Cada vez que llena el depósito de su yate Eclipse (botado en el 2010, con 162,5 metros de eslora y un coste de 700 millones de euros), el oligarca ruso Román Abramóvich debe pagar al gasolinero entre 1,5 y 2 millones. En el depósito de esta embarcación caben un millón de litros de combustible, que le brindan una autonomía de 6.000 millas náuticas a una velocidad de 21 nudos, suficiente para ir desde la base de Bodrum, en Turquía, hasta las soleadas costas caribeñas de Saint Barth, destino predilecto.
Estos datos son conocidos de antiguo. También lo es que la flota de Abramóvich consta al menos de otros cuatro grandes yates, aviones (un Boeing, un Gulfstream Jet, etcétera), helicópteros y una formidable colección de coches deportivos. O que el mantenimiento de un gran yate supone al año un 10% de su precio de venta, sin contar tripulación (70 personas en el Eclipse ), carburante, impuestos...
Lo que se ha sabido más recientemente es que la flota de Abramóvich está registrada como una compañía de alquiler de barcos, pese a su disfrute particular, lo que le ha permitido eludir la tributación, incluida la relativa al combustible: solo esta hubiera reportado al fisco de 300.000 a 400.000 euros cada vez que el capitán le dice al gasolinero: “Lleno, por favor”. Ya está feo que Abramóvich se enriqueciera con la cleptocracia de Putin. Y más lo es que, derrochando tanto dinero en lo suyo, time al fisco de los países donde opera.
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La campaña “Tax the rich”, que se proponía combatir la desigualdad gravando a los más ricos, se cerró en octubre tras recoger 350.000 firmas en Europa (29.000 en España). Hacía falta un millón para consolidar una iniciativa ciudadana y forzar a la Comisión Europea a asumir una política impositiva mejor orientada. Habrá, pues, que esperar a que aumente la conciencia social o, en su defecto, los fraudes de ciertos ultrarricos. Porque algunas propuestas para el nuevo impuesto –recaudar el 2% de los patrimonios de más de 4,6 millones de euros– quizás generen algún reparo. Pero otras –el 5% de los patrimonios de más de 913 millones– podrían conseguir apoyos. En especial, cuando sus dueños son defraudadores contumaces.