Los presidentes Pedro Sánchez y Salvador Illa están obligados a demostrar que la sintonía ideológica entre sus respectivos gobiernos se traduce en una nueva etapa de colaboración institucional capaz de reducir el creciente déficit de infraestructuras que sufre Catalunya. Este sería un gran logro político que acabaría con la insuficiencia histórica de inversiones en el territorio catalán y pondría fin, además, al argumento de que “Madrid nos roba” que tanto pesa en la desafección ciudadana a las instituciones del Estado.
El déficit de infraestructuras que arrastra Catalunya, acumulado en los últimos quince años, se eleva a 42.000 millones de euros, según ha recordado esta semana la patronal catalana Foment del Treball. Se trata de una cifra enorme, que crece cada año y perjudica la competitividad de las empresas y el bienestar de los ciudadanos. Equilibrar esta importante brecha inversora requerirá tiempo y una contundente determinación política. El problema es grave porque los niveles de inversión pública en Catalunya se encuentran muy por debajo de la media de las regiones europeas equiparables.
En varias ocasiones la patronal catalana ha propuesto que se articule un gran pacto entre todas las fuerzas políticas para la ejecución de un plan plurianual de infraestructuras que permita reducir progresivamente el millonario déficit acumulado. En esta ocasión plantea que se establezca una inversión complementaria anual –por determinar– en los presupuestos durante los próximos ejercicios. Esta es una propuesta pragmática y realista que puede llevarse perfectamente a la práctica si existiera la necesaria voluntad política de unos y otros.
Sánchez e Illa deben articular soluciones para reducir la brecha inversora que sufre Catalunya
La voluntad política y los pactos, aunque son fundamentales, no bastan para resolver el problema. Se da la paradoja de que muchos de los proyectos que no se realizan están debidamente presupuestados y aprobados por los respectivos gobiernos. Es decir, que falla también la ejecución presupuestaria de las infraestructuras programadas, en unos porcentajes que se encuentran entre los más elevados de España. Baste señalar que el promedio de los últimos años es que se queda sin ejecutar anualmente un 30% de toda la inversión presupuestada, tanto en los presupuestos del Estado como en los de la Generalitat. Como mal menor todo el dinero que se quedase sin ejecutar debería transferirse a un fondo de financiación para futuras infraestructuras. Es urgente, en cualquier caso, analizar las causas de esa ineficacia en la gestión pública que se produce en Catalunya y buscarle una solución. Probablemente esas causas tienen que ver con la capacidad de gestión, con la complejidad del territorio y con la elevada fragmentación política que dificulta la toma de decisiones.
La patronal Foment del Treball y la Cambra de Contractistes de Catalunya coinciden en la lista de las principales infraestructuras que habría que acometer con la máxima prioridad. Entre ellas destacan las que afectan a la mejora de la movilidad ferroviaria, como el plan de Rodalies; la nueva estación de la Sagrera, o la finalización de las líneas L9 y L10 del metro, así como la conexión del Trambaix y el Trambesòs por la Diagonal. A ello se suma la necesidad de acabar el corredor mediterráneo y la construcción de los nuevos accesos al puerto de Barcelona.
La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat es fundamental, como lo es igualmente el plan de cuarenta actuaciones para mejorar la AP-7 y la AP-2. Tanto el transporte aéreo como el viario corren el riesgo de colapso. En este sentido, también sería clave desarrollar la estación intermodal de Lleida y la plataforma logística en Vilamalla (Girona). Todo ello sin olvidar el plan de construcción de las desaladoras necesarias para hacer frente a futuras sequías.
No solo hay que presupuestar más inversiones, sino gestionar mejor la obra pública
Ante la urgencia de las infraestructuras citadas, entre otras muchas, es fundamental que el Gobierno central y la Generalitat, así como el conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales, analicen el atasco inversor, ofrezcan soluciones creíbles y asuman compromisos frente a los ciudadanos. Ante la complejidad política y administrativa de Catalunya, lo adecuado probablemente sería el establecimiento de un comisariado o de una institución independiente, con amplios poderes y con el consenso de los grandes partidos, para impulsar y controlar la ejecución y desarrollo de las infraestructuras pendientes. Una economía y una sociedad tan dinámica como la catalana que, junto con Madrid, es la locomotora económica del Estado, no puede ver frenado su progreso por la insuficiente movilización del capital público en infraestructuras clave para su desarrollo.