógica deshumanizadora de reducir a seres vivos a una estadística de riesgo nos indica el profundo menosprecio hacia estas vidas protegidas por ley. ¿Dejaríamos sin tratamiento a nuestra propia mascota con el argumento de que su esperanza de vida es corta? Seguro que no, un técnico lo reconocía no hace mucho en un ayuntamiento. Entonces, ¿por qué lo hacemos con los gatos comunitarios?

Negar atención veterinaria por posibles desenlaces fatales no solo es una trampa ética: también es ilegal. La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece la obligación de proteger a los animales comunitarios y garantizarles una atención digna. No es optativo.

Negar atención veterinaria por posibles desenlaces fatales no solo es una trampa ética: también es ilegal

Montse Casaoliva

El otro gran vacío es la falta de gateras municipales o espacios de convalecencia. Las protectoras —ya saturadas de animales domésticos abandonados— no aceptan gatos comunitarios por ley, y son las cuidadoras quienes los acogen en sus casas, asumiendo costes y responsabilidad. Pero también lo podrían hacer espacios municipales gestionados desde una lógica afectiva. Con animales en libertad y en entornos seguros para ellos.

Crear refugios, habilitar espacios vacíos o reutilizar espacios públicos con apoyo comunitario puede suponer un cambio de modelo: menos coste sanitario, más impacto social. Cada voluntaria sobrecargada, cada casa llena, es el reflejo de una falla institucional. Y sin recursos públicos ni espacios, el resultado es el sacrificio “administrativo”: eutanasiar por no pagar una clínica, por no tener sitio, por “evitarse problemas”. Esta es la cara invisible de la falta de inversión en bienestar animal de obligación legal. Un sistema ético no se sostiene sobre la caridad privada, sino sobre la corresponsabilidad pública.

Algunos técnicos municipales plantean: “Hay personas mayores que no pueden pagar la luz. ¿Cómo vamos a invertir en gatos?” Pero esta es una falsa dicotomía. Las políticas de cuidados deben ser transversales. Y además, hay una ley que protege estas vidas, pensemos la razón de su existencia y entenderemos la importancia de la fauna y nuestra convivencia con ella.

No se trata de escoger entre personas y animales. Se trata de tener un modelo público que proteja a los más vulnerables, sea cual sea su especie. Porque un ayuntamiento que abandona a sus gatos probablemente también está desatendiendo a personas con pocos recursos.

“No hay recursos” es la frase más repetida por quienes tienen competencias directas en bienestar animal. Pero, ¿qué pasa cuando en ese mismo municipio se invierten miles de euros en actividades festivas que promueven el maltrato animal y la muerte directa de seres vivos? ¿Qué pasaría si empezáramos a exigir que al menos una pequeña parte de los recursos públicos sirviera para humanizar el gasto? No para fiestas en las que se torturan animales o actividades para darles caza, sino para salvar vidas vulnerables (humanas y animales). Y en este sentido, invertir en bienestar no es sentimentalismo: es civilización y sobretodo humanidad.

Decir que no hay presupuesto para ayudar a un ser vivo herido cuando una ley obliga a auxiliarlo es mirar hacia otro lado, mientras lo curan y financian personas que cuidan de la fauna urbana. El sufrimiento invisible no se mide en cifras, pero tiene consecuencias sociales que afectan al consistorio y lo enfrentan a la ciudadanía. Porque hay una ley, porque hay dolor detrás de cada muerte, de cada enfermedad, de cada silencio administrativo.

Los gatos comunitarios no son una molestia, son responsabilidad municipal. Y la infraestructura de personal que, gratuitamente y con mucho desgaste, carga con toda la gestión, existe desde hace años: sólo es necesario verla, ayudarla y formarla para que sigan realizando esta tarea altruista con menos coste, con más apoyo, con una convivencia real. Porque ahora hay una ley que obliga a gestionar bien las colonias felinas bajo unos estándares y ninguna gestora ni gestor están obligadas a seguir haciéndolo sin apoyo.

Lo que antes era una labor completamente altruista —cuidar, alimentar, proteger— hoy se transforma en una necesidad urgente de gestión profesional. No porque se pierda el espíritu voluntario, sino porque ya no basta con el corazón: ahora necesitamos cabeza, recursos y estructura.

Si no actuamos con planificación, el problema se desborda: nacen camadas sin control, aumentan las enfermedades, se multiplican las quejas vecinales...

Montse Casaoliva

Controlar la población felina de un modo integral y no hablamos sólo del método CER no es solo una medida ética: es una cuestión de salud pública, convivencia y sostenibilidad. Si no actuamos con planificación, el problema se desborda: nacen camadas sin control, aumentan las enfermedades, se multiplican las quejas vecinales, y la sobrecarga emocional recae, como siempre, en quien está en la calle cada día. Por eso, profesionalizar no es burocratizar: es dar dignidad, respaldo y eficacia a una tarea que lleva décadas sosteniéndose en silencio y sin ayuda.

Cuidar no es opcional. Los ayuntamientos tienen competencias en materia de sanidad, convivencia y bienestar animal. Desatender a los animales supone desatender también la salud pública y la cohesión social. Muchos estudios científicos demuestran que los animales no siempre necesitan tratamientos costosos, sino entornos tranquilos, cuidados básicos y vínculos emocionales.

Cuidar a los animales va más allá de recursos económicos: también es cuestión de estar, de acompañar. Muchas gestoras y gestores descubren que su sola presencia calma a los gatos, que los vínculos que se crean a través de la rutina y el silencio son tan terapéuticos como un tratamiento médico. Es mindfulness aplicado al cuidado animal y nos recuerda que no siempre se trata de hacer más, sino de estar mejor. Respirar junto a un ser que ha sufrido y sostener su proceso de confianza es también una forma de sanación. Pero el agotamiento mental por el que pasan la mayoría de gestoras, hacen que este gesto se convierta en una lucha por conseguir la financiación legal que no obtienen y sobrevivir como pueden al sufrimiento constante y al desprecio por una labor legal.

En Mishilovers, sabemos que todas las gestoras y gestores actuamos con el corazón. Pero también sabemos que ese corazón se agota si no se pone límites. Imaginemos que cruzamos un puente y vemos un gato ahogándose en el río. Saltamos, lo salvamos. Al día siguiente, otro y cinco más. Y van aumentando… Hasta que un día también nos ahogamos.

Esa es la situación de muchas gestoras: salvando sin parar, sin descanso, sin apoyo. Por eso es tan importante construir comunidad, tejer redes, pedir ayuda. Y también aceptar que no todo puede recaer sobre una sola persona. Lo que pedimos es proporcionalidad, colaboración. Coherencia. Y cumplir la ley.

La prevención (campañas CER, convenios veterinarios, formación para gestoras, mediaciones) siempre cuesta menos que la reacción. Ser proactivas nos ayuda a mejorar esta compleja gestión de colonias, ya de por sí complicada.

Proyectos municipales que han implementado convenios planificados y monitorizados con ayuda de profesionales para capacitar a las asociaciones locales a estructurar correctamente la gestión de familias felinas y clínicas veterinarias, han demostrado que la inversión se amortiza, gracias a la reducción de incidencias. Los animales están atendidos, viven tranquilos y se monitorizan mucho mejor. Los costes de la inacción son más altos: personas que cuidan rotas por dentro, animales enfermos o muertos, denuncias en redes que dañan la reputación del municipio.

La compasión no es gastar sin medida; es saber priorizar con inteligencia. Por que hay una ley y ahora sí que es importante pensar cómo planteamos las políticas para cumplirla, con la ayuda de profesionales éticas que colaboren con las asociaciones locales o directamente con las que se sientan preparadas para actuar de forma global, ayudando a todas las colonias del municipio.

Un municipio que protege a sus animales está protegiendo también su salud colectiva, su civismo y su reputación. Desde Mishilovers proponemos una colaboración institucional real apoyada en las personas locales que cuidan colonias: presupuesto definido, protocolos, seguimiento y evaluación. Ahorro tangible con una visión global de todas las colonias del territorio

La política del bienestar animal no es sentimentalismo: es una cuestión de justicia interdependiente. Porque cada gato cuidado, cada voluntaria que descansa, cada colonia cuidada a tiempo, no son gestos aislados: son señales de una sociedad que aún sabe cuidar.