Los conflictos ocasionados por la proliferación de macrogranjas, sobre todo de porcino, acaban cada vez con más frecuencia en los tribunales. La reciente sentencia por uno de estos agronegocios en Galicia, con una condena a dos administraciones (la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) por permitir la contaminación de un embalse, ha sido “un hito” para quienes pelean en sus pueblos contra los impactos ambientales que generan. Tanto por consumo de agua como por los purines.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sido pionero al condenar a las dos administraciones por permitir que se vulnere el derecho fundamental a la salud al contaminar el agua del embalse de As Conchas. El alto tribunal gallego entiende que la vulneración está provocada por la “inactividad” de ambas Administraciones públicas que, “pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no fueron capaces de poner remedio alguno”. De esta forma, condena a la Xunta y a la CHMS a adoptar “inmediatamente” cuantas medidas sean necesarias para que “cesen los olores y la degradación ambiental” del embalse de As Conchas y su entorno y devolverles “el pleno disfrute de los derechos fundamentales” que reclaman los denunciantes. Ambas instituciones ya han anunciado que apelarán.
En España hay 3.963 granjas intensivas, el 16% de todas las de Europa
Vista general de un depósito de agua contaminada en Lobeira, España, 9 de junio de 2025
La demanda fue presentada presentada en marzo de este año por la asociación local de vecinos del pueblo de As Conchas, en el municipio de Lobeira (Ourense), y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a siete ciudadanos particulares. Pero en otros territorios se denuncian las muchas trabas que encuentran para poner coto a estas industrias. Con 3.963 granjas intensivas, España tiene el 16% de todas las de Europa, según una investigación periodística reciente de medios europeos, en la que ha participado Carro de Combate, un colectivo de investigación periodística centrado en el consumo. Nuestro país es también el mayor productor de carne de cerdo continental y el tercero del mundo.
Los últimos datos oficiales indican que entre 2022 y 2023 había aumentado un 50% (de 175 a 257) el número de municipios españoles sin agua potable por exceso de nitratos. Son residuos procedentes de abonos agrícolas y de la ganadería intensiva, incluidos los 34 millones de cerdos que se crían. Se contaminan embalses y ríos y, según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), también el 44% de los acuíferos están en mal estado. “Esa sentencia gallega es importante porque reconoce la relación entre ese impacto y la salud pública. Hasta ahora, las denuncias se basaban en exceso de nitratos y se decía que era difícil saber el origen. Ahora hay un precedente. De hecho, nos están llamando de comunidades de toda Europa para replicarlo. En los análisis del agua encontramos de todo: nitratos, metales pesado, arsénico, bacterias resistentes a antibióticos... Pero fue un éxito de los vecinos seguir adelante”, señala la abogada Victoria Hormigos.
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Nacho Escartín, de Ecologistas en Acción, apunta que lo primero es hacer alegaciones a los proyectos. Él dedica muchas horas en estos trámites porque desde los municipios piden apoyo técnico cuando quieren frenar alguno. Nieves Noval, abogada de Client Earth, oenegé europea que apoyó el caso As Conchas, reconoce que eligieron apoyarlo porque no iba contra una empresa, sino que se podía aludir a un derecho fundamental, como es la salud, y eso era abrir una posible puerta nueva”, apunta.
Pero son muchas las macrogranjas que acaban en la justicia, unas denunciadas por los de los pueblos y otras porque las empresas se defienden. Entre las primeras, la ampliación de una macrogranja para 7.000 cerdos y la construcción de otras dos en Priego (Cuenca), un lugar cuya orografía, según la asociación Pueblos Vivos, favorece las filtraciones a los ríos y al acuífero. En total, serían 20.000 gorrinos en un municipio de 1.000 habitantes. La movilización, junto a otras de la plataforma nacional Stop Ganadería Industrial, hizo que el gobierno de Castilla-La Mancha dictara una moratoria de dos años para macrogranjas. El plazo acabó en enero y hasta mayo, de los 64 proyectos parados, 21 ya habían pedido ser reiniciados, según señaló la consejera manchega de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.
El problema de estos pueblos pequeños es que no tenemos fondos para temas jurídicos (...) Es muy difícil frenarlos, de momento los hemos ido retrasando
“Como el Ayuntamiento de Priego negó el permiso al empresario que quería una ampliación, éste lo denunció a los tribunales. También intentamos tener una ordenanza municipal que prohibiera esparcir purines por el campo, pero la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) lo denunció y el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha nos anuló la norma diciendo que se impedía expandir el negocio. El problema de estos pueblos pequeños es que no tenemos fondos para temas jurídicos ni para hacer un Plan General de Ordenación Municipal donde acotar estos proyectos. Es muy difícil frenarlos, aunque de momento los hemos ido retrasando”, señala una portavoz, que prefiere mantener el anonimato.
Más costosa fue la movilización en Loporzano (Huesca), en la sierra de Guara, donde se ha querido ampliar una macrogranja porcina y construir otra nueva, en una zona muy turística. La Plataforma Loporzano sin Ganadería Intensiva logró impedirlo en primera instancia judicial, aunque el caso acabó recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El TSJA condenó a la plataforma de vecinos a pagar unos 60.000 euros a la empresa por ‘lucro cesante’ al frenar su puesta en marcha, explica su portavoz, María José Pueyo. “Pero es que la explotación no se construyó y ni siquiera tenía concesión de agua. Luego el Supremo no admitió nuestro recurso, así que los pagamos, pero hemos salvado nuestro territorio y nuestra calidad de vida. Ahora en Loporzano crece la población mientras que en pueblo de al lado, con macrogranja, se venden las casas”, asegura. Y un dato más: de las 4.306 explotaciones porcinas aragonesas, el 51% está en Huesca.
Es mejor parar los proyectos antes de llegar a la justicia, pero no siempre es fácil si el ayuntamiento no está por la labor, e incluso así
Y es que el proceso es largo y complejo. Primero hay que pasar el trámite administrativo, que incluye las alegaciones, lo que suele durar entre año y año y medio. Luego, viene el paso judicial. “Ahí muchas movilizaciones locales se acaban porque supone un coste, muchos esperan que las oenegés y los abogados lo asuman, pero no podemos llegar a todo. Deberían considerarlo una inversión y apostar por ello”, reconoce la letrada Hormigos.
En Retamoso de la Jara (Toledo) llegaron a hacer un crowdfunding para conseguir dinero y parar una macrogranja de 7.200 cerdos, a 1,6 kilómetros del núcleo urbano. Ya habían logrado frenar otra de 10.000. La nueva consumiría cinco veces más agua que todos los habitantes del municipio, donde ya han tenido que dejar de beber del grifo por contaminación. De momento, está recurrida. “Es mejor parar los proyectos antes de llegar a la justicia, pero no siempre es fácil si el ayuntamiento no está por la labor, o incluso así. Con una plataforma local se avanza porque es clave empezar en los inicios”, señala Escartín, de Ecologistas.
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Aunque es imposible saber cuántos proyectos hay, de los que más preocupan en Stop Ganadería Industrial son las 25 macrogranjas que la empresa Litera Meat, el grupo italiano Pini, quiere instalar al sur de Aragón, dos en zonas de especial protección de aves (ZEPA). Creen que serían para suministrar animales al mayor matadero aragonés, instalado en Binéfar, de la misma empresa. “En total, han presentado ya siete u ocho. En Alcañiz la hemos denunciado porque han empezado las obras antes de tener los permisos. El impacto en el agua de tantas juntas puede ser impresionante”, señala Escartín. Los ecologistas calculan que unos 800 millones de litros al año. En mayo, el gobierno aragonés eliminó la prohibición de que al menos hubiera un kilómetro entre una y otra macrogranja y se eliminó el límite al número de cerdos por cada una que había: ya pueden ser hasta 7.200, el máximo estatal.
Blanca Ruibal, de Amigas de la Tierra, organización implicada en el caso de As Conchas y otros muchos desde hace décadas, se pregunta: “¿Qué pasará cuando explote la burbuja y China deje de importar carne de cerdo porque la tendrán allí más barata? Los de aquí se quedarán con una gran deuda y habrá que compensarles los daños. Ahora, parece que no encuentran otra salida: acuerdos con grandes empresas a las que les ponen la nave y ellas se encargan de llevarles los cerdos a cebar y los piensos, y luego se los pagan, pero eso no tiene futuro”.
Qué pasará cuando explote la burbuja y China deje de importar carne de cerdo porque la tendrán allí más barata?
Vista aérea de un depósito de agua contaminada por microorganismos nocivos y sustancias químicas en Lobeira, provincia de Ourense
Otro abogado experto en estas lides, Jaime Dorestes, denuncia cómo se burla la normativa actual, según la cual las granjas con más de 2.000 cabezas deben tener una autorización ambiental integrada si son animales de más de 30 kilos: “A menudo ponen que son 1.999 para obviar el trámite, pero luego amplían. Además, van a la España más vacía y abren muchas concentradas y muy cercanas. No se controla la capacidad de carga de animales por territorio y eso es un destrozo ambiental”, acusa.
Aunque no siempre, a veces ayuda que haya especies protegidas. Así ha pasado con una futura explotación para 6.999 cabezas de porcino en Monteagudo de las Vicarias (Soria). Tras la demanda de SEO/Birdlife porque afectaba a una ZEPA con 26 especies de aves protegidas, el Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la autorización ambiental que dió la Junta y obliga a iniciar los trámites de nuevo, “un importante precedente para macrograjas en zonas protegidas”, en palabras de los conservacionistas.
Sin embargo, este argumento no ha servido en Fuentemolinos (Burgos), donde el mismo TSJCyL ha obligado al Ayuntamiento a autorizar una macrogranja que no quiere el pueblo, pese a que hay especies protegidas. Según los magistrados, no es óbice para la construcción y bastará con que el empresario obtenga luego “una comunicación ambiental”. “No sabemos qué camino siguen los tribunales; en unas sentencias dicen que sí hay especies protegidas es necesario un informe de impacto ambiental y aquí no”, se lamentaba el alcalde al conocerse el fallo. Además, en este caso la Confederación Hidrográfica del Duero había dicho que habría daños en los acuíferos por estar una zona de captación. Para poner ‘palos en las ruedas’ al negocio, el municipio ha prohibido recientemente el paso de camiones con lodos y animales por el pueblo, el único camino de salida.
Las oenegés apuntan a la Administración
Mientras esto pasa en España, en países como Dinamarca empiezan a limitar la producción de ganadería intensiva. De ahí que en las oenegés se vea una gran victoria en la moratoria que dicta el fallo gallego a nuevas explotaciones por saturación, si bien habrá que esperar a ver si el Supremo admite las apelaciones presentadas. Si hay jurisprudencia, señalan los abogados, se ayudaría a otras comunidades con muchas granjas en Aragón, las dos Castillas o Murcia. “También hay muchas en Catalunya, pero es que ya se llenó en la primera oleada de hace 30 años y ahora están más parados porque el negocio se extiende a otras comunidades, aunque a veces hay quejas”, apunta Blanca Rubial.
Desde Stop Ganadería Industrial, que aglutina decenas de movimientos por toda la geografía nacional, Antonio Jorge responsabiliza a las administraciones por no proteger ni el medio ambiente ni a los ciudadanos. “Ya en 2013 el CSIC alertó de los problemas que causaban y no se ha hecho nada. En Torrejoncillo del Rey (Cuenca) nos quedamos sin agua potable por una y luego querían poner otra, que paramos en los tribunales; en Salmeroncillos de Abajo llevan dos años sin suministro porque una balsa de purines está a 150 metros de su captación de agua. Se puso una sanción a la macrogranja y sigue funcionando, aunque con menos cerdos. Y así por casi todo el mapa de España. Eso da idea de lo difícil que lo tenemos y lo importante que es tener precedentes jurídicos a los que agarrarnos”, concluye el representante de la plataforma.
