Patos lanzados por los aires, pateados, tirados aún vivos, o medio vivos, a la basura, golpeados contra la pared… Las imágenes que ha conseguido la organización ambiental ARDE en una granja avícola portuguesa han servido como prueba para poner en conocimiento de las autoridades que se están vulnerando tanto el Código Penal nacional como la normativa europea sobre el trato animal. “Los manejan como basura y luego aquí importamos esa carne, que se consume en restaurantes chinos”, señalan.
La investigación tuvo lugar en julio de este año, cuando un informante de ARDE logró entrar en las instalaciones de la empresa Marinhave S.A., en Santo Estevâo, y grabar en directo imágenes del trato que se daba a estas aves con una cámara oculta. En el interior de la granja, se observa cómo los operarios propinan patadas a los patos, les agarran del cuello e incluso a algunos les lanzan por los aires. “Pude ver cómo un trabajador tiraba a las aves a un camión, donde otros las introducían en cajas, aplastándoles las alas. Algunas se caían al suelo. Otros empleados los echaban contra las paredes y se quedaban convulsionando o inconscientes en el suelo. Son imágenes terribles, que vulneran las normas de la UE sobre bienestar animal”, señala a La Vanguardia la persona que grabó los vídeos.
Una de las macrogranjas más grandes de la Península
Trabajadores de la granja de patos portuguesa captados mientras patean a los patos en las instalaciones.
La empresa Marinhave asegura tener capacidad para incubar hasta 340.000 huevos en los 70.000 metros cuadrados de sus 12 naves de incubación. También tiene 39 naves de engorde, con capacidad para criar 270.000 ejemplares. Destaca en su página web la calidad de sus productos de pato, de los que un 30% se exportan. Si las cifras son ciertas, sería la más grande de la Península Ibérica y posiblemente de Europa, según ARDE. La información oficial de Marinhave indica que en su matadero sacrifican unos 9.000 patos al día, pero pueden llegar a los 20.000. España es uno de sus mercados a través de supermercados asiáticos, dado que es una carne muy apreciada en esta cocina.
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En el pasado, esta granja bautizada Quinta da Marinha, situada a unos 50 kilómetros de Lisboa, ya había sido objeto de críticas en la zona por la pestilencia de los olores que desprende. También por la falta de higiene apreciable a simple vista, con fluidos y sangre procedentes de ese lugar, lo que indicaría un mal tratamiento de los residuos. Aun así, desde 2022 tiene el certificado BRC Global Standard for Food Safety (ahora BRCGS Food Safety), una norma internacional para la seguridad, integridad, legalidad y calidad de los alimentos en toda la cadena de suministro.
ARDE también ha documentado que a los patos enfermos o heridos no se les proporciona atención veterinaria, pese a presentar visibles problemas locomotores, heridas y señales de picoteos. Han grabado cómo cientos de crías con escasas horas se depositan en bidones unas sobre otras, donde pían entre cáscaras de huevo y otras ya muertas o en descomposición. Para Silvia Gimeno, veterinaria colegiada, se trata de “prácticas de maltrato intencionado por parte del personal y métodos de sacrificio ilegales”. Ella ha sido la responsable del informe técnico que acompaña a la denuncia.
(...) las introducían en cajas, aplastándoles las alas (...) los echaban contra las paredes y se quedaban convulsionando o inconscientes
Julia Elizalde, portavoz de ARDE, destaca la violencia: “Tratan a los animales en un ambiente insalubre, con mucha brutalidad. Hemos documentado que para ellos son como basura, vulnerando todas las normativas vigentes en España, lo que no impide que esos productos se estén exportando a nuestro país y se vendan en supermercados en los que suelen comprar los restaurantes chinos”, señala.
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La organización ha enviado las pruebas al Servicio de Protección de la Naturaleza y a la fiscalía del país vecino al considerar que son presuntos delitos de maltrato y abandono animal según el Código Penal luso. Si bien mencionan artículos que se refieren a animales de compañía, no de granja, aducen que hay jurisprudencia sobre la responsabilidad penal cuando se causa sufrimiento intencionado e injustificado a animales vertebrados.
También aluden a las presuntas infracciones administrativas de la Directiva 98/58/CE, que establece las normas generales para el bienestar de los animales de granja en la Unión Europea desde 1998, así como de reglamentos comunitarios más recientes sobre la gestión de los cadáveres y la bioseguridad. “Exigimos el cierre inmediato de estas instalaciones y la exclusión de la empresa para optar a ayudas de fondos europeos, ya que ha recibido 1,8 millones de euros entre 2016 y 2022 del presupuesto de la Política Agraria Común. Además, no son casos aislados, este es un ejemplo de lo que ocurre en muchas macrogranjas”, indica Elizalde.
La granja investigada no solo vende la carne a distribuidores asiáticos en España, sino que también comercializa las plumas para su uso en la fabricación de chaquetas o colchas para la industria textil. “Hoy se trata a los animales como máquinas en una fábrica, no como seres que sienten, que es lo que son, así que pedimos al Gobierno y los supermercados acciones urgentes para poner fin a las granjas de los horrores”, concluye la portavoz de ARDE.
Esta organización ha lanzado precisamente una campaña con el lema “Stop granjas de los horrores” para reclamar al Gobierno que actúe contra el hacinamiento de los animales en todo el país y también para que se prohiba en la publicidad “el uso de imágenes de los animales que no se corresponde con la realidad de muchas de las explotaciones ganaderas”.
