Un informe de la Unesco presentado en Barcelona propone que la comunidad internacional reconozca el estatuto y los derechos de las personas desplazadas por efecto del cambio climático, y que se creen “los marcos institucionales” para garantizar su asistencia.
El documento considera que es necesario “abordar el problema crítico” de las personas obligadas a dejar sus tierras o sus ecosistemas mediante lo que llama una “acción global urgente y coordinada”.
El argumento es que “las personas desplazadas por la fuerza se encuentran cada vez más desamparadas sin un lugar seguro al que recurrir”.
En sus conclusiones, este documento propone “crear marcos legales y asignar fondos para pérdidas y daños para apoyar la migración climática planificada y emergente”.
Afrontar las necesidades de los migrantes climáticos internos e internacionales “debe comenzar por reconocer su existencia, identificar y supervisar sistemáticamente sus movimientos y garantizar una asistencia oportuna y eficaz”, se señala.
Se estima que ya hay 80 millones de personas forzosamente desplazadas que ya viven actualmente en zonas de riesgo climático, y en 2050, debido a estas adversas condiciones climáticas, puede haber hasta 1.200 millones de personas en riesgo de desplazamiento forzoso. En España, 15 millones de personas vivirán en mitad de siglo en zonas proclives a fenómenos climáticos extremos.
Este mismo informe resalta que 2.500 millones de personas podrían estar expuestas a condiciones climáticas extremas en 2050; y de ellas, 239 millones corresponden a personas en condiciones de fuerte pobreza que vivirán con temperaturas superiores 35ºC durante más de 12 semanas ala año. Se trata de sectores “con nulas o escasas posibilidades de superar su precaria situación socioeconómica en escenarios climáticos cada vez más amenazantes”, según Rodolfo Lacy, autor principal del informe, e investigador de la Universidad Autónoma Nacional de México.
Desamparo y desafíos complejos
Por todo, ello los expertos de la Unesco juzgan necesario “el establecimiento de marcos institucionales y gubernamentales sólidos que fortalezcan los sistemas nacionales de protección climática y de derechos humanos, a la vez que estén estrechamente integrados y reforzados por mecanismos internacionales”.
Estos marcos “deben diseñarse para brindar un apoyo integral a los migrantes climáticos, quienes se enfrentarán cada vez más a desafíos complejos y multifacéticos, y con el fin de garantizar su dignidad, sus derechos y su resiliencia ante las crecientes presiones ambientales”.
“Los devastadores impactos del cambio climático no solo destruyen sus países de origen, sino que también ponen en peligro la seguridad y la viabilidad de sus posibles destinos”, se indica.
El documento -titulado ¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático-, elaborado conjuntamente con la Fundación ”la Caixa”, se ha presentado en el Palau Macaya.
El estudio propone integrar la equidad, la justicia social y los derechos humanos en las políticas climáticas para garantizar una transición justa e inclusiva.
Niños somalíes recogen agua de un charco tras la lluvia en un campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, en una foto de archivo
Políticas de adaptación
Los expertos que han elaborado el estudio resaltan que las políticas de adaptación frente al cambio climático deben incluir estrategias para reducir el riesgo de desplazamiento, incluyendo la inversión en infraestructura resiliente, agricultura sostenible y preparación ante desastres en regiones vulnerables.
Pero en los casos en que ese desplazamiento se produzca, “la comunidad internacional debe trabajar para reconocer y proteger los derechos de las personas desplazadas por el clima, garantizando que reciban el apoyo y los recursos necesarios para reconstruir sus vidas”.
El argumento es que a medida que el cambio climático continúa desarrollándose, será más perentorio abordar las dimensiones ambientales y humanas de esta crisis global.
Ausencia de amparo legal
En el derecho internacional, el término “refugiado climático” no está reconocido, lo que comporta la ausencia de amparo legal para estas personas en el marco jurídico global.
El resultado es que las comunidades desplazadas por el cambio climático se ven privadas de las protecciones legales que normalmente protegerían sus derechos humanos en otro contexto.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define a un refugiado como “toda persona que no puede o no quiere regresar a su país de origen debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”.
Las personas desplazadas por el cambio climático no encajan en esta definición y no pueden ser acogidos por esta protección de la convención, ya que los riesgos ambientales no constituyen persecución. “En consecuencia, los derechos humanos de estas comunidades se ven gravemente amenazados y se les deja en situación cada vez más vulnerables”, se señala-
Concepto por desarrollar
El término “refugiado climático” fue introducido y desarrollado por primera vez por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1985, gracias al trabajo del investigador Essam El-Hinnawi.
Este definió a los refugiados ambientales como “aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su hábitat tradicional, temporal o permanentemente, debido a una marcada perturbación ambiental”.
Sin embargo, esta definición carece de claridad para distinguir el desplazamiento inducido por el cambio climático de otras formas de migración.
Estas ambigüedades legales han generado importantes críticas, en particular en relación con la utilidad de la definición en el marco del derecho internacional. “Esta amplitud de la definición no define claramente qué constituye un efecto del cambio climático. No especifica si la perturbación debe ser repentina o gradual, si el desplazamiento debe producirse debido a condiciones inhabitables o si la migración voluntaria en respuesta al cambio climático se incluye en esta categoría, incluso cuando las personas involucradas no se encuentran en peligro inmediato”, dice el informe.
Además, se omiten aspectos cruciales como si el desplazamiento debe producirse dentro o fuera de las fronteras nacionales, lo que dificulta la formulación de una definición jurídica con reconocimiento mundial para esta categoría emergente de poblaciones desplazadas.
El 65 % de las personas que residen en zonas de alta vulnerabilidad a los riesgos climáticos viven en países con conflictos
El cambio climático pone cada vez más en peligro los medios de vida, y obliga a las personas a migrar a medida que sus entornos de origen se vuelven peligrosos o inhabitables.
En su último informe presentado en la conferencia del clima de Bakú, ACNUR estimó que, durante la última década, casi 60.000 personas al día fueron desplazadas por la fuerza a nivel mundial debido a desastres relacionados con el clima.
El 65 % de las personas que residen en zonas de alta o extrema vulnerabilidad a los riesgos climáticos residen en países donde seguían enfrentándose a un riesgo significativo a conflictos en curso, lo que pone de relieve la compleja interacción entre los riesgos climáticos y la inseguridad.
“Se prevé que estas cifras aumenten a medida que se intensifiquen los impactos climáticos, y afecten de forma desproporcionada a las comunidades marginadas y empobrecidas, que son las menos preparadas para adaptarse”.
Las cifras del problema
- 3.600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables a los efectos del cambio climático.
- 2.500 millones de personas podrían estar expuestas a un calor extremo en 2050, de las cuales 239 millones en condiciones de extrema pobreza y con temperaturas superiores a 35 °C durante más de 12 semanas al año.
- Hay 80 millones de personas forzosamente desplazadas que ya viven actualmente en zonas de riesgo climático, y en 2070 puede haber hasta 2.100 millones de personas más en riesgo de desplazamiento forzoso.
- Las mujeres, los pueblos indígenas, los niños y los trabajadores irregulares sufren un riesgo más elevado, y 1.400 millones de mujeres se verán directamente afectadas entre 2040 y 2060.
- 325 millones de trabajadores de los sectores manufacturero, minero y energético, incluyendo 108 millones de mujeres y 106 millones de personas mayores de 45 años, están en riesgo a consecuencia de la transición hacia un sistema de producción más limpia.
- El patrimonio cultural está cada vez más amenazado: se prevé que 238 de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se enfrentarán a graves peligros relacionados con el cambio climático en las próximas décadas, pese a que ninguno de ellos está clasificado como en situación de peligro
Profundas desigualdades
El informe de la Unesco pretende poner de relieve y abordar las profundas desigualdades sociales y económicas que se han agravado con el cambio climático y que se han introducido en las actuales políticas climáticas. Entre las medidas propuestas, se insta a aumentar la financiación climática anual a 1,3 billones de dólares de aquí al año 2035, con especial atención al sur global.
El informe ha creado un índice de vulnerabilidad social a los impactos climáticos físicos, desarrollado utilizando datos del PNUD, la Unesco y el Banco Mundial. Este índice evalúa la capacidad de cada país para hacer frente a los riesgos relacionados con el cambio climático a partir de cinco dimensiones básicas: salud, riqueza, desigualdad de género, ruralidad y tasa de dependencia de la población mayor.
Los resultados indican que existen desigualdades significativas en cuanto a la exposición a los riesgos climáticos y a la capacidad de adaptación, sobre todo entre las mujeres, los niños, los indígenas, los grupos marginados y de renta baja.
El autor principal del informe, Rodolfo Lacy, señala que “a pesar de los considerables esfuerzos que se están realizando a escala mundial, el calentamiento global continúa acelerándose y, además, algunas políticas de mitigación están generando sinergias negativas complejas e imprevistas que requieren atención internacional urgentemente”.
“Si la equidad y la justicia no se sitúan en el centro de las agendas climáticas -añade-, se corre el grave riesgo de agudizar las desigualdades actuales, socavar la estabilidad global y dificultar el objetivo compartido del desarrollo sostenible. El imperativo de una acción climática inclusiva y equitativa nunca había sido más apremiante”.
Evitar que las políticas climáticas sean aprovechadas por la ultraderecha
Mientras tanto, la percepción de que las políticas climáticas son injustas está provocando malestar social, como atestiguan el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, las huelgas de agricultores en Alemania o las protestas por las ayudas a los combustibles en Ecuador y Kenia.
La oposición pública está retardando o revirtiendo las medidas climáticas, en especial cuando las transiciones energéticas afectan de una manera desproporcionada a los grupos de población de renta más baja. Por eso, Lacy juzga necesaria fomentar las políticas de capacitación para los nuevos empleos y fomentar políticas para garantizar una transición justa.
En este sentido, el director de Políticas Sociales de la Unesco, Gustavo Merino, explicó que el estudio propone integrar la equidad, la justicia social y los derechos humanos en las políticas climáticas para garantizar una transición “justa e inclusiva”.
El 10 % de los países más ricos son responsables de casi el 50 % de las emisiones globales
“Los primeros efectos del cambio climático global afectan de una manera desproporcionada a países y comunidades que apenas han contribuido a la crisis, pero son extremadamente vulnerables a sus efectos”, ha indicado Merino.
Según el estudio, el 10 % de los países más ricos son responsables de casi el 50 % de las emisiones globales, mientras que los países más vulnerables (Chad, Sudán del Sur, Níger, República Centroafricana y Somalia) se enfrentan a complejas crisis de pobreza, falta de infraestructuras y estrés climático.
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Las propuestas
• Aumentar la financiación climática anual a 1,3 billones de dólares de aquí al año 2035, con especial atención al sur global.
• Ampliar la protección social para ayudar a los grupos de población vulnerables durante la transición verde.
• Poner en marcha programas de reciclaje a gran escala para los trabajadores de los sectores con altas emisiones de carbono.
• Invertir los ingresos procedentes de los mercados de carbono y de las ecotasas en las comunidades desfavorecidas.
• Acelerar la transferencia de tecnología limpia mediante iniciativas de cooperación globales.
• Aplicar una perspectiva que priorice a la población en situación de vulnerabilidad en todas las estrategias de financiación y adaptación climática.
